Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional: “Rechazo rotundamente que en España exista ‘lawfare’”
En su primera entrevista desde que asumió el cargo, Fernández asegura que en su tribunal “no se dan filtraciones”
Desde el ventanal de su despacho en la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández (1958, Barquisimeto) puede ver otras dos sedes clave del mundo judicial: el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. El peaje que paga por las vistas es el sol que atraviesa los cristales sin pedir permiso. “Aquí en verano hace calor”, reconoce. Nacido en Venezuela pero criado en Galicia, Fernández ha dirigido juzgados y tribunales a distintos niveles y fue vocal hasta 2024 del Consejo General del Poder Judicial que presidió Carlos Lesmes. En febrero asumió la presidencia de la Audiencia Nacional. Recibe a Cinco Días para dar su primera entrevista en el cargo y habla de lawfare, del Estado de derecho y de la huelga de jueces.
P. Villarejo, Koldo, Púnica... ¿Cómo es aterrizar en un tribunal como este?
R. Son causas complejas, pero la Audiencia Nacional no solo lleva temas en el ámbito penal, también enjuicia casos en el orden contencioso-administrativo y en el social. Aterrizo con ilusión. Soy consciente de las responsabilidades del cargo.
P. Dicen que hay jueces conservadores y progresistas. Muchos le situarían en el primer cajón. ¿Qué opina de estas etiquetas?
R. No me gustan. De ahí se sacan conclusiones que luego no se corresponden con la realidad. Los jueces no tenemos otro sometimiento que no sea la Constitución y el ordenamiento jurídico. No estamos sometidos a ningún poder político, económico o fáctico en absoluto. Cuando entré en la carrera, hace ya 40 años, esta forma de etiquetar a los jueces ya existía. Convivimos con ello, pero obviamente no nos gusta porque empaña nuestra independencia.
No me gustan las etiquetas. Los jueces no tenemos otro sometimiento que no sea la Constitución y el ordenamiento jurídico
P. En sus discursos defiende el Estado de derecho. ¿Está en peligro?
R. El Estado de derecho exige un cuidado permanente, atención continua y vigilancia. El poder judicial no está en una situación de inferioridad respecto del ejecutivo ni del legislativo, que deben respetar el ámbito de autonomía y de independencia de los jueces. Los anglosajones lo llaman checks and balances, es decir, un sistema de controles y contrapesos que garantiza el equilibrio entre poderes y protege la democracia. Y ello implica que cada poder debe ser respetuoso con los otros poderes. El Estado de derecho garantiza la democracia. Y eso requiere de un poder judicial independiente. Tenemos que ser independientes incluso de nosotros mismos.
P. Y cuando escucha que en España hay lawfare, ¿qué piensa?
R. Rechazo rotundamente que en España exista lawfare. El poder judicial nunca ha utilizado los tribunales contra políticos por su ideología. Esto se empezó a plantear con el proceso catalán, pero cuando un juez actúa respecto a personas que tienen relevancia política es porque intenta averiguar si son responsables penalmente por conductas tipificadas, no por su ideología.
El poder judicial nunca ha utilizado los tribunales contra políticos por su ideología
P. Perelló es muy crítica cuando las decisiones de los jueces son comentadas desde los poderes públicos. ¿Dónde está el límite entre la crítica y el ataque?
R. El ámbito de la libertad de expresión no es el mismo para un responsable político que para un ciudadano o un periodista. El CGPJ ha lanzado varios llamamientos a lo largo de su historia respecto a los responsables políticos. Las instituciones de la Unión Europea también han hecho llamamientos para que, cuando se trata de responsables públicos que critican a miembros del otro poder, exista contención. Porque la crítica no puede socavar la confianza que los ciudadanos tienen en la justicia. Ahora bien, ese deber de contención no rige para un ciudadano o un periodista. Aquí la crítica es absolutamente legítima y las aceptamos. Pero no pueden amparar los insultos o las descalificaciones personales.
P. ¿Es posible acabar con las filtraciones? ¿Se deben vigilar las reuniones y comunicaciones de los jueces y los funcionarios con el exterior?
R. Las filtraciones son indeseables y siempre son interesadas. Desde hace mucho tiempo se vienen tomando medidas para evitarlas. Puedo decir que en la Audiencia Nacional es algo que no se da por las buenas medidas tomadas y por la labor de la oficina de comunicación.
Las filtraciones son indeseables y siempre son interesadas. Desde hace mucho tiempo se vienen tomando medidas para evitarlas
P. ¿Cuáles son estas medidas?
R. Las oficinas de comunicación llevan funcionando 20 años y han sido un gran antídoto contra las filtraciones. El hecho de que haya una información oficial autorizada por los titulares de los órganos judiciales para todos los medios es algo importante, porque todos los medios quedan equiparados. Ha sido sin duda un aspecto fundamental.
P. ¿Comparte el malestar de los jueces que han ido a la huelga por la reforma en el proceso de acceso a la carrera?
R. Los jueces queremos que se mantengan los parámetros de exigencia, mérito y capacidad. No se trata de un sentimiento corporativo o gremial. Solo jueces bien formados pueden cumplir con su rol constitucional. Una revisión del sistema de acceso puede ser valorada, pero siempre que respeten estos criterios. Eso es lo que exigimos. Al igual que la presidenta del Tribunal Supremo y del gobierno de los jueces, y esto es una opinión absolutamente mayoritaria en la carrera, exigimos una interlocución con las instituciones en todas las modificaciones que afecten al poder judicial. Ha de lograrse el consenso entre el ejecutivo y el poder judicial.
P. La inteligencia artificial plantea un futuro no muy lejano donde las pruebas de los juicios pueden ser falseadas, por ejemplos, con los videos deepfake. ¿Preocupa a los jueces?
R. Sí, por supuesto. Pero creo que el enfoque que debemos dar es positivo. La inteligencia artificial también puede ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo.
P. ¿Habla del juez robot?
R. Es cierto que empiezan a darse experiencias en el mundo, con juicios normalmente de escasa entidad, y es algo sobre lo que ya se está escribiendo. Pero yo creo que el actuar del juez engloba un actuar jurisprudente, es decir, implica no solamente el conocimiento jurídico sino también el alma humana. Es difícil que una máquina lo sustituya.
P. ¿Disolverá el enorme tapón de pleitos la obligación de acudir a un intento de arreglo previo?
R. Resolver los conflictos antes de ir a la vía judicial es deseable por muchas razones, desde la rapidez hasta las razones económicas. No necesita mayores argumentaciones. El tiempo nos dirá cuál es el éxito de estas medidas.
P. Ha pasado por muchos juzgados y tribunales. Conoce la problemática con las listas de espera y la sobrecarga de trabajo en algunas sedes. ¿Peligra la salud mental de los jueces?
R. El CGPJ elabora una serie de planes, como revisiones médicas y de cargas de trabajo adecuadas. Es muy importante que los jueces tengamos una carga de trabajo asumible porque influye en la salud en general y en la mental en particular. Y esto requiere que el número de jueces sea el adecuado. La carga de trabajo es alta en la mayoría de nuestros órganos judiciales.
P. En la Audiencia Nacional hay causas que se demoran años; ¿faltan medios?
R. Hemos trasladado tanto al Consejo como al Ministerio que necesitamos jueces. El último juzgado central de instrucción se creó hace más de 25 años. Han cambiado muchas cosas desde entonces, la delincuencia cada vez es más difícil de investigar. Pero también es innegable que hay supuestos enormemente complejos. Sí, uno de nuestros objetivos es reducir los plazos de tramitación de las causas y de dictado de sentencias.