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En colaboración conLa Ley

Los procuradores piden reactivar los juzgados y poner "a cero" los plazos procesales

Exigen la incorporación progresiva de todos los funcionarios para evitar el colapso judicial tras el cese del estado de alarma

Dos guardias de seguridad de los juzgados de Plaza Castilla piden papeles a las personas que quieren entrar.
Dos guardias de seguridad de los juzgados de Plaza Castilla piden papeles a las personas que quieren entrar.

El Consejo General de Procuradores ha exigido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial la reactivación inmediata de la actividad jurisdiccional de los tribunales, "paralizada como mínimo en un 95 por ciento", y  que se ponga a "cero" el contador de plazos procesales para garantizar la prestación de servicios esenciales tras el cese del estado de alarma.

El órgano de representación de los procuradores propone reanudar el trabajