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En colaboración conLa Ley

Joaquín Merchán: “Estamos hastiados ante una forma insostenible de implementar las normas”

“Venimos trabajando mañana, tarde y noche, sin desconexión digital y sin nuestro derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral”

Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de los Graduados Sociales de España.
Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de los Graduados Sociales de España.imagen cedida

Joaquín Merchán ocupó el puesto de presidente en funciones del Consejo General de los Graduados Sociales de España el pasado mes de octubre, tras la dimisión de Ricardo Gabaldón. Ayer, 7 de mayo, tomó posesión del cargo de manera oficial. En una charla con CincoDías, el nuevo director de orquesta ha explicado cuál es su hoja de ruta durante su mandato que finaliza en 2026. Piden mejorar las relaciones con las administraciones; en concreto, con la Tesorería General de la Seguridad Social: “Recibimos notificaciones los sábados e incluso domingos a las dos de la madrugada”, afirma Merchán. Otro de los puntos marcados en amarillo es conseguir que los graduados puedan firmar recursos de casación ante el Tribunal Supremo. “Es una cuestión de justicia”, declara a este medio.

Pregunta (P) Como presidente electo, ¿Cuál es su hoja de ruta?

Respuesta (R). Para dotar a la profesión se ha puesto en marcha el primer plan estratégico para los graduados sociales. Este es un primer gran reto que estamos desarrollando desde la Comisión Permanente del Consejo y desde todos los colegios profesionales de España, con sus juntas de gobierno. Esta medida sirve para determinar el desarrollo profesional y de las instituciones colegiales enfocadas a las áreas de comunicación, marketing y formación de los profesionales como garantía de calidad. Es un plan que se adapta a los cambios, a la competitividad, al liderazgo profesional y a la unidad del colectivo y trabajo en equipo.

P. La relación con las administraciones preocupa al colectivo, ¿Cómo se encuentra ahora?

R. Estamos muy preocupados. Estamos exhaustos con la relación que tenemos con la Tesorería General de la Seguridad Social. Desde la pandemia venimos trabajando mañana, tarde y noche, sin desconexión digital y sin entender por parte de las administraciones públicas nuestro derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. No se puede seguir soportando esta situación. Recibimos notificaciones los sábados e incluso domingos a las doce de la noche o a las dos de la madrugada. Es verdad que nos están escuchando para intentar solucionar este problema, pero a día de hoy no está solventado. Además, los graduados sociales estamos desconcertados y hastiados ante una forma de legislar, publicar e implementar unas normas que es insostenible en la forma y en el fondo para una profesión jurídica experta en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Queremos que se legisle teniendo en cuenta a los graduados sociales, no a los políticos.

P. ¿Qué medidas solicitan?

R. En este momento estamos echando en falta una reciprocidad por parte de las administraciones públicas. Desde la declaración del estado de alarma, la atención presencial se ha reducido al mínimo, solo para situaciones excep­cionales. Es difícil conseguir una atención telefónica y algunos de los canales de comunicación no funcionan correctamente. Es necesario crear canales de comuni­cación para los graduados sociales. Necesitamos que faciliten servicios y herramientas que garanticen una atención personalizada. Tienen que facilitar un servi­cio de citas presenciales para profesionales, atención telefónica y videollamadas en las que se pueda consultar con el funcionario las cuestiones pertinentes. En definitiva, los graduados sociales pedimos una atención humanista para mejorar la calidad del servicio de la administración pública.

P. Urge al colectivo poder presentar recursos de casación en el Supremo. ¿Hay avances?

R. Se está trabajando en esta materia, no podemos decir más. Los graduados sociales podemos actuar en primera instancia y segunda instancia y en el recurso de suplicación ante los tribunales superiores de justicia, pero todavía nos queda este recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Ello supondría la culminación de nuestra actuación jurídica que ya veníamos haciendo, la única diferencia es que los recursos de casación los tiene que firmar un abogado. Nosotros participamos en todo el proceso, ¿Qué sentido tiene que no podamos firmar ese último recurso? Creo que esta situación se tiene que llevar ya a una ley para que efectivamente los graduados sociales podamos firmar este recurso de casación ante el Supremo. Es una cuestión de justicia.


Deberíamos tener un papel fundamental en la ejecución de nuevas leyes porque la norma pierde sin nuestro dictamen técnico

P. ¿Deben tener un papel en la elaboración de nuevas leyes?

R. Claro que deberíamos tener un papel fundamental en la elaboración de las leyes. Lo hemos pedido por activa y por pasiva. Es una pena que no se nos tenga en cuenta porque la ley pierde mucho sin nuestro dictamen ­técnico. Yo no puedo exigir estar en una ley, pero sí puedo exigir que se nos tenga en cuenta en la implemen­tación. Hemos pedido a la Dirección General de Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo estar en esa implementación y, ¿por qué no?, también en la elaboración. Si se nos tuviera en cuenta, las relaciones laborales funcionarían muchísimo mejor y, por ende, saldrían beneficiados tanto los empresarios como los trabajadores.

P. En derecho laboral, ¿hay alguna norma que necesite un cambio?

R. Estoy pidiendo que los agentes sociales se pongan a trabajar con el Gobierno en el nuevo estatuto del trabajo del Siglo XXI. Una norma en la que estén incluidos los trabajadores, también los autónomos. Es importante contar con este nuevo estatuto para recoger las nuevas realidades de esta sociedad en temas de igualdad, negociación colectiva o teletrabajo. La ley se ha hecho mayor y es necesaria una renovación para ofrecer nuevas garantías a los ciudadanos.

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