Fiscalidad en un escenario de tensión geopolítica: qué deben tener en cuenta las empresas tras el RD-ley 7/2026
Busca amortiguar el impacto inmediato de la crisis energética y utilizar la fiscalidad como palanca para acelerar la transición energética
La reciente intensificación del conflicto en Oriente Medio, con Irán en el centro de la tensión, ha devuelto al primer plano la preocupación por la energía y la inflación. En este contexto, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 7/2026, con un paquete de medidas fiscales que mezcla actuaciones de alivio a corto plazo.
Una de las decisiones más relevantes es la prórroga, durante todo 2026, de la libertad de amortización para determinadas inversiones sostenibles. No es, en realidad, una medida nueva, pero sí confirma una línea de política fiscal que se quiere consolidar. Las empresas que inviertan en energías renovables, electrificación de flotas o infraestructuras de recarga podrán seguir reduciendo su base imponible de forma inmediata, lo que mejora la liquidez en un momento en el que muchas decisiones de inversión se están revisando con cautela.
A todo esto, se suma la rebaja en materia de IVA en energía y carburantes, pensada para aliviar los costes operativos de los sectores más intensivos en consumo. Ahora bien, su aplicación no es automática. El legislador ha vinculado estas reducciones a la evolución del IPC, lo que introduce un margen de incertidumbre que las empresas tendrán que gestionar. No basta con conocer la medida: será necesario seguir de cerca su desarrollo y las condiciones concretas en las que se active para entender su verdadero alcance.
En el plano local, también se introducen cambios relevantes. Los ajustes en el IAE y el IBI refuerzan el uso de la fiscalidad municipal como herramienta de incentivo económico, si bien, esta medida sólo tendrá impacto en determinado tipo de empresas.
En conjunto, el RD-ley 7/2026 es, en esencia, una respuesta práctica a la situación actual. Por un lado, busca amortiguar el impacto inmediato de la crisis energética; por otro, insiste en una línea ya conocida: utilizar la fiscalidad como palanca para acelerar la transición energética.