El golpe judicial al BBVA llega en plena opa sobre el Banco Sabadell

El éxito o el fracaso de la operación no está condicionado a una posible citación ante el juez

Sede de BBVA en Madrid, en una imagen de archivo.PABLO MONGE

El BBVA está a un paso de sentarse en el banquillo en plena opa sobre el Banco Sabadell. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a la entidad por la contratación durante más de diez años de Cenyt, la empresa del comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo, por lo que el banco podría sentarse frente a un tribunal justo cuando se encuentra inmerso en la operación para hacerse con el Sabadell y,...

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El BBVA está a un paso de sentarse en el banquillo en plena opa sobre el Banco Sabadell. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a la entidad por la contratación durante más de diez años de Cenyt, la empresa del comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo, por lo que el banco podría sentarse frente a un tribunal justo cuando se encuentra inmerso en la operación para hacerse con el Sabadell y, posteriormente, integrarlo.

Esta posibilidad ya pesaba sobre el BBVA cuando lanzó la opa y, según explican las fuentes financieras consultadas, no afectará al éxito o fracaso de la operación. De hecho, en los informes que han publicado los analistas que siguen habitualmente el valor, no ha habido ninguna mención al hecho de que el banco pudiera sentarse en el banquillo como un aspecto relevante a la hora de considerar las bondades o los puntos en contra a tener en cuenta por parte de los accionistas, que serán quienes validen o no la oferta. Desde el Sabadell, a pesar del enérgico rechazo a la operación por parte de la cúpula directiva, tampoco se ha hecho referencia a esta situación en ningún momento.

Pero en cualquier caso, el flanco judicial mete más presión al banco en un momento que el que gestiona una operación compleja por el nivel de autorizaciones que debe recibir y que podría tardar un año en resolverse. El próximo 5 de julio tendrá su primera prueba de fuego. Los accionistas del BBVA deben aprobar en junta extraordinaria la ampliación de capital que acometerá el banco para entregar las nuevas acciones a los inversores del Sabadell. La oferta que propone la entidad es un intercambio de acciones: un título del BBVA por cada 4,83 acciones del Sabadell.

El banco ya ha remitido todas las peticiones de autorización a las autoridades que deben estudiar la operación y dar luz verde: el Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Una vez recibido el visto bueno del BCE, la FCA y el supervisor bursátil, el BBVA podría abrir el periodo de aceptación de la opa. No obstante, la operación está sujeta a que al menos el 50,01% de los accionistas del Sabadell acepten el canje de acciones que propone el banco. La validación de la CNMC previsiblemente tardará más.

Las fuentes financieras consultadas no se esperan que Competencia vaya a denegar la fusión, pero sí podría retrasarla más de lo que espera el BBVA. El análisis de concentraciones se compone de dos fases. En una primera, que dura en torno a un mes (sin contar las pausas que puede haber para requerir más información) se analiza la operación y se decide si la debe ser archivada, si es susceptible de ser autorizada o si la concentración requiere ser analizada más detalladamente por los problemas de competencia que pueda generar. Los expertos consideran que teniendo en cuenta la complejidad de la opa y la cuota de mercado que alcanzaría la entidad resultante, pasará a la segunda fase en la que se analizará más detalladamente. Esa fase se puede extender otros tres meses sin incluir posibles pausas para pedir más información. En total, podría alargarse un año.

En última instancia, tras el examen de Competencia, el BBVA necesitaría la aprobación del Gobierno para que pueda fusionar ambas entidades. El Gobierno, que ha expresado públicamente su rechazo a que se haga esta operación, tendrá la última palabra, pero en caso de rechazarla, deberá justificar su decisión.

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