El peligro de vender el perdón de deudas como jauja
Abogacía Española investiga varias firmas por utilizar métodos engañosos para captar clientes arruinados y venderles la segunda oportunidad. Proyectan éxito seguro y las mieles de un nuevo comienzo
Lo siguiente son mensajes publicitarios extraídos de webs que ofrecen asesoramiento legal para personas en apuros económicos. “Cancele todas sus deudas por 99 euros al mes”; “garantizamos un 99% de éxito”; “empiece una nueva vida”; “recupere su tranquilidad”; “dese prisa, se acaba el plazo”. Es fácil pensar, a la luz de estos reclamos, que cualquier persona con deudas puede hacer borrón y cuenta nueva gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, reformada en 2022. La publicidad de estos portales presenta este mecanismo como una solución irresistible, sencilla y rápida de dar portazo al pasado. Empezar de cero, sin ataduras, porque todos merecemos un nuevo comienzo.
La realidad es bastante más compleja. Esta idea de café para todos es, sencillamente, un espejismo. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha puesto bajo la lupa varias de estas campañas publicitarias por engañosas, según ha podido saber CincoDías. En las últimas semanas, el máximo representante de la abogacía estudia abrir expediente disciplinario a varias plataformas y portales que venden el mecanismo de segunda oportunidad como una suerte de camino automático y accesible a todos, y donde absolutamente cualquier impago puede ser perdonado, sin importar su origen. El CGAE deja claro que estas proclamas son cantos de sirena.
El organismo ha identificado una serie de prácticas publicitarias que caminan en el alambre de lo éticamente correcto. Por ejemplo, plataformas que venden el perdón de las deudas como un proceso exprés. La realidad es que, de media, el proceso judicial puede durar hasta 18 meses. Otra idea errónea es que cualquiera puede beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad. Sin embargo, el texto normativo impone férreos requisitos, por ejemplo, que el deudor sea de buena fe (básicamente, que hay actuado con honestidad) o no haber sido condenado por un delito económico en los últimos diez años, entre otros.
“Éxito seguro”
El CGAE advierte que hay firmas que aseguran en sus portales tasas de éxito de entre el 75% y el 99%. Hay varios motivos para sospechar de este tipo de ofertas. Para empezar, es imposible conocer la veracidad de estos porcentajes de victoria, que no pueden ser auditados. En segundo término, porque prometer el éxito de un pleito es una práctica expresamente prohibida por el Código Deontológico de la Abogacía. Y en tercer lugar, porque es algo alejado de la realidad: no todos los pleitos de segunda oportunidad llegan a buen puerto. De los que terminan en una resolución judicial favorable para el deudor, solo en algunos se consigue el perdón de todas las deudas.
El CGAE ha decidido tomar cartas en el asunto para evitar que mensajes engañosos lleguen a la población. La institución que dirige Salvador González ha constituido un grupo de trabajo para detectar fraudes y ya investiga a un grupo de portales y bufetes, cuya identidad prefiere mantener en secreto para garantizar el rumbo de la investigación. La institución no descarta aplicar acciones disciplinarias o judiciales si concluye que se han cruzado los límites deontológicos.
“El asunto toca la fibra más sensible de las personas más vulnerables”, explica Jesús Pellón, miembro del grupo de trabajo que investiga estas prácticas dentro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE. Según explica, el principal peligro es el público objetivo, pues se trata de gente que conjuga dos factores de riesgo: una situación desesperada y falta de información.
En esta ecuación, la institución teme los perfiles oportunistas que se presenten como una suerte de salvadores. “Es muy fácil decirle a una persona que tiene embargado el sueldo que en seis meses estará libre de todo y que cobrará el cien por cien de su nómina sin problemas. Pero la realidad es que en muchos casos esto no será así”, aclara Pellón.
El CGAE también ha detectado posibles casos de intrusismo: alerta de plataformas y profesionales que podrían vender servicios de segunda oportunidad que, en realidad, no son abogados. Una práctica bajo su lupa consiste en la recopilación en masa de datos de potenciales clientes a través de formularios en línea. El peligro estriba en que, en ocasiones, el cliente no sabe qué profesional está contratando.
Contratar a una persona que no cuenta con la titulación para gestionar un proceso de segunda oportunidad es peligroso por varias razones. Para empezar por lo evidente: no tienen formación. El CGAE, además, recuerda que un letrado, si está colegiado, responderá personalmente en caso de equivocación; una plataforma que no esté registrada como prestadora de servicios jurídicos no puede dar garantías. “Y no hay que olvidar que el abogado está sometido a los estándares de las normas deontológicas”, recuerda Pellón. Y apostilla: “Precisamente el Código Deontológico prohíbe aprovecharse de las personas en situación de especial vulnerabilidad”.
