El Colegio de la Abogacía de Madrid denuncia al Ministerio Fiscal por revelación de secretos
El ICAM considera que la nota oficial difundida por la Fiscalía de Madrid sobre el proceso a la pareja de Ayuso por defraudación fiscal puede incurrir en un delito
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha presentado este miércoles, 20 de marzo, una denuncia contra el Ministerio Fiscal por la nota de prensa oficial difundida por la Fiscalía de Madrid recogiendo datos concretos de comunicaciones de un letrado en el marco de un proceso de conformidad en curso. El caso en concreto es el de la querella por el fraude fiscal cometido presuntamente por la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La fiscalía habría vulnerado su deber de sigilo y discreción así como el derecho de los contribuyentes a un proceso con todas las garantías en su vertiente del derecho a un juez imparcial. La decisión de denunciar al Ministerio Fiscal fue adoptada por la junta de gobierno del colegio de la abogacía (ICAM) el pasado lunes. La batería desplegada por el ICAM incluye también una denuncia administrativa por los mismos hechos.
A juicio del ICAM estos hechos “ofrecen indiciariamente caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 del Código Penal, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público -en el caso que nos ocupa, del representante del Ministerio Fiscal-, del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.
El ICAM entiende que el autor material del presunto delito “sería el funcionario del Ministerio Fiscal que haya ordenado o consentido la publicación de la nota informativa de 14 de marzo de 2024 y/o del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 en virtud del cual abogado del obligado tributario manifestó al Ministerio Público su intención de llegar a un pacto de conformidad con la pena solicitada por el mismo, pues es quien, teniendo conocimiento del secreto o de la información como consecuencia del cargo que desempeña, lo revela, haciéndolo público”.
Es decir, la denuncia (y no querella por este motivo) no se dirige contra una persona en particular, sino que deja en manos del juzgado la investigación de las responsabilidades penales que se denuncian.
El Colegio de la Abogacía de Madrid detalla en la nota publicada este miércoles detalles técnicos de la denuncia interpuesta. Así mismo entiende que la publicación de la nota informativa de 14 de marzo de 2024 y el contenido del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 “desbordan el deber de información” que “queda acotado con otra obligación superior, que es la preservación de la reserva y sigilo y es evidente que la misma se proyecta cuando se está en un proceso de negociación para llegar a una conformidad en el ámbito penal”.
A juicio del decano del ICAM, Eugenio Ribón, “la Abogacía de Madrid, y aun partiendo de la base de la excelencia y profesionalidad de todo el cuerpo de fiscales, ante esta vulneración gravísima no puede ni permanecer impasible ni resignarse. Es nuestro deber actuar con vigor y determinación. Por ello, hoy, el ICAM no se arrodilla e inicia un despliegue sin precedentes de acciones legales y medidas de respuesta, erigiéndose como baluarte indiscutible del derecho de defensa, actuando no solo en nombre de sus colegiados sino de la sociedad en su conjunto” ha señalado.
Denuncia administrativa
El ICAM también ha presentado de forma simultánea una denuncia formal que inicia un procedimiento administrativo sancionador “contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.
Además, el colegio madrileño ha remitido una comunicación formal al Consejo General de la Abogacía para que se revise el actual protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado para establecer mecanismos reforzados de confidencialidad.
En tanto ello no se produzca, se señala en el comunicado, “el ICAM se desvincula del mismo dada su inadecuación y a que, vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado”, tal y como se consideró en la junta de gobierno del pasado lunes.
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