El ICAM pide eliminar el pago de costas por no acudir a medios alternativos de solución de controversias
El colegio de abogados de Madrid considera que esta medida merma la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales de los ciudadanos
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha presentado esta mañana en el Senado una serie de propuestas para mejorar el Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Entre ellas, el decano plantea eliminar la condena en costas en caso de que las partes no acudan a un intento de mediación u otros medios alternativos de solución de controversias (MASC). Desde el colegio, apuntan que esta medida supone un obstáculo para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Imponer costas por no acudir a un MASC no solo desincentiva el legítimo ejercicio de derechos fundamentales, sino que también incrementa la desigualdad procesal y el coste del acceso a la justicia. Reivindicamos que el uso de estos mecanismos sea una opción voluntaria y no una imposición condicionada a sanciones”, manifiesta Eugenio Ribón.
Para el ICAM, el hecho de obligar a pagar costas por no acudir a un proceso de mediación es “innecesario y perjudicial”, además de que “puede suponer alteración del sistema de costas actual”. Desde el colegio, señalan que esta medida supone un cambio respecto al sistema basado en el vencimiento objetivo (principio jurídico que se aplica en la regulación de las costas procesales en los litigios judiciales, en el que la parte que pierde el caso es el que debe asumir los costes del proceso, incluyendo los gastos de la parte vencedora, como los honorarios de los abogados, procuradores y peritos, entre otros) y que ya cumple con la función de desincentivar las pretensiones infundadas sin necesidad de imponer cargas adicionales.
Asimismo, manifiestan que el hecho de hacer obligatorios a los MASC pone en riesgo su eficacia. Para el ICAM, estos mecanismos solo son efectivos si ambas partes están dispuestas a utilizarlos de manera voluntaria. “Obligar a su uso como requisito previo puede ser contraproducente, generando retrasos y costes adicionales sin asegurar resultados efectivos. La experiencia con la conciliación obligatoria, eliminada en 1984 por su ineficacia, sirve al Colegio madrileño como antecedente para sustentar esta posición”, señalan.
Además, añaden que esta medida puede ser perjudicial para los ciudadanos con menos recursos. “La necesidad de recurrir a terceros neutrales o letrados en una etapa previa al litigio incrementa los gastos, lo que puede dificultar el acceso a la justicia para las personas más vulnerables”.
Por último, el ICAM advierte sobre los riesgos de abuso procesal que el sistema podría generar. La obligatoriedad de los MASC podría incentivar conductas estratégicas, como utilizarlos para mejorar posiciones procesales. “Esto podría perjudicar especialmente a las partes más vulnerables, como los consumidores enfrentados a entidades con mayor capacidad de negociación, desvirtuando así el propósito inicial de los MASC como herramientas de justicia alternativa”.
Otras medidas
La institución ha presentado otras medidas complementarias para mejorar el acceso a la justicia y optimizar el sistema judicial.
El ICAM ha presentado en el Senado la ampliación de plazos y la garantía de la asistencia letrada en los procesos vinculados a los MASC. Esta medida busca evitar que los ciudadanos enfrenten situaciones de indefensión debido a plazos procesales demasiado ajustados que dificulten obtener el asesoramiento jurídico adecuado. “Al garantizar tiempos razonables y la posibilidad de contar con un abogado en todas las etapas del procedimiento, se asegura que los justiciables puedan tomar decisiones informadas y que sus derechos fundamentales sean respetados”.
Asimismo, la institución pide que los colegios profesionales tengan un papel específico en la promoción y gestión de los MASC por su cercanía con los ciudadanos y profesionales. La propuesta del ICAM subraya la necesidad de reforzar sus competencias, permitiéndoles actuar como garantes de la calidad en los procesos de mediación y arbitraje, así como en la formación y supervisión de los mediadores y demás terceros neutrales.
Además, el colegio solicita mayor especialización en los servicios judiciales. Concretamente, en las áreas más sensibles como los asuntos de familia, infancia y capacidad. Se plantea la necesidad de implementar una formación especializada y continua para jueces y magistrados, asegurando que estén debidamente capacitados para abordar los complejos casos que surgen en estas materias”, señala la institución.
“El ICAM reitera su compromiso con una justicia eficiente, accesible y equitativa, pero advierte que la obligatoriedad de los MASC y su vinculación a la condena en costas podría convertirse en una barrera para el acceso a los tribunales. Por ello, solicitamos a los Grupos Parlamentarios en el Senado una reflexión profunda para preservar los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva”, concluye Eugenio Ribón.