Políticas fiscales: qué hemos aprendido en 2024 y qué nos espera en 2025
El año pasado los ingresos fiscales de España mostraron un notable crecimiento del 8,3% hasta octubre
2024 dejó claro el papel fundamental de las políticas fiscales en nuestra sociedad, la europea y también la americana. En noviembre, los estadounidenses otorgaron en las urnas un control legislativo sin precedentes al Partido Republicano. La economía, con especial atención a la inflación y el impulso de la industria y el empleo, fue el eje central de la campaña, apoyada en incentivos fiscales y políticas comerciales bien coordinadas.
En Europa, tanto el informe Draghi como el informe Letta han puesto el acento en la llamada autonomía estratégica, que debe permitir a la Unión Europea competir en los sectores estratégicos de futuro propiciando una atracción de inversión, industria y tecnología. De hecho, nuestro continente se encuentra en una encrucijada histórica, puesto que nuestras sociedades se han construido desde mediados del siglo XX sobre el estado del bienestar como pilar central y, por ello, son mucho más dependientes de los ingresos públicos.
Aunque los objetivos de EE.UU y la UE coinciden en fortalecer la economía, las estrategias difieren. Europa sigue los cauces de la política industrial tradicional, mientras que EE.UU, desde la Inflation Reduction Act de 2022, apuesta por incentivos fiscales para activos intangibles y sectores clave. Esta política fiscal estadounidense seguramente influirá en las decisiones europeas y, por ende, en las españolas.
Detengámonos ahora en nuestro país, repasando primero la evolución en 2024 de las principales magnitudes. El año pasado, los ingresos fiscales de España mostraron un notable crecimiento, alcanzando un aumento del 8,3% hasta octubre. Los ingresos homogéneos, al margen de cambios legislativos, experimentaron un incremento del 7,7%, mientras que los ingresos por impuestos directos crecieron un 9,3%, contribuyendo significativamente al aumento total.
A pesar del crecimiento fiscal, los cambios normativos y de gestión tuvieron un impacto negativo de 1.909 millones de euros. El aumento de los beneficios del impuesto sobre sociedades, que subieron más del 13%, compensó parcialmente este efecto. También destacó el crecimiento del IRPF, que subió un 8,4% impulsado por rendimientos del trabajo y pagos fraccionados, y de las rentas de capital, que avanzaron un notable 19,3%. El IVA, más modesto, creció un 6,3%, reflejando quizás un menor consumo y mayor ahorro.
De este escenario surgen dos conclusiones clave. Por un lado, el aumento de los ingresos públicos confirma que la economía española crece por encima de la media europea, una noticia positiva que abre la puerta a consolidar las cuentas y reducir la elevada deuda pública. Esta deuda sería una verdadera espada de Damocles en caso de que la prima de riesgo aumentara, algo posible ante la inestabilidad monetaria global y las dificultades económicas en Francia y Alemania, así como el desacoplamiento entre EE.UU, Europa y Asia.
Por otro lado, la fragmentación del panorama político hace muy incierta la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, herramienta sin la cual la oportunidad de oro antes mencionada no podrá materializarse. Es más, la propia subida de la recaudación permitiría gestionar las cuentas públicas con una prórroga presupuestaria, dado que facilita el cumplimiento de la senda de déficit, mientras que la fragmentación, seguramente, presione al alza el gasto.
Los debates en la Comisión de Hacienda del Congreso en noviembre evidenciaron las profundas diferencias entre los partidos políticos, haciendo de la reforma fiscal una de las leyes más difíciles de aprobar. Esta fragmentación se refleja en temas clave como el impuesto energético (no aprobado), el tributo a la banca, la transposición de la directiva UE sobre imposición mínima, o la reforma del régimen socimi. Aunque la buena evolución de la recaudación podría allanar el camino para una reforma estructural que fomente actividades estratégicas, este escenario parece improbable. Al menos, la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2024 ha sido positivo para las actividades de I+D+i. Algo es algo.