Llop y Garamendi muestran su sintonía para digitalizar los juzgados españoles
El I Foro de Transformación Digital fue un punto de encuentro para valorar cómo modernizar la administración justicia
La anunciada digitalización de la justicia parece dar sus primeros frutos. Este jueves, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado cómo la transformación de los juzgados ya ha permitido la tramitación en España de 440.000 juicios telemáticos, 88.000 accesos al expediente judicial electrónico o 318.000 textualizaciones de grabaciones de vistas.
“El Gobierno quiere posicionar a España como líder de esta transformación”, ha subrayado Llop. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha mostrado su buena sintonía con la ministra en este proyecto y ha asegurado que la patronal arrimará su hombro: "En esto no te preocupes, que estaremos con el Gobierno", le dijo a Llop.
El encuentro entre la ministra y el presidente de la patronal tuvo lugar en la clausura del I Foro de Transformación Digital, celebrado este miércoles y jueves en Madrid. El acto, llamado a ser un centro de debate para revolucionar la administración judicial española, fue inaugurado por el director Legal de la CEOE, José María Campos y el secretario de Estado de Justicia, Tonxu Rodríguez. Ambos coincidieron en poner en valor la importancia de la colaboración, la cogobernanza y la cocreación de valor entre el sector público y privado.
En el evento se presentaron los grupos de trabajo compuestos por actores públicos y privados orientados a compartir ideas y soluciones para afrontar diferentes aspectos de la digitalización de la justicia.
Una de las mesas, la dedicada a la seguridad jurídica digital, contó con participación de María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores, José Amérigo, socio de PWC, José Ángel Martínez, presidente del Consejo General del Notariado y Fernando Vives, presidente ejecutivo y socio director de Garrigues. En ella, se hizo hincapié en la necesidad urgente de abordar la transformación digital de la justicia sin dejar a nadie atrás para conseguir el objetivo que marca la agenda 2030 de la Comisión europea, según la cual, un 100% de los servicios públicos podrán ser digitales y el 80% ciudadanía europea tendrá identidad digital.
En este sentido, los ponentes insistieron en que el principal desafío es que los procesos en el entorno digital sean seguros y fiables.
Críticas
¿Cómo mejorará la tecnología la Justicia como servicio público? Este fue el centro del debate de la segunda de las mesas de trabajo. Manuel Olmedo, secretario general para la innovación y calidad del servicio público de justicia, destacó que la pandemia ha supuesto un gran avance en materia de cogobernanza – un término muy repetido en las dos sesiones – lo que ha mejorado la comunicación entre regiones y el intercambio de información. Ello, en suma, ayuda en la tarea de conseguir agilidad y reducir la burocracia.
Sin embargo, también hubo espacio para la crítica. Celso Rodríguez Ladrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cargó contra la administración "a varias velocidades" que, en su opinión, actualmente aún hoy existe. El magistrado lamentó que un proceso judicial se tramite diferente "en Almería y en Ourense" y los funcionarios tengan que lidiar con aplicaciones ofimáticas que a veces no son compatibles entre sí. Esmeralda Ramillo, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, coincidió en que "la dispersión no es eficaz ni eficiente, cuesta mucho dinero al erario público y no da respuesta".
Por su parte, Miguel Ángel de la Pisa, de AMETIC, remarcó la voluntad del sector privado en "aportar valor" al proyecto de digitalización que planea el Gobierno, algo en lo que coincidió Javier Santos, socio consultor de Deloitte, que llamó a "conocer y segmentar a los ciudadanos" para no dejar a nadie atrás.
410 millones de los fondos europeos para Justicia
Otro de los puntos fuertes de la jornada fue la mesa dedicada al grupo de trabajo sobre contratación, soluciones tecnológicas y fondos europeos. Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, recordó que la finalidad de este grupo de trabajo es “exprimir al máximo cada uno de los 410 millones destinados a la Administración de Justicia, procedentes de los fondos europeos, que tienen como objetivo mejorar este servicio público”.
En este espacio compartieron sus impresiones e ideas Víctor Calvo Sotelo, director general de DigitalES, Albert Triola, director general para España de ORACLE y Elena Muñoz, subdirectora general de Impulso de la Digitalización de la Administración. Todos ellos coincidieron en la importancia de la colaboración de todos los actores presentes en la administración de justicia tanto del sector público como privado y en aprovechar las ventajas de la tecnología para gestionar datos masivos, automatizar procesos y dar un buen servicio al ciudadano.
Justicia y mundo rural
Otro de los asuntos que levanta gran expectación es la creación de más de 7.000 Oficinas de Justicia que sustituirán a los actuales Juzgados de Paz. La medida se enmarca en el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros. Un texto que, como otra gran novedad, plantea la creación de los Tribunales de Instancia para sustituir a los actuales juzgados.
Sobre la cuestión, Carlos Daniel Casares, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), remarcó lo urgente que es acercar la justicia a la España más rural, donde muchos ciudadanos se ven obligados a recorrer largas distancias para comunicarse con la administración, o a tramitar asuntos que, con la tecnología, podrían ser totalmente telemáticos. En especial, subrayó, en un país donde el 87% de los ayuntamientos tiene menos de 5.000 habitantes.
En esta importante reforma, Pilar Villarino (CERMI) recordó la importancia de no dejar atrás a las personas con discapacidad; y Marius Albert Gómez Cazorla (AMETIC) puso el acento en la necesidad de acercar la justicia al ciudadano con un lenguaje comprensible, lo que históricamente ha sido una de las grandes asignaturas pendientes de la comunidad legal.