Andema y la FEMP se alían para frenar la venta ambulante ilegal en los municipios
La Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se comprometen a trabajar para luchar contra el comercio de falsificaciones
La Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) han firmado este viernes un convenio de colaboración para fomentar la protección de la propiedad industrial en el ámbito local y sensibilizar a los ciudadanos y las administraciones locales contra las actividades que vulneran los derechos de los titulares de marca y que suponen un peligro para el comercio y el consumidor, como las falsificaciones.
El director general de Andema, Gerard Guiu Ribé, y el secretario general de la FEMP, Luis Martínez- Sicluna Sepúlveda, han firmado en Madrid el convenio que sienta las bases para la colaboración entre ambas instituciones en el diseño, desarrollo y ejecución de acciones de interés común en el ámbito municipal para la defensa de la propiedad industrial, el comercio local y el ciudadano.
“Los municipios y las provincias, ciudades y pueblos, son clave en la protección de la propiedad industrial y en la lucha contra el fenómeno de las falsificaciones. Sus calles se llenan de vida gracias al comercio local y al defender la propiedad industrial y crear acciones de sensibilización, fomentas la protección de ese comercio, del empleo de sus vecinos y, por supuesto, de la seguridad y salud de sus ciudadanos”, señala Guiu.
Para el secretario general de la FEMP, el acuerdo “da forma al compromiso de la federación en defensa de las marcas y del comercio local”. Juntos, ha explicado, “trabajamos para avanzar en la acción local contra las falsificaciones y en la sensibilización de la ciudadanía”.
En el acuerdo firmado hoy, las partes se comprometen a poner en marcha acciones como la celebración de foros de debate y actividades formativas; compartir asesoramiento a los ayuntamientos y buenas prácticas para promover el comercio legal y frenar la venta ambulante ilegal; o a poner en marcha de planes y programas que impulsen el conocimiento del valor de la propiedad industrial y sensibilicen a la población sobre los enormes perjuicios que provocan las falsificaciones, entre otras cosas.
