El bienestar por resultados: los contratos de impacto social de Ayuso
El envejecimiento de la población, la crisis de acceso a la vivienda, la exclusión social o los problemas de salud mental están multiplicando las exigencias sobre unos servicios públicos sometidos además a fuertes restricciones presupuestarias
La Comunidad de Madrid ha decidido convertir la atención social a las personas que viven en la calle en el banco de pruebas de una nueva forma de contratación pública. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pagará a las entidades adjudicatarias en función de los resultados asistenciales obtenidos: cuántas personas logran abandonar la exclusión residencial, acceder a una vivienda estable o recuperar cierta autonomía económica. Se trata de los llamados Contratos de Impacto Social, una fórmula en la que la Administración deja de pagar solo por prestar un servicio y empieza a pagar por demostrar que ese servicio funciona con indicadores de política pública. Aplicados a objetivos como reducir la reincidencia criminal, evitar el abandono escolar o combatir la exclusión social, estos contratos implican a entidades privadas —normalmente fundaciones u organizaciones sociales— que cobran solo si alcanzan los objetivos pactados. En algunos modelos, además, inversores privados adelantan el dinero y asumen parte del riesgo económico.
La iniciativa madrileña ha sido recibida con sospecha, quizá por proceder de donde procede. Algunos la interpretan como una nueva forma de privatización de los servicios públicos o como la entrada definitiva de la lógica financiera en la gestión de la pobreza. Sin embargo, este modelo nace en la llamada Tercera Vía británica, el intento de combinar Estado social y eficiencia empresarial que impulsaron primero Tony Blair y después David Cameron.
El primer gran experimento moderno se puso en marcha en 2010 en la prisión británica de Peterborough para reducir la reincidencia penitenciaria. Después llegaron programas de empleo juvenil, salud mental, atención a personas sin hogar o inserción laboral. El informe Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social (CIS), elaborado por SpainNAB y la Fundación Cotec, cita por ejemplo el caso de Flandes, donde inversores privados financiaron formación tecnológica y acompañamiento laboral para jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, cobrando solo si aumentaba de forma verificable su inserción laboral.
España también ha ensayado proyectos similares, y no precisamente bajo gobiernos conservadores. Cataluña impulsó iniciativas de inserción laboral y vivienda social durante los ejecutivos de Quim Torra y Pere Aragonès, mientras el País Vasco ha desarrollado programas experimentales de inclusión social bajo gobiernos del PNV. Y en realidad no es difícil entender por qué estos contratos atraen tanto a la izquierda como a la derecha. Si lo miramos bien, estos contratos contienen elementos que seducen tanto a la izquierda como a la derecha.
A la derecha liberal le atraen porque introducen competencia, medición de resultados y colaboración público-privada. La Administración, además, paga solo si el programa funciona, lo que permite vender la idea de una gestión más eficiente y menos burocrática. Pero también hay motivos para que una parte de la izquierda vea interés en ellos: aportan viabilidad a programas sociales que difícilmente se desarrollarían con financiación pública, la administración mantiene el control de los programas, estableciendo los objetivos, y las empresas privadas se ven además obligadas a demostrar resultados para poder cobrar.
El quid de la cuestión no es la naturaleza ideológica de estos contratos. Lo importante es saber si funcionan. Y eso es precisamente lo que aún está por demostrarse. La literatura académica sobre los contratos de impacto social no lo tiene claro del todo y ha señalado distintos problemas: entre otros, una importante complejidad jurídica y financiera, costes de evaluación muy elevados, dificultades para medir algo tan resbaladizo como el “impacto real” de una intervención social y el riesgo de que las entidades terminen seleccionando solo los casos más fáciles para garantizar buenos resultados estadísticos.
Además, muchos de los proyectos desarrollados hasta ahora han sido pequeños, algunos no lograron demostrar un ahorro público claro y otros acabaron abandonándose por su propia complejidad administrativa. De modo que está lejos de existir un consenso serio acerca de que esta sea la gran solución para los servicios sociales del futuro.
Pero también sería ingenuo pensar que el Estado del bienestar puede afrontar los desafíos de las próximas décadas haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora. El envejecimiento de la población, el aumento de la dependencia, la crisis de acceso a la vivienda, la cronificación de la exclusión social o los problemas de salud mental están multiplicando las exigencias sobre unos servicios públicos sometidos además a fuertes restricciones presupuestarias. Se atribuye a Einstein aquella frase según la cual no se pueden esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Algo parece evidente: si los problemas sociales están cambiando y creciendo, también tendrán que cambiar, de un modo u otro, las formas de combatirlos desde el Estado del bienestar sin comprometer su sostenibilidad.