Infancia, pantallas y derechos digitales
Las familias tienen un papel esencial, en muchos casos, para maximizar tiempo de uso, interacción y explotación de datos
Cuántas veces más tendremos que ver a padres o a madres que, para entretener a su bebé, le ponen delante de los ojos el móvil. En un restaurante, en una sala de espera, en el cochecito, en la trona o incluso antes de dormir. La escena se ha vuelto tan habitual que casi ha dejado de llamarnos la atención. Y quizá ahí empieza el problema: en que hemos normalizado que una pantalla actúe como chupete digital antes incluso de que el niño haya aprendido a hablar.
Hoy la infancia no entra en internet como quien visita un lugar extraño. Para muchos niños, niñas y adolescentes, el entorno digital forma parte natural de su vida cotidiana: estudian, juegan, hablan con sus amigos, ven vídeos, escuchan música, buscan información y construyen una parte de su identidad en redes sociales. El mundo online ya no es una habitación separada de la casa. Es una habitación más. El problema es que, en demasiadas ocasiones, esa habitación no tiene puertas, ventanas ni adultos mirando de vez en cuando.
La cuestión no es demonizar la tecnología. Sería absurdo. También sería inútil, que es una forma elegante de perder el tiempo. La tecnología ofrece oportunidades evidentes para la educación, la participación, la creatividad y el acceso a la información. Pero esas oportunidades conviven con riesgos cada vez más visibles: exposición temprana a contenidos inadecuados, contacto con desconocidos, ciberacoso, violencia sexual digital, pérdida de privacidad, perfiles comerciales construidos desde edades tempranas y diseños de plataformas pensados para capturar atención como si el tiempo de un menor fuera una mina a cielo abierto.
Ahí está el verdadero problema: no hablamos solo de pantallas, sino de poder. Poder de influencia, poder de captación, poder de perfilado y poder de decisión sobre la conducta de personas que todavía están formando su personalidad, su criterio y su capacidad de autocontrol.
Por eso resulta tan relevante el debate abierto en torno a los entornos digitales seguros para la infancia y la adolescencia. No estamos ante una simple preocupación familiar, sino ante una cuestión de política pública, de salud (mental y física), de educación (en todos los niveles), de consumo, de privacidad y de derechos fundamentales.
Durante años se ha trasladado a las familias una carga excesiva. Controle usted el móvil. Configure usted el control parental. Revise usted las aplicaciones. Explique usted los riesgos. Supervise usted los horarios. Y, ya puestos, hable también de pornografía, apuestas, retos virales, inteligencia artificial, suplantación de identidad, geolocalización, cookies, videojuegos, influencers, privacidad… y un largo etcétera. Todo ello, si puede ser, antes de hacer la cena.
Naturalmente, las familias tienen un papel esencial. Pero no pueden ser el único dique de contención frente a una industria diseñada, en muchos casos, para maximizar tiempo de uso, interacción y explotación de datos. El “control parental” está bien, pero no puede convertirse en la coartada perfecta para que las plataformas hagan lo mínimo imprescindible. El mejor control parental son los padres, sí; pero el mejor entorno digital es aquel que no necesita que los padres estén apagando fuegos cada cinco minutos.
Desde la perspectiva jurídica, la respuesta debe construirse sobre varios pilares. El primero es la privacidad desde el diseño y por defecto. Si hablamos de menores, la configuración inicial de cualquier servicio debería ser la más protectora, no la más rentable. El segundo es la verificación de edad, pero con una advertencia importante: verificar la edad no puede convertirse en una excusa para recopilar todavía más datos personales. Sería como apagar un incendio con gasolina, pero con una política de privacidad muy larga (que nadie lee).
El tercer pilar es la responsabilidad de la industria. Las plataformas deben asumir obligaciones reales en materia de diseño seguro, denuncia ágil, bloqueo efectivo, moderación proporcionada y evaluación de impacto sobre los derechos de la infancia. La autorregulación, por sí sola, ha demostrado tener el mismo entusiasmo que un adolescente cuando le pides que recoja la habitación: algo hace, pero normalmente tarde y mirando al suelo.
También el ámbito educativo tiene una responsabilidad evidente. No basta con introducir tecnología en las aulas. Hay que seleccionar herramientas que cumplan el RGPD, formar al profesorado, revisar proveedores, evitar aplicaciones opacas y enseñar ciudadanía digital. Y esa formación debe alcanzar a todos: desde el alumnado hasta el personal docente, pasando por equipos directivos y familias. Durante años me he ofrecido en distintas ocasiones a impartir charlas formativas sobre estos riesgos, pero la respuesta ha sido, siendo generosos, discreta. Y es una pena, porque educar en tecnología no es repartir tabletas ni instalar aplicaciones de moda. Es enseñar a usarlas sin entregar por el camino la intimidad, la atención y el criterio.
El reto, en definitiva, no consiste en expulsar a los menores del entorno digital, sino en hacerlo habitable. Igual que no prohibimos salir a la calle porque existan riesgos, tampoco podemos pretender que internet desaparezca de sus vidas. Lo razonable es acompañar, limitar cuando proceda, adaptar por edades, exigir responsabilidad a la industria y diseñar espacios digitales que respeten los derechos de quienes aún no pueden defenderlos plenamente.
Porque detrás de cada pantalla hay un menor. Y detrás de cada menor debería haber algo más que un algoritmo decidiendo cuánto tiempo consigue mantenerlo mirando.