ICAM y ICPM impulsan el Registro Único de Incapacidades Profesionales en el Congreso
La propuesta incluye una desconexión profesional temporal que paralice todas las notificaciones y procedimientos relacionados con el letrado o procurador afectado
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) han presentado esta mañana en el Congreso de los Diputados una propuesta de Proposición no de Ley a todos los grupos parlamentarios que impulse las reformas legislativas necesarias para garantizar que los abogados y procuradores afectados por enfermedad, accidente o fuerza mayor puedan suspender automáticamente vistas y plazos judiciales, sin necesidad de burocracia adicional.
En palabras de Eugenio Ribón, decano del ICAM, “la enfermedad o cualquier causa grave que impida ejercer la defensa no puede seguir suponiendo un riesgo de indefensión para la ciudadanía”. Ribón subraya que el compromiso es “impulsar el Registro Único de Incapacidades Profesionales (RUIP) para garantizar que, desde el momento de la comunicación médica, se suspenden automáticamente todos los plazos en cualquier juzgado y procedimiento”.
La propuesta incluye una modificación legislativa para crear una desconexión profesional temporal —activada mediante una sola comunicación y verificada por el colegio profesional— que paralice todas las notificaciones y procedimientos relacionados con el letrado o procurador afectado. Alberto N. García Barrenechea, decano del ICPM, alertó de que “es inaceptable que, ante una causa de fuerza mayor, los profesionales deban iniciar una carrera contra el reloj, redactando escritos para cada órgano judicial”. Lo que hoy proponemos es justicia tecnológica; una herramienta que garantiza derechos ya reconocidos por la ley, pero aún ineficaces en la práctica".
Desde el plano jurídico, la iniciativa se apoya en la reciente reforma del artículo 188.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 5/2024, aunque “ambos preceptos adolecen aún de eficacia práctica, al no estar respaldados por un sistema operativo centralizado que permita aplicar estos derechos de forma automática, uniforme y segura en todo el territorio judicial, según coincidieron en señalar Barrenechea y Ribón.
La propuesta ofrece excepciones para actuaciones urgentes, como las que afectan a personas privadas de libertad, y persigue eliminar cargas administrativas injustificadas en situaciones críticas. “Lo que hoy proponemos no es una prerrogativa del abogado o procurador, sino una garantía del ciudadano”, concluye Ribón.
La propuesta ha sido trasladada tanto a los grupos parlamentarios como al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en forma de proposición no de ley, acompañada de una detallada exposición de motivos y propuesta de acuerdo técnico y normativo.