El Gobierno aprueba la subvención anual para la asistencia jurídica gratuita, 54,2 millones de euros
El CGAE confía en que la inyección de dinero público acelere el pago de las mensualidades atrasadas
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, y por vía de real decreto, a la concesión anual de subvenciones para indemnizar a los abogados y procuradores que presten servicios de asistencia jurídica gratuita. La partida servirá para indemnizar a los psicólogos que den atención psicológica a las víctimas de delitos en 2024, y además, a los profesionales de los tres colectivos que aún estén pendientes de cobro por servicios prestados en 2023.
La línea aprobada es de 54,2 millones de euros. De estos, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) recibirá 48,3 millones, cantidad que incluye 1,83 millones para acelerar los impagos pendientes del 2023. Mientras que el Consejo General de Procuradores de España recibirá cinco millones, y por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, un millón. La partida iguala la subvención que el Ministerio de Justicia otorgó el año pasado para los letrados, donde 46.418.990 euros fueron para Abogacía.
Valoración
El CGAE valora que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros “permitirá acelerar el pago de las mensualidades pendientes”, según han remarcado en una nota difundida este martes. La subvención hará posible acelerar el abono de los meses de noviembre y diciembre del 2023 y enero de 2024 en el territorio Ministerio, que aún están impagadas.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expuesto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que la cantidad aprobada permitirá asumir el coste de los servicios prestados por los abogados adscritos al Turno de Oficio y por los Procuradores, involucrados en este servicio fundamental para el ejercicio de la tutela judicial efectiva, ha dicho. Esta ayuda “contribuye a hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, cuya garantía corresponde a los poderes públicos, y a garantizar el apoyo a todas las personas que hayan sido víctimas de delitos”, remarcan fuentes ministeriales.
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