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En colaboración conLa Ley
Derecho corporativo
Tribuna

El capital inerte y el fin de la ignorancia corporativa

Cuando la IA ya puede leerlo todo, la excusa directiva de “no podíamos revisarlo todo” desaparece y nace la ‘business rights intelligence’

Program coding automation by generative artificial intelligence or AI concept. Collaboration between robotic hand and human software developer solving, debugging or writing script.TrailblazingMoment Makers Group (Getty)

La IA puede redactar un acuerdo de confidencialidad en segundos. Pero ningún botón decidirá por sí solo si una empresa debe licenciar sus datos, demandar por el uso de sus obras, transigir en un litigio o presentar al consejo de administración una estrategia que puede ahorrar -o costar- millones de euros. Ahí empieza la abogacía que importa: la de convertir derechos, datos y evidencias en decisiones económicas defendibles.

En mayo de 2026, el Derecho corporativo ha recibido advertencias ineludibles. Gigantes como Anthropic han incrustado su modelo Claude en el mismísimo sistema nervioso de la infraestructura legal, Harvey ha anunciado más de 500 agentes legales, y alternativas abiertas como Mike OSS demuestran que la capa técnica de esta revolución se está democratizando a gran velocidad.

La conclusión no es la fantasía distópica sobre la extinción de los abogados. La advertencia es más severa: la ejecución ha dejado de ser un bien escaso. Durante siglos, el prestigio legal descansó sobre un monopolio cognitivo: leer, ordenar y redactar lo que otros no sabían formular. Hoy, un algoritmo puede resumir jurisprudencia, comparar versiones contractuales y generar borradores a una velocidad que dinamita la vieja economía de la hora facturable. Aquella cultura que la película The Firm retrató con crueldad -donde hasta pensar en el cliente se facturaba- ha caducado. Ante esta realidad, ¿qué nos queda cuando la ejecución se convierte en una simple infraestructura? La respuesta no está en producir más documentos. Está en diseñar la arquitectura de mejores decisiones.

En su magistral relato Del rigor en la ciencia, Jorge Luis Borges imaginó un imperio de cartógrafos tan poseídos por el delirio de la exactitud que trazaron un mapa idéntico al territorio. Al comprender su inutilidad para gobernar la realidad, lo abandonaron a las inclemencias del sol y los inviernos.

Esta alegoría resume con precisión la crisis actual. Durante décadas, los juristas han actuado como los obstinados cartógrafos del imperio borgiano, redactando contratos (mapas) cada vez más extensos, densos y saturados de contingencias, con la vana esperanza de cubrir cada milímetro de la realidad operativa (el territorio). Sin embargo, una vez firmado el acuerdo, este mapa se archiva en un repositorio y comienza a deteriorarse conceptualmente. Mientras, el “territorio” -la facturación diaria, las entregas de la cadena de suministro, los tickets de soporte técnico- sigue su curso a través de plataformas de gestión y bases de datos transaccionales.

Esta desconexión es económicamente devastadora. El contrato estipula un derecho teórico, pero la operación diaria lo ignora. En esa brecha se desangra la cuenta de resultados. World Commerce & Contracting estima que esta asimetría erosiona casi el 9 % del valor anual de una corporación. Las empresas no pierden dinero solo por firmar malos contratos; lo pierden por no activar los buenos.

La gran tradición civilista y mercantil española ya lo intuyó. Federico de Castro comprendió que el negocio jurídico no era un artefacto verbal, sino una arquitectura de voluntad y efectos; y Joaquín Garrigues nos enseñó a pensar el Derecho desde la empresa y el impacto real. La tecnología no destruye esta intuición clásica; sencillamente la obliga a salir del archivo.

Bajo esta nueva mirada, el contrato deja de ser un cadáver documental y se convierte en una reserva de energía económica. Un SLA incumplido es margen recuperable. Una licencia de datos es crecimiento habilitado.

Sin embargo, la IA jurídica se está vendiendo todavía con una promesa demasiado pobre: hacer más rápido lo que ya hacíamos. Recordémoslo: la electricidad no transformó la historia por encender velas con mayor velocidad; la transformó porque iluminó territorios de valor que habían permanecido invisibles.

La nueva era exige dar el salto a la business rights intelligence: la capacidad de transmutar derechos latentes en capital accionable, fusionando el rigor jurídico con la escala analítica de la IA.

Semejantes capacidades inauguran el fin de la ignorancia corporativa. García de Enterría convirtió la lucha contra las inmunidades del poder en la gran tarea del Derecho moderno. Hoy, la IA fulmina la última inmunidad del consejo de administración. Antes, las compañías y sus despachos podían refugiarse en una excusa humanamente comprensible: “No teníamos tiempo para revisarlo todo”.

Mañana, esa trinchera moral desaparece. Cuando la IA es capaz de leerlo todo, detectar las anomalías y generar escenarios en segundos, la interpelación de los mercados y los accionistas será despiadada. La pregunta ya no será “¿qué decía el contrato?”, sino otra más implacable: “Si tenías la evidencia frente a ti, ¿por qué decidiste mal?”.

Ese es el verdadero poder —y la carga— del abogado aumentado.

Durante demasiado tiempo confundimos el poder corporativo con la soberbia capacidad de redactar el mapa. Hoy, cuando la máquina es capaz de leerlo todo, empezamos a recordar que el verdadero poder siempre consistió en gobernar el territorio.

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