¿Cumplir o transformar? El dilema de la contratación pública
Cumplir, sin intención de transformar, no es una virtud administrativa, es inercia con apariencia de deber
En el ámbito de la gestión pública, como en la cocina, hay dos tipos de personas: las que cuecen… y las que enriquecen. Dicho de otro modo, están quienes cumplen, sin pestañear, y quienes aún se atreven a transformar, con criterio, sin pedir permiso para pensar (no nos detendremos hoy en los que ni cumplen ni transforman; ya habrá tiempo).
El mundo de la contratación pública parece regido por un mantra que se repite con insistencia, en el que lo importante es cumplir. Cumplir el procedimiento, cumplir los plazos, cumplir la ley, cumplir con la trazabilidad digital. Cumplir, y dormir en paz. La cultura administrativa contemporánea ha elevado el cumplimiento a categoría moral, como si fuera el único refugio posible frente al error, la crítica o la responsabilidad.
Sin embargo, ¿se está cumpliendo realmente con los ciudadanos? Cuando aquella modalidad de cumplimiento formal, parcial, se convierte en un fin absoluto, deja de ser garantía y pasa a ser renuncia. Cumplir, sin intención de transformar, no es una virtud administrativa, es inercia con apariencia de deber. El Derecho no existe —o no debería— para esto. De tanto evitar el riesgo, se nos ha olvidado el sentido (lo que conlleva, si cabe, más riesgo aún). Y una Administración que sólo cumple, pero no orienta ni decide con fundamento renovador, acaba vaciando de contenido el interés general que dice proteger.
Quizá esta sea una de las tragedias modernas de la contratación pública el cada vez más común “miedo” disfrazado de rigor. Cada decisión se justifica antes de tomarse; muchas dudas son resueltas por omisión; la innovación se invoca en discursos y estrategias, pero rara vez se materializa en los expedientes. Parece asumirse que transformar es peligroso, cuando en realidad lo verdaderamente arriesgado es seguir haciendo lo mismo en contextos que ya han cambiado. Cumplir se convierte en escudo, sí, pero también inmoviliza, “pesa” demasiado.
La era digital, que promete agilidad y visión estratégica, ha llevado esta lógica a su extremo. Las plataformas electrónicas han perfeccionado la tramitación, pero no necesariamente el pensamiento. Hemos confundido automatización con inteligencia, y la seguridad del dato con la claridad del propósito. La inteligencia artificial irrumpe ahora como solución universal, y la Administración la recibe con entusiasmo: más control, más trazabilidad, más seguridad. Todo quedará reglado, protocolizado y auditado (o no). En este campo, el sector público se la juega con la posible implantación de proyectos sin alma.
Y es que la compra pública no nació para esto. Supuso la introducción de ciertos procedimientos, sí, pero era y es algo más esencial, una herramienta de poder político y social. Comprar es decidir cómo queremos vivir. Es orientar el mercado, impulsar innovación, promover sostenibilidad, cohesión social y desarrollo territorial. La normativa de contratación —también la vigente— no sólo lo permite, sino que lo proclama. Lo sabemos y lo repetimos en foros y planes estratégicos, olvidándolo en el momento decisivo: cuando redactamos los pliegos y tramitamos los expedientes.
Digo más. Incluso cuando licitamos bien, cuando cumplimos todo, puede surgir otro problema. Porque transformar no depende sólo de cómo se licita, sino de cómo se ejecuta. Contratar, en mayúsculas, es un todo en el que, sin una supervisión real del contrato, la transformación se queda en promesa. “Lo que no se mide no se puede mejorar”, que decía Drucker. Y si no controlamos resultados, impactos y cumplimiento material, sólo habremos sido eficaces en adjudicar, no en transformar. Sin seguimiento, sin evaluación, sin dirección pública durante la ejecución, no cambia nada. Sin esta perspectiva transformadora, dejamos entonces de preguntarnos qué país, qué región o qué municipio queremos construir y pasamos a preguntarnos si las cláusulas resistirán un recurso.
Que no se me malinterprete. Transformar, en este contexto, no es transgredir las reglas escritas. Es recordar que la ley no se hizo para evitar lo nuevo, sino para hacer viable lo bueno. El rigor jurídico no debería servir para paralizar, sino para construir. Ser jurista en lo público, hoy, debería equivaler a ser posibilitador de cambio. Parafraseando a Mahler, los profesionales de la contratación pública estamos llamados a mantener vivo el fuego de la transformación, no a adorar las cenizas de lo que “siempre se ha hecho así”.
El papel del operador jurídico —a uno y otro lado del sistema, tanto en la Administración como en las empresas— debería ser, pues, el de mediadores entre el principio de legalidad y el deber de evolución; en definitiva, ser constructores del espacio donde el Estado y el mercado se dan la mano para mejorar la realidad. En ese cruce de caminos, conviene tomar partido, no en abstracto, sino en cada expediente.
La pregunta, al final, es sencilla: ¿vamos a limitarnos a cumplir o vamos a atrevernos, de una vez, a transformar?