La justicia digital suspende su primer examen entre los abogados madrileños
El 46,9% de los se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento actual de los sistemas digitales de la Administración de Justicia
Casi la mitad de la abogacía madrileña reprueba a la justicia digital. Según el I Estudio ICAM sobre Justicia Digital, promovido por la revista OTROSÍ del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y presentado este martes, el 46,9% de los 1.373 colegiados encuestados se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento actual de los sistemas digitales de la Administración de Justicia, frente a solo un 22,3% que hace una valoración positiva. La nota media que otorgan los profesionales apenas alcanza el 2,6 sobre 5.
El diagnóstico no es una revuelta contra la tecnología, sino contra el modo en que se ha implantado. Así lo resume el decano del ICAM, Eugenio Ribón: “La abogacía madrileña no rechaza la transformación digital. Lo que rechaza es una digitalización concebida e implantada sin escuchar suficientemente a quienes utilizan diariamente los sistemas y tienen encomendada la defensa de los ciudadanos. La tecnología solo es un avance cuando mejora el servicio público y refuerza las garantías”.
El expediente electrónico, el mayor punto de fricción
El Expediente Judicial Electrónico (EJE), la gran promesa de la digitalización procesal, concentra el grueso de las quejas. Solo el 13,8% de los encuestados lo considera claramente un avance; el 36,9% cree que lo es, pero “con problemas importantes”, y un 22% sostiene directamente que ha dificultado la instrucción de los asuntos. El dato más contundente: el 59,4% dice encontrar con frecuencia o muy frecuentemente problemas para acceder al expediente de forma completa y ordenada, y si se suman quienes tropiezan “algunas veces”, la cifra roza el 90% de la profesión.
Entre los problemas más citados figuran los documentos incompletos o mal incorporados (57,7%), las dificultades para acceder a grabaciones o archivos audiovisuales (51,5%), las diferencias de funcionamiento entre juzgados o territorios (49,4%) y la dificultad para localizar documentos (48,9%). Para Javier Mata, diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, estas no son incidencias menores: “Un expediente incompleto, una grabación inaccesible o un documento que no puede localizarse no son simples incidencias informáticas. Pueden impedir que un abogado conozca a tiempo toda la información necesaria para preparar una defensa. Detrás de cada fallo tecnológico puede haber un ciudadano cuyas garantías procesales se vean comprometidas”.
Preguntados por dónde debería concentrarse el esfuerzo de mejora, el 73,3% de los profesionales sitúa en primer lugar el acceso completo al expediente, muy por delante de la interoperabilidad entre plataformas (49,4%) o la correcta indexación de los documentos (45,6%).
El Turno de Oficio, el eslabón más expuesto
El estudio detecta una brecha singular en el Turno de Oficio, que representa el 18,1% de la muestra: el 68,5% de estos letrados sufre con frecuencia problemas de acceso al expediente, frente al 64,8% de los despachos pequeños y medianos y el 55,7% de la abogacía in-house. Es también el colectivo con menor confianza en la seguridad de las plataformas y el que más fallos tecnológicos padece en el ejercicio de la defensa. El diputado Juan Manuel Mayllo, responsable del Turno de Oficio, subraya el riesgo social: “Estas dificultades resultan especialmente graves en el Turno de Oficio, donde los profesionales trabajan con plazos muy ajustados, intervienen con frecuencia en situaciones urgentes y atienden a personas en condiciones de especial vulnerabilidad. Si el expediente está incompleto, la grabación no es accesible o la plataforma falla, no solo se perjudica al abogado: se compromete la defensa de quien depende del sistema público para hacer valer sus derechos”.
Poca confianza en la respuesta ante incidencias
Cuando el sistema falla —algo que le ha ocurrido, al menos ocasionalmente, al 59,7% de los encuestados—, la respuesta institucional tampoco convence: solo el 8,6% cree que existen mecanismos rápidos y eficaces para resolver una incidencia, mientras que el 43% asegura que directamente no existen. La confianza en la seguridad y confidencialidad de las plataformas judiciales tampoco sale bien parada: el 42,1% confía poco o nada en que garanticen el secreto profesional.
Videollamadas sí, pero no para todo; e inteligencia artificial, bajo sospecha
El balance es más matizado con las videoconferencias, valoradas positivamente por más de la mitad de la muestra en actos concretos, aunque el 68,3% teme los problemas técnicos durante la vista como principal riesgo de los juicios telemáticos.
La irrupción de la inteligencia artificial en los tribunales genera la mayor cautela: el 59,3% de los abogados está mucho o bastante preocupado por su uso por parte de magistrados y fiscales, y la opción con más respaldo (46,1%) es limitarla a herramienta auxiliar bajo control humano. Tres de cada cuatro profesionales (75,7%) reclaman que se declare de forma obligatoria su empleo en los procedimientos.
Una reivindicación transversal: sentarse a la mesa del diseño
Por encima de cualquier otro dato, el estudio arroja una conclusión unánime: el 95,4% de la abogacía madrileña exige participar en el diseño, evaluación y mejora de las herramientas digitales judiciales, y para el 76,9% esa participación debería ser prioritaria. “Escuchar a la abogacía no es defender un interés corporativo. Es incorporar al proceso de transformación digital la experiencia de quienes conocen las consecuencias que puede tener cada deficiencia sobre un procedimiento y sobre la vida de un ciudadano”, zanja Ribón, quien anuncia que el ICAM trasladará estas conclusiones a las administraciones competentes para impulsar las reformas necesarias.