El público objetivo de este marketing responde al perfil de endeudados que han alcanzado un punto de no retorno. Son personas atrapadas por una situación imprevista, como la pandemia, un despido inesperado o un negocio que no funcionó.
Desde 2022, miles de personas en este callejón se han acogido al salvavidas de la Ley de Segunda Oportunidad, que abre la puerta a un sistema de condonación de pagos o de aplazamientos, según las aristas de cada caso. Pero la ley impone una serie de férreos requisitos, es decir, no cualquiera puede subirse al barco del perdón.
En 2024, la deuda media de las personas físicas que se declararon en quiebra se situó en 63.078 euros, según la última radiografía de la insolvencia personal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. El perfil de insolvente medio era hombre, de 48 años y español (en el 54% de los casos), y con ingresos que rondan los 1.075 euros mensuales.
“Me has salvado”
La publicidad en torno la segunda oportunidad ha adquirido una notable repercusión en plataformas sociales como TikTok o Instagram, donde han ganado fama contenidos explicativos sobre esta herramienta legal. Entre estos contenidos, ha llamado la atención la viralización de videollamadas entre abogados y clientes.
El guion de estos videos funciona así: el letrado comunica a su cliente que el juzgado ha rechazado la exoneración de sus deudas. “¿Qué podemos hacer?”, pregunta el afectado. El abogado, en modo salvador, enseña una carpeta. En el interior está el ansiado documento: la resolución judicial donde todas las deudas son perdonadas. Música motivacional acompaña el momento. “Me has salvado la vida”, le dice el cliente entre lágrimas.
Publicaciones como estas acumulan más de 250.000 visitas en algunos casos y son motivo de preocupación para el CGAE. Manuel Mata, presidente de la Comisión de Deontología del Consejo de la Abogacía Española, valora que “el uso de vídeos de clientes vulnerables en redes viola la integridad y confidencialidad exigidas en el Código Deontológico”. Y avisa: “Podría sancionarse disciplinariamente por atentar contra la dignidad de la profesión”.
Incluso, si son actores, Mata aclara que son acciones “dirigidas claramente hacia un público vulnerable”, y cree que suponen “una flagrante vulneración de la deontología profesional”. Insiste en una idea clave: “No es correcto promover en vídeos virales la idea de que cualquier persona puede hacer borrón y cuenta nueva”.
“No hay varita mágica”
Estas prácticas publicitarias han generado malestar también entre otros abogados del gremio. Marta Bergadá, abogada de Lleida especializada en concursos de acreedores y segunda oportunidad, critica que se venda la Ley de Segunda Oportunidad como un salvavidas automático. “No es así. Por ejemplo, hay firmas que aseguran la exoneración del 100% de la deuda pública y eso es falso. Yo me publicito en vídeos en TikTok, pero siempre sobre una base jurídica”, reivindica.
Nuria Fernández, abogada de segunda oportunidad en Oviedo, coincide con Bergadá en que “no hay soluciones mágicas”. “La segunda oportunidad es una herramienta para aliviar la situación económica de muchas familias”, admite la letrada, pero siempre aclarando que cada caso “requiere un estudio individualizado”. Coincide con el resto de los expertos consultados para este reportaje: la segunda oportunidad no es válida para todos ni para todas las deudas. “Tampoco implica que la deuda será perdonada sin ningún tipo de sacrificio”. Son cantos de sirena “y el sensacionalismo de las redes sociales no ayuda”, lamenta.
Consejo para elegir letrado de Segunda Oportunidad
Nombres y apellidos. El Consejo General de la Abogacía Española alerta de la proliferación de portales web que se parapetan en nombres comerciales muy llamativos, con denominaciones que hacen alusión directa al perdón o la cancelación de las deudas. Llaman a la cautela si en estas webs es difícil identificar a los profesionales con nombres y apellidos.
Colegiación. Algo fácil y recomendable es comprobar el número de colegiación del profesional que vende el servicio. También es aconsejable comprobar que la empresa o el portal que lanza la oferta está registrado en el Registro Mercantil como prestador de servicios jurídicos. El CGAE advierte de la proliferación de profesionales que captan clientes insolventes y no son abogados, y una búsqueda en el censo, por nombres y apellidos, puede ser suficiente para descartar un caso de intrusismo.
Relatos de clientes. La utilización del relato de afectados que comparten su experiencia de éxito en redes como TikTok o Instagram es un reclamo cada vez más común. Los expertos recomiendan no dejarse llevar por argumentos emocionales y que no olviden que cada caso es único. El CGAE alerta de la posibilidad de que en algunos de estos casos estas personas sean actores, no clientes reales.