Así castigan los jueces a los ciudadanos que se saltan la cuarentena
Quebrantar el confinamiento decretado por el Gobierno puede acarrear desde multas hasta penas de cárcel, dependiendo de la gravedad de los hechos
Cada día, miles de ciudadanos hacen oídos sordos a la obligación de quedarse en casa y son sorprendidos por la policía sin una razón de peso para estar en la calle. El procedimiento suele ser siempre el mismo: primero los agentes les piden que vuelvan a su domicilio, y si no lo hacen, les abren un expediente sancionador. No obstante, en ocasiones los infractores se resisten a cumplir las órdenes y son puestos a disposición judicial, sobre la marcha.
Según datos del Ministerio del Interior, durante el primer mes de vigencia del estado de alarma, se han producido 1.873 arrestos por violar el confinamiento decretado por el Gobierno. Muchas de estas detenciones han derivado en actuaciones penales que suelen cursar como juicios rápidos. Hasta el momento, los tribunales han condenado alrededor de una decena de personas, en todo el país, por delitos relacionados con la cuarentena.
Desobediencia grave
Exponerse al coronavirus no es un delito en sí mismo. Lo que realmente castiga el Código Penal es burlar el mandato de una autoridad y poner en riesgo la salud pública. Así lo demuestra un reciente fallo del Juzgado de Primera Instancia número uno de Pontevedra que condena por desobediencia grave a un hombre que escapó corriendo de la policía y se escondió detrás de un seto para no ser descubierto. El juez le ha impuesto una multa de 360 euros y le ha prohibido volver a circular por la vía pública mientras dure la emergencia sanitaria.
También pueden cometer desobediencia las personas que se nieguen a ser identificadas o que sean "cazadas" en reiteradas ocasiones. Es el caso de un vecino de la localidad coruñesa de Ribeira que tendrá que hacer frente a una multa de 720 euros por hacer caso omiso a las normas derivadas del estado de emergencia hasta en ocho ocasiones. El hombre reconoció los hechos y gracias a ello, consiguió llegar a un acuerdo con la Fiscalía, evitando así una condena mayor.
Atentado a la autoridad
Las consecuencias pueden ser mucho más graves si los infractores se resisten o traspasan la frontera de la violencia. De hecho, ya son varios los condenados a penas de cárcel por atentar contra la integridad física de los agentes. Sin ir más lejos, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria condenó el pasado 28 de marzo a cuatro meses de prisión, por un delito de agresión y otro leve de lesiones, a un joven que amenazó de muerte y propinó varios golpes a un policía mientras estaba siendo arrestado. Una vez más el acusado confesó los hechos y mostró su conformidad.
Una pena idéntica recayó la semana pasada sobre un hombre y una mujer que agredieron a un guardia civil en Oliva. Según el relato de hechos probados, la pareja recibió el alto mientras circulaba con un coche por un camino de la localidad alicantina. Tras salir del vehículo, el hombre dio un empujón uno de los agentes y la mujer forcejeó con los guardias varias veces para evitar que fuera detenido.
Quebrantos de condena
Ambas resoluciones, como tantas otras, no supondrán el traslado de los condenados a un centro penitenciario. El Código Penal permite a los jueces, mediante resolución motivada, dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad inferiores a 24 meses si no hay antecedentes penales. Sin embargo, hay ciudadanos que no se dan por aludidos y, a pesar de la amenaza de acabar entre rejas, vuelven a delinquir.
Precisamente, esta misma semana ha trascendido el caso de una vecina de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) que ha ingresado en prisión tras acumular dos condenas por quebrantar la cuarentena. La acusada fue sentenciada el pasado cuatro de abril a ocho meses de prisión, que ahora deberá cumplir de forma íntegra junto a una nueva pena de idéntica duración.
