Ley de acceso y la procura del siglo XXI

Los procuradores estamos preparados para afrontar nuevas reformas que nos consoliden de una vez como verdaderos agentes de ejecución

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, en su sesión de 7 de diciembre de 2017, se aprobó el Plan Anual Normativo 2018 donde se estudió la posible reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador con el fin de adecuar la legislación nacional a las exigencias derivadas de la Directiva Bolkestein (2006/123/CE)

Se trata de una reforma probablemente necesaria, aunque hasta su aprobación ha generado cierta inquietud y expectación a un sector jurídico como el de los procuradores que vivimos con la amenaza persistente de la posible desaparición de la profesión.

Esta iniciativa normativa ha dado respuesta a la exigencia de Europa, al consolidar mediante un único título, el acceso a las profesiones de abogado y procurador. De igual modo, esta reforma permitirá que las sociedades profesionales mixtas puedan prestar ambos servicios (procuraduría y abogacía) de forma integral, pero salvaguardando la independencia entre ambas profesiones y, por último, este reajuste normativo fijará el límite de 75.000 € como cuantía máxima que puede devengar un procurador por un mismo asunto.

Del análisis de esta reforma queda a todas luces despejada la incertidumbre de la incompatibilidad entre ambas profesiones, así como la utilidad de la figura del procurador como garante de derechos fundamentales.

No hay duda de que a nuestro colectivo todavía le queda mucho camino por recorrer, llevamos años trabajando para que se nos confíe la ejecución de las resoluciones judiciales, bajo la dirección del letrado de la administración y el control de los jueces y magistrados, con el objetivo de lograr una mayor homogenización con el resto de Europa.

Estamos preparados para afrontar nuevas reformas que nos consoliden de una vez como verdaderos agentes de ejecución, es el único camino para que nuestro sistema judicial resulte ágil y eficaz. La ejecución en las reformas procesales es siempre la eterna olvidada.

Los procuradores de los tribunales somos un colectivo de gran utilidad para el impulso procesal de los diferentes procedimientos y especialmente de la ejecución, ése es uno de nuestros cometidos en la justicia del siglo XXI. No podemos seguir a la cola de Europa con la tasa de resolución y duración de los procedimientos de ejecución más amplia. Somos un cuerpo de profesionales especializados, cuya mayor dedicación a la ejecución mejoraría sin duda las ratios de resolución.

Adriana Flores, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona