Las notificaciones descendieron un 43% debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia
Las provincias más afectadas son Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Alicante y Asturias, mientras que Málaga, Sevilla, Valencia y Cádiz son las menos perjudicadas
El paro convocado por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que llegó este martes a su final tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia tras dos meses de huelga, ha supuesto un relevante impacto en el funcionamiento de los juzgados y tribunales de todo el país. En concreto, el descenso de notificaciones desde el inicio de la huelga ha sido del 43% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos registrados por la legaltech Atlante y Goriz Advisors, recopilados con Legal Insights.
Esta herramienta de análisis masivo de datos también arroja que, al cumplirse 62 días de la huelga en la que los LAJ reivindicaron mejoras salariales, las provincias más afectadas por el paro, con mayor volumen de descenso en las notificaciones mensuales (más de 10.000) con relación a 2022, son Murcia (-76%), Santa Cruz de Tenerife (-70%), Alicante (-58%) y Asturias (-58%). Por el contrario, Málaga, con un 23% menos, Sevilla (-24%), Valencia y Cádiz (-36%) son las provincias menos perjudicadas.
Por otro lado, las comunidades autónomas más afectadas son La Rioja (-95%), Murcia (-76%), País Vasco (-62%) y Galicia (-61%). En el otro extremo, las autonomías con menos descensos de notificaciones y, por lo tanto, las menos afectadas por el paro son Andalucía, con un 29% menos de notificaciones emitidas durante el mismo periodo de 2022, Aragón (-36%), Cataluña (-40%) y Madrid (-42%). Por último, los datos de Atlante señalan que la media de suspensiones diarias debido a la huelga durante este periodo ha sido del 30% del total de los señalamientos y vistas programadas.
Según ha dicho Sonia Benito, managing director de Atlante, “podría tardarse de cinco a diez meses en compensar el atraso generado por la huelga", pero solo "si los letrados de la Administración de Justicia son un 15% o un 20% más eficientes que antes. En caso contrario, este tiempo se puede alargar hasta que la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal introduzca mejoras que signifiquen mayor eficiencia en los juzgados”.