Asaltar el cielo algorítmico
La combinación más letal de la próxima década no es un Estado débil frente a empresas poderosas, sino un Estado simultáneamente fuerte frente al ciudadano y vasallo frente al propietario de la infraestructura tecnológica
Si uno lee los titulares de esta semana, podría concluir que la humanidad camina sonámbula hacia dos abismos simultáneos. Por un lado, la prensa alerta de una burbuja en inversiones en IA que rozará los seis billones de dólares en 2030. Por otro, asistimos a advertencias de extinción: voces como Sam Altman y Dario Amodei reclamando ralentizar el desarrollo de modelos cada vez más potentes ante riesgos catastróficos.
Ortega y Gasset retrató en La rebelión de las masas, en el capítulo “La barbarie del especialismo”, al especialista que aborda lo que desconoce con la seguridad adquirida en su propio campo. Esa tensión atraviesa la IA hoy. El conocimiento técnico proporciona herramientas, pero la decisión final alcanza al Derecho, las instituciones y la distribución del poder.
En su célebre discurso en Stanford, Steve Jobs sostuvo que la muerte era el mejor invento porque apartaba lo viejo para dejar sitio a lo nuevo. La paradoja es que invocar, hoy, con eco fúnebre el This is the end al estilo The Doors no detiene la carrera de la IA; la exacerba. El terror a la extinción vuelve infinitamente más urgente llegar el primero. La moratoria es, además, un arma competitiva: una regulación extrema actúa como barrera de entrada que solo los gigantes pueden superar. Donald Trump ha situado la discusión en la cruda geopolítica, proponiendo una A.I. Force y elevando la aceleración a dogma de seguridad nacional: “Quien gane la IA, ganará“. Detenerse es ceder ventaja.
Un reciente editorial del New York Times recurre a la experiencia nuclear para reclamar agencias de supervisión de la IA. Pero la cuestión rebasa el cumplimiento normativo: también importa quién posee la infraestructura y qué alternativas conserva quien depende de ella. Si el acceso a una capacidad indispensable queda concentrado en unas pocas corporaciones difíciles de sustituir, la dependencia persiste incluso cuando se cumplen las reglas. La metáfora de “privatizar el oxígeno” expresa ese riesgo: que unos pocos decidan las condiciones de acceso a aquello que todos necesitamos.
Para entender el riesgo político al que nos enfrentamos, miremos a la Europa de entreguerras. Los fascismos no surgieron en el vacío; fueron la respuesta autoritaria a clases trabajadoras despojadas de su utilidad por parte de democracias inoperantes. Hoy, el trauma histórico equivalente se llama obsolescencia cognitiva.
La próxima ola autocrática podría nacer de dos factores. Primero, la indefensión de un ciudadano doblemente devaluado: siente que su intelecto pierde de golpe valor de mercado y es sometido a decisiones sobre su futuro que ya no comprende. Al delegar la gestión de la sociedad en la IA, arriesgamos asumir sus respuestas como verdades absolutas -iure et de iure-, ignorando de facto sus graves sesgos. Cuando el ciudadano no entiende por qué un algoritmo decide su futuro, desaparecen las garantías democráticas. Segundo, la “proletarización del Estado”: instituciones que conservan sus competencias jurídicas, pero dependen de sistemas que no pueden supervisar ni sustituir. El margen estatal se estrecha dramáticamente cuando cambiar de proveedor amenaza recursos o servicios esenciales que dependen del Estado (como la sanidad, la defensa o la red eléctrica).
La combinación más letal de la próxima década no es un Estado débil frente a empresas poderosas, sino un Estado simultáneamente fuerte frente al ciudadano y vasallo frente al propietario de la infraestructura tecnológica. Autoritario hacia abajo; dependiente hacia arriba.
El plan IA360 del Gobierno español apuesta por cómputo propio y modelos abiertos: un avance necesario. Pero ampliar la oferta tecnológica no equivale a garantizar un derecho universal de acceso. La izquierda no debe convertirse en el departamento de recursos humanos del tecnocapitalismo, administrando compensaciones económicas como la renta básica universal o debatiendo sobre “IA ética” sin abordar quién posee y controla la infraestructura.
Aquí se plantea el Cómputo Básico Universal (UBC), no previsto en IA360: un derecho ciudadano inalienable y gratuito a un nivel básico de procesamiento soberano para investigar, innovar y auditar de forma autónoma.
Para las democracias europeas, garantizarlo exigiría nuevas soluciones como la creación de un “dominio público algorítmico” que, en España, requeriría establecer por ley un régimen demanial específico, dentro del marco constitucional y europeo, para infraestructuras y derechos sobre modelos concretos, incluidos sus parámetros, de titularidad pública y destinados al uso general o al servicio público. El punto de partida material ya existe en EuroHPC: superordenadores como MareNostrum 5 y LUMI, y las AI Factories, que facilitan acceso a supercomputación para la investigación y la innovación conforme a sus convocatorias.
La gran cuestión del siglo XIX fue quién poseía la fábrica; la del XXI es quién posee la inteligencia. Si la socialdemocracia no asalta el cielo algorítmico, amaneceremos bajo una oligarquía perfecta y silenciosa. A un dios corporativo no se le domestica con multas. Se le somete con el peso implacable del Estado de derecho.