Cuando la paciencia se agota: otra vez llega tarde la orden de cotización
Es la enésima manifestación de un problema estructural que se ha ido cronificando desde la pandemia, lo que ha llevado al colectivo a un punto de hartazgo que ya no puede disimularse con palabras diplomáticas
En las relaciones institucionales hay algo más valioso que la afinidad o la cercanía, lógicamente hablo de confianza. Una confianza se construye con diálogos, pero sobre todo con hechos. Desde que se creó esta profesión, hace cien años, nuestro colectivo de graduados sociales ha sido un ejemplo de lealtad institucional, colaboración técnica y vocación de servicio público. Y nuestra relación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones siempre ha estado marcada por el respeto mutuo, la interlocución constante y una voluntad compartida de mejorar el sistema. Sin embargo, como presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, no me queda más remedio que manifestar, que incluso las relaciones más sólidas pueden resentirse cuando los problemas se repiten sin solución.
Lo ocurrido recientemente con la publicación tardía de la orden de cotización no es un episodio aislado, ya que es la enésima manifestación de un problema estructural que se ha ido cronificando desde la pandemia. Y eso es, precisamente, lo que ha llevado al colectivo a un punto de hartazgo que ya no puede disimularse con palabras diplomáticas.
Nuestro colectivo no cuestiona la complejidad técnica, ni los condicionantes normativos que afectan a la publicación de esta orden. Somos perfectamente conscientes de que depende, en buena medida, de la aprobación previa del Salario Mínimo Interprofesional; y comprendemos los tiempos políticos y administrativos, pero lo que ya no aceptamos es que esta circunstancia se haya convertido en una excusa recurrente para justificar retrasos que tienen consecuencias directas, tangibles y muy gravosas en el trabajo diario de los graduados sociales.
Detrás de cada demora generalmente hay efectos que rara vez se visibilizan. Esta publicación tardía obliga a rehacer nóminas ya cerradas, revisadas y entregadas. Nos obliga a recalcular cotizaciones, a corregir errores que no son propios, a asumir una carga de trabajo extraordinaria en momentos especialmente sensibles del calendario laboral. Y todo ello, además, sin margen de maniobra ni capacidad de planificación.
La situación vivida este mes de marzo resulta especialmente ilustrativa. En plena Semana Santa, con muchos despachos funcionando a medio gas y con una previsión de actividad ya ajustada, miles de profesionales se han visto forzados a rehacer un trabajo que ya estaba terminado. No se trata solo de un inconveniente organizativo. Me atrevería a decir que se trata de un desgaste acumulado, que conlleva una presión innecesaria que termina afectando no solo a los profesionales, sino también a las empresas a las que asesoran y, al final, a las personas trabajadoras.
Pero el tema no queda solo aquí, pues este problema, además, trasciende más allá de lo operativo, ya que estamos hablando de nuestra reputación. Estamos proyectando una imagen de improvisación que no beneficia a nadie, y mucho menos a la propia Seguridad Social, cuyo prestigio se basa precisamente en la estabilidad, la previsibilidad y la seguridad jurídica.
Nuestro malestar nos lleva a que pese a la buena sintonía con el ministerio, las demandas trasladadas año tras año no encuentran una respuesta efectiva. Aunque hay diálogo y comprensión, faltan soluciones y de ahí que nos invada ese sentimiento de frustración.
Si bien es cierto, no hablo de una ruptura, ni mucho menos. La relación entre los graduados sociales y el ministerio sigue siendo constructiva, basada en el respeto y en una larga trayectoria de colaboración. De hecho, ese vínculo es precisamente lo que hace que la situación actual resulte aún más difícil de asumir. Hablaba al principio de confianza, pero también queremos reciprocidad y compromiso.
La petición que hemos puesto sobre la mesa no es improvisada. Es una solución de sentido común, ya que si la propia Seguridad Social va a regularizar de oficio las cotizaciones correspondientes a enero y febrero de este año, ¿por qué no extender esa misma medida al mes de marzo? Se trata de una decisión que aliviaría de forma inmediata la carga de trabajo de miles de profesionales, evitaría errores innecesarios y aportaría tranquilidad a empresas y trabajadores.
Pero además, queremos romper con una dinámica que se repite año tras año. Es imprescindible abordar el problema de raíz y establecer mecanismos que garanticen que esta situación no volverá a producirse en el futuro. Como se dice coloquialmente, no se trata de apagar incendios puntuales.
Desde el Consejo General queremos redefinir un marco de trabajo que permita anticiparse a estas situaciones, mejorar la coordinación y reforzar una relación que ha sido históricamente ejemplar. Los graduados sociales no pedimos privilegios, sino respeto a nuestro trabajo, tener previsión en los procesos y coherencia en las decisiones.
Si bien es cierto, que esta situación nos ha superado, la buena noticia es que aún hay margen para reconducirla. La relación existe, el diálogo también. Ahora solo falta lo más importante, y es que las soluciones lleguen a tiempo.