Cuando el poder se convierte en un riesgo laboral
Las presuntas víctimas en la mayoría de los casos suelen encontrarse en una posición de dependencia, lo que genera miedo a represalias laborales o administrativas
Los recientes señalamientos de acoso laboral en una embajada —que derivaron en la salida de su titular tras la acumulación de múltiples denuncias internas— vuelven a colocar el acoso laboral en el centro del debate público.
Sin embargo, más allá de la visibilidad mediática de este tipo de casos, el interés para el ámbito de las investigaciones radica en el reto estructural que supone llevar a cabo una investigación de acoso laboral dentro de instituciones públicas, partidos políticos u otros organismos públicos en los que existe una fuerte concentración de poder.
En estos casos, observamos la existencia de patrones recurrentes que se reproducen en las distintas investigaciones: conductas reiteradas de descalificación, aislamiento o sobrecarga de trabajo, uso instrumental de la jerarquía administrativa o política, normalización del abuso bajo discursos de exigencia, eficiencia o compromiso institucional.
En las investigaciones realizadas en instituciones y organismos públicos nos enfrentamos a una dificultad “extra” para obtener pruebas y evidencias. Las presuntas víctimas en la mayoría de los casos suelen encontrarse en una posición de dependencia funcional o política frente al presunto agresor, lo que genera miedo a represalias laborales o administrativas, reticencia de los principales testigos a declarar y escasez de documentación explícita que evidencie el supuesto abuso.
En este contexto, cobra especial importancia el análisis de rotación de personal, de cambios abruptos de funciones, de evaluaciones de desempeño incongruentes o de bajas médicas, entre otros.
Además, en ocasiones, la existencia de dependencia orgánica o funcional respecto de la persona investigada puede llegar a interferir en las facultades sancionadoras de la institución hasta el punto de que los afectados se quejan de que ven como los expertos emiten recomendaciones, pero las consecuencias nunca llegan.
Desde una perspectiva “forense”, esto perjudica la investigación, ya que acaba generando un efecto disuasorio para futuras denuncias y erosiona la credibilidad del sistema de control interno de la institución.
Siempre es importante, pero aún más en el ámbito público, la existencia de protocolos específicos adaptados a estructuras jerárquicas y politizadas, la implantación de garantías efectivas de protección a denunciantes y testigos y la definición de una separación clara entre evaluación política y responsabilidad administrativa o laboral.
El gran reto en la investigación será acreditar cómo el diseño institucional facilita, tolera o encubre la presunta conducta de acoso.
Identificadas las debilidades y áreas de mejora, será imprescindible pasar a la acción e implementar un protocolo de prevención del acoso laboral eficaz, que lleve aparejado un sistema de control y cumplimiento (compliance) efectivo y que mitigue el riesgo.
Porque no olvidemos que, si el acoso se normaliza, la función pública se degrada, se quiebra la ética institucional, se erosiona la confianza ciudadana y al final, lo público pierde su razón de ser.