Cómo las sanciones unilaterales asfixian el Estado de Derecho
La orden ejecutiva 14203 de EE UU muestra una falla en el corazón de la gobernanza económica global
Cuando la comunidad internacional debate sobre las sanciones económicas, el análisis suele limitarse al impacto macroeconómico, la diplomacia interestatal o las repercusiones en materia de derechos humanos. Sin embargo, a lo largo del último año se ha identificado un fenómeno mucho más preocupante. La activación de la Orden Ejecutiva 14203 de Estados Unidos contra altos cargos de la Corte Penal Internacional (CPI) ha dejado al descubierto una falla sistémica en el corazón de la gobernanza económica global para proteger a individuos y organizaciones de decisiones administrativas unilateralmente adoptadas por potencias como los EE UU.
Las sanciones de Washington están dirigidas a excepcionar a su personal administrativo de la justicia internacional alegando la supuesta carencia de “jurisdicción, legitimidad y autoridad” de la CPI, paralizando desde las investigaciones sobre la actuación militar estadounidense en Afganistán a las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Estas sanciones implican la exclusión de los sujetos sancionados —actualmente la cúpula de la CPI, incluidos el fiscal jefe, los dos fiscales adjuntos y ocho magistrados independientes, la relatora especial de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, o a las ONGs como las entidades palestinas Al-Haq y Addameer— de las infraestructuras financieras y tecnológicas globales. Los mecanismos de extraterritorialidad jurídica convencional, sustentados históricamente en el derecho internacional consuetudinario, la negociación diplomática o los tratados, han sido reemplazados por un entramado de infraestructuras privadas altamente concentrado a escala mundial, que prescinde de los cauces del derecho internacional. Este ecosistema coercitivo se despliega a través de dos capas críticas: la financiera y la digital.
El plano financiero está regido por la fuerza de gravedad del sistema de compensación en dólares (USD clearing), la centralidad de los mercados de capitales estadounidenses y el dominio oligopolístico de redes comerciales como Visa o Mastercard —operadores radicados en territorio estadounidense o bajo el control de capitales de dicha procedencia—, así como de infraestructuras de mensajería financiera transfronteriza como SWIFT, una entidad que, aun siendo belga, queda sometida al cumplimiento de estas directrices debido a su vinculación con el ecosistema del Tesoro norteamericano.
Cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluye a un funcionario internacional o a una organización en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), el mecanismo no requiere que terceros Estados adopten medidas espejo. La mayoría de las instituciones financieras no pueden asumir el riesgo de prescindir de los sistemas de liquidación en dólares o enfrentarse a sanciones secundarias, por lo que los comités de riesgos optan de manera unánime por el de-risking o la exclusión profiláctica del cliente.
De este modo, un magistrado internacional establecido en La Haya, carente de activos en la jurisdicción estadounidense y cuya legitimidad emana de un tratado ratificado por más de 120 Estados soberanos, se encuentra súbitamente con sus cuentas bancarias europeas bloqueadas, sus líneas de crédito rescindidas y su capacidad operativa financiera elemental anulada.
Esta misma arquitectura de dependencia estructural se ha trasladado con idéntica agresividad al entorno digital. Las estructuras profesionales operan de manera exclusiva sobre arquitecturas en la nube, sistemas operativos, herramientas de comunicación cifrada y registros de identidad digital controlados por un reducido grupo de empresas estadounidenses. Las organizaciones palestinas Addameer y Al-Haq experimentaron, tras su inclusión en estas listas, como YouTube eliminó archivos audiovisuales con registros documentales e históricos de denuncias, y herramientas de difusión como MailChimp cancelaron sus licencias.