Crecen las solicitudes de patentes europeas y las contradicciones
En 2025, crecieron un 2,83% en España hasta alcanzar las 2.254
Los datos de solicitudes de patentes europeas presentadas por españoles en 2025 son positivos. Según el EPO Technology Dashboard (antes Patent Index) siguen creciendo en el conjunto del país un 2,83%, y alcanzaron 2254 en total. Se mantiene, por tanto, la tendencia al alza, con las biociencias a la cabeza por sectores, y Cataluña, Comunidad de Madrid y Euskadi en el podio por autonomías.
¿Qué va a ocurrir con esas solicitudes? Para hacernos una idea, la Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés) estima que, en un periodo de cinco años desde la presentación, se acaban concediendo las patentes europeas para el 58% de ellas. Pero ni mucho menos hay que esperar un lustro para empezar a ver el valor que supone esa presentación y obtener un rendimiento.
Tras la solicitud, la EPO ofrece en un plazo aproximado de cinco meses y medio un informe de búsqueda que ya da muchas pistas sobre las opciones de conseguir la concesión de la patente para la invención. Es una información absolutamente confidencial, que se envía al titular antes de que se haya hecho pública la solicitud y, a la vista de la cual, si no es favorable, se puede retirar o modificar la petición.
Sin embargo, en el caso de que el informe de búsqueda sea favorable, el titular de la invención tendrá a su disposición una evaluación externa de un organismo de prestigio global que puede compartir con terceros. El documento se convierte, por tanto, en una herramienta muy valiosa en negociaciones orientadas a obtener financiación o alcanzar acuerdos para permitan avanzar con el proyecto y rentabilizar la inversión realizada.
Pero, ¿quién aprovecha verdaderamente el sistema? La EPO en sus estadísticas anuales nos desvela los nombres de los grandes solicitantes y año tras año nos encontramos entidades públicas y grandes empresas. Un año y medio después de la presentación podemos conocer los nombres del resto de titulares y, con un análisis más en profundidad, se puede observar que la mayoría de los solicitantes en España presentan una o dos solicitudes al año; de hecho, muchos agentes innovadores presentan una única solicitud de patente europea un año sí y varios no. El motivo es que detrás de cada uno de esos documentos hay esfuerzo e inversión y no es fácil obtener una invención patentable.
Cierto es también que entre esos nombres que no salen en los reportes anuales de la Oficina encontramos muchas de las empresas que más provecho sacan del sistema. De hecho, la última edición de un estudio conjunto de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO por sus siglas en inglés) y la EPO cifran en un 28,7 % el aumento de los beneficios por empleado que obtienen las pymes que atesoran patentes, frente a las
que no. El dato es contundente. Y, sin embargo, el gran reto para todos los que nos dedicamos a la protección de la propiedad industrial es que precisamente esas organizaciones aprovechen las herramientas que el sistema de patentes pone a su alcance.
Por una cuestión de costes, esas entidades que presentan menos de cinco solicitudes al año son las principales responsables de que, tras la concesión de la patente europea, en 2025 el 56 % de los titulares españoles haya solicitado el efecto unitario, un dato que está muy por encima de la media europea (40,7 %) y global (28,7 %).
Está claro que no somos ajenos al sistema de la patente unitaria, a pesar de que España siga sin ser Estado contratante. De hecho, hace unos días hemos sabido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse sobre un caso en el que el llamado “long arm” del Tribunal Unificado de Patentes (UPC) había llegado hasta nuestro país en forma de medidas cautelares para la retirada del mercado también en España de un rizador de pelo comercializado por la empresa china Dreame ante la plausible infracción de una patente de la compañía inglesa Dyson. En última instancia y, por resumir, se trata de ver cuánto de fuera verdaderamente estamos.
Además, en estos 37 meses desde su puesta en marcha ya hemos visto ante el UPC empresas españolas demandadas y otras que acuden a él para demandar. Los procedimientos se desarrollan fuera de España, en un idioma distinto del español y con despachos extranjeros.
Paradójicamente, no es nada muy distinto de lo que está ocurriendo entre los países miembros del sistema, ya que la mayoría de los casos se están llevando en las divisiones alemanas, están a cargo de abogados y agentes de patentes germanos y se están celebrando en inglés. Las voces de juristas que exigen una distribución más equilibrada de los litigios para suavizar la dominación teutona ya han empezado a alzarse. Al fin y al cabo, el éxito del sistema depende de que sea verdaderamente europeo.