Corrupción y empleados públicos: La soterrada campaña para limitar el control interno
Una forma de abrir las puertas a la corrupción es limitar la capacidad de control de los funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de la ley
La presencia diaria de la corrupción pública en las noticias es síntoma del riesgo de cronificación de esta pandemia perenne y va calando en la sociedad la idea de que no hay gestión pública sin corrupción. Coartada perfecta para nuestras corrupciones de cada día: no pagar el IVA de una factura; alargar una baja médica; aprovechar un contacto en el sistema público de salud para saltar el turno en una prueba; utilizar los recursos de la sanidad pública para una consulta privada; rechazar un empleo y seguir percibiendo una ayuda pública; etc. Y es que a poco que miremos en cada uno de nosotros, veremos las señales de esa “gangrena de las sociedades” (Papa Francisco).
Aunque “La corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo” (Alejandro Nieto), no es patrimonio de la clase política. Ciertamente, la corrupción de la clase política es la más grave, porque viene de aquéllos a los que confiamos la gestión de los intereses y recursos de todos, quienes han de ser un referente de honestidad para el resto de los ciudadanos. Si la base de la gestión de los intereses públicos está dañada, todo el edificio social corre el riesgo de colapsar. Si quien accede al poder político con promesas de integridad, aprovecha el poder que le han confiado los votos para obtener otras prebendas ilícitamente, se acrecienta la desconfianza en los políticos y en las instituciones públicas, a cada ciudadano tenemos excusa para justificar nuestras pequeñas o grandes corrupciones.
Pero un político no puede ser corrupto sin ayuda. En todo caso de corrupción hay dos partícipes como colaboradores necesarios o inductores: el particular que paga la “mordida” y el empleado público que la facilita.
En la contratación pública, la adjudicación con los denominados criterios técnicos de calidad esconde no pocas veces la subjetividad de quien hace la valoración, lo que permite adjudicar el contrato a la empresa preelegida, como parece sucedió en la obra de la duplicación del túnel de Belate, en Navarra. Y el control de la ejecución, es la gran asignatura pendiente de los contratos públicos en nuestro país. Un incumplimiento en esa fase, no detectado por el responsable del contrato u obviado por éste, es lo que va a permitir sacar el dinero para pagar una comisión o simplemente para sisárselo a la Administración el empresario y/o el responsable del contrato/director de obra. Un ejemplo: si en un plan de asfaltado, consistente en fresar diez centímetros de asfalto y poner diez nuevos, se liman y se ponen siete, una quinta parte de la inversión prevista desaparece de la obra, y solo lo sabrá la empresa y el director de obra, sin que la intervención de un político sea necesaria.
Pero también están los empleados públicos responsables de vigilar el cumplimiento de la ley. La labor de la UCO, de los fiscales anticorrupción, o de los jueces, se ha demostrado esencial en la lucha contra la corrupción. También están los funcionarios responsables de la tramitación y del control interno en las Administraciones públicas. El 3 de diciembre de 2025 saltó la noticia de la denuncia de la Interventora y secretaria del Ayuntamiento de Alpedrete de un supuesto caso de corrupción. Los secretarios, interventores y tesoreros, y funcionarios de administración local con habilitación de nacional, realizan el control de legalidad de los acuerdos y controlan que el dinero público se destine a los fines públicos previstos y no acabe en manos particulares. Las Cortes de Cádiz de 1812 crearon este cuerpo de funcionarios precisamente para luchar contra el caciquismo, relatado magistralmente por Ramón Pérez de Ayala en su novela Luz de domingo, llevada al cine por José Luis Garci en 2007.
Una forma de abrir las puertas a la corrupción es limitar la capacidad de control de estos funcionarios. Y eso se viene haciendo desde hace años por todos los Gobiernos, por tres vías: no convocando oposiciones en número suficiente y cubriendo las plazas con interinos; limitando su formación jurídica, al admitir que ocupen esos puestos personas con cualquier grado universitario; nombrarlos por libre designación en ayuntamientos grandes y en las diputaciones.
Cabe plantearse si detrás del interés de los partidos nacionalistas vascos y catalanes en que se transfiera a sus comunidades autónomas la competencia para la selección, formación y nombramiento de estos funcionarios, no estará el interés de esos partidos en “controlar a los controladores”, a quienes han de emitir informes de legalidad y fiscalizar gastos y cuentas en las entidades locales. El Gobierno traspasó a la comunidad autónoma del País Vasco esa competencia en 2021, hasta la fecha no ha podido convocar oposiciones. El Real Decreto-ley 15/2025, ratificado por el Congreso el 11 de diciembre, la transfiera a Cataluña, para satisfacer una demanda de Junts, partido heredero del CiU.