Los letrados judiciales reclaman 45 nuevas plazas para reforzar los tribunales de violencia sobre la mujer
La atribución de nuevas formas de violencia a las secciones de violencia sobre la mujer desde el 3 de octubre requiere el refuerzo de los servicios comunes
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) reclama la creación de 45 nuevas plazas en los tribunales especializados en violencia sobre la mujer debido a las nuevas competencias que han asumido desde el pasado 3 de octubre. La asociación remitió dos días antes un escrito al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Generales para urgir la ampliación de la platilla de los servicios generales de tramitación que dan soporte a estas unidades especializadas y evitar así “disfunciones que pongan en riesgo a las víctimas de violencia machista”. El Gobierno ya ha anunció la semana pasada el aumento de hasta 50 plazas judiciales especializadas —lo que supone un incremento del 42% — y 42 nuevos puestos de fiscales para los juzgados o secciones de violencia sobre la mujer. Los letrados piden ahora que el refuerzo se complemente con otras 45 plazas que apoyen a los compañeros que dan servicio a estos organismos.
El origen de esta tensión sobre los equipos de los juzgados especializados se remonta a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, mediante la que se encomiendan nuevas competencias a estos órganos con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la UE en 2023.
De este modo, el artículo 89 de la ley específica que “las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, […] de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer”.
Las nuevas competencias suponen, subrayan desde UPSJ, “un incremento de funciones para las plazas judiciales y la oficina que le da soporte” y una “responsabilidad muy grande” para la protección de mujeres víctimas de violencia de género. En su comunicado se subraya: “debemos recordar las importantes funciones ejercidas por los letrados y letradas de la administración en la organización del servicio, información a la víctima, información, requerimientos y apercibimientos a los investigados, registro de órdenes de protección y otras medidas cautelares que se adopten en el SIRAJ — Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia—, gestión y documentación de la colocación de pulseras telemáticas para el control de las prohibiciones de aproximación, ordenación procesal, impulso y ejecución de medidas civiles de familia cuya competencia les corresponde”.
Los letrados también detallan en su nota las plazas en las que debería de reforzarse estos puestos. Por ello piden la creación de 12 plazas de letrado o letrada de la Administración de Justicia en los servicios comunes de tramitación de Badajoz, Mérida, Valladolid, Guadalajara, Córdoba, Lleida, Santiago de Compostela, Ourense, Gijón, León, Ciudad Real y Vilanova i la Geltrú. Además, 4 nuevas plazas Zaragoza, de Palma, de Las Palmas de Gran Canaria y Alicante; 26 plazas los partidos de Motril, Ayamonte, Manacor, Puerto del Rosario, Arrecife, Llíria, Granada, Almería, Algeciras, Málaga, Marbella, Sevilla, Eivissa, Arona, Toledo, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cáceres, Madrid (3), Arganda del Rey, Murcia, Cartagena, Vila-Real y Benidorm; y 3 plazas para el servicio común de tramitación de Madrid, Barcelona y Málaga.
“La creación de las 45 plazas es necesaria y es asumible económicamente, toda vez que la nueva organización establecida en la LO 1/25 permite crear plazas individuales sin la necesidad de dotar un juzgado completo”, argumentan los letrados.