¿Quién paga por las aguas más limpias? Un tratamiento que pone en riesgo la salud europea
Los medicamentos de mayor volumen y los que tengan mayor impacto en la generación de residuos son los que van a asumir los costes de implantación
A finales de 2024 se aprobó la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas (TARU), que introduce un nuevo nivel de tratamiento de las aguas en las estaciones depuradoras de poblaciones con un determinado nivel de habitantes. La Unión Europea (UE) quiere que este tratamiento se aplique sobre las aguas ya tratadas en tres fases previas, para eliminar sustancias a nivel microscópico. Por esta razón se le denomina tratamiento cuaternario. El único precedente de un sistema tan elevado de eliminación de partículas derivadas del uso de productos químicos es el suizo, donde una ley de 2016 prevé una implantación gradual y selectiva a financiar mediante una tasa general y otra a los usuarios de productos que generan micropartículas.
Esta fase cuaternaria que los Estados miembros van a tener que implementar en sus estaciones depuradoras de aguas urbanas (EDAR) prevé un sistema de financiación diferente al de las fases anteriores. En lugar de trasladarse a una tasa general a los ciudadanos o a los usuarios que utilicen y viertan restos de productos químicos a las aguas residuales, se establece que los costes los asuman las compañías que ponen estos productos en el mercado.
Con esta opción regulatoria, la UE quiebra un principio básico en derecho del medio ambiente, que es el de que quien contamina paga. Pues quien introduce productos químicos en el mercado no es quien aboca sus residuos en los ríos y aguas que luego van a tener que tratarse en las EDAR, sino que somos los usuarios, empresas e individuos, los que generamos los residuos que llegan a nuestras aguas.
¿Y quién es, para las autoridades comunitarias, la fuente de tales residuos? A falta de estudios en la materia, y empujada por la presión de los gestores de aguas urbanas, a finales de 2022 y tras muchos años de discusiones estériles, la Comisión Europea propuso, sin mayor soporte científico, que solo un par de sectores industriales financiaran los costes de la implementación de esa fase cuaternaria: el farmacéutico de medicamentos humanos y el cosmético. Con ello dejaba de lado otros sectores como el de la alimentación, veterinario, detergentes, pesticidas, etc.
Por otra parte, los medicamentos de mayor volumen y los que tengan mayor impacto en la generación de residuos son los que van a asumir los costes de implantación del sistema de tratamiento cuaternario. En su determinación, las autoridades comunitarias no tuvieron en cuenta razones de salud para atemperar ese efecto. No se preguntó el legislador comunitario si deben penalizarse los medicamentos anticancerígenos porque los efectos de sus residuos sean mayores. O los productos antidiabéticos por la extensa población a la que se trata. Tampoco se planteó si un proceso de distribución de cargas como el que se ha aprobado justifica la utilización de recursos que incrementan el coste de productos básicos solo para determinar el origen de cada uno de los residuos susceptibles de eliminarse a los solos efectos de distribuir cargas financieras.
La repercusión sobre medicamentos y cosméticos de los costes de implementación de una fase cuaternaria en las estaciones depuradoras incrementará sus costes de producción y venta.
Para los medicamentos sometidos a financiación pública ya existentes, o se permite un incremento de su precio o muchos de ellos, los de mayor volumen o impacto, pueden llegar a desaparecer de nuestras farmacias. Entre ellos, analgésicos y antiinflamatorios, antibióticos, psicofármacos, cardiovasculares o diuréticos.
La industria que sin duda va a resultar más afectada por la implementación de la directiva TARU será la de los medicamentos genéricos, que es la que en mayor medida soporta los tratamientos esenciales en farmacia, comportando en torno a un 45% del mercado de fármacos en nuestro país (60-65% en Europa) y un 20% en valor (30% en Europa). Los precios de estos medicamentos no se determinan por lo que cuesta producirlos, sino porque su precio es al menos un 40% inferior al del medicamento de referencia.
Si la UE mantiene su decisión de implementar sin cambios esta directiva, es necesario que España atienda esta situación: aplicar la cofinanciación pública prevista para los genéricos, permitir subir sus precios para absorber los costes del sistema cuaternario y extender la responsabilidad a otros sectores más allá del farmacéutico y el cosmético.
Porque cuantos menos productos asuman la financiación de un sistema que beneficia al conjunto de la sociedad, mayor será el coste para ellos y mayor también el riesgo de que dejen de ser viables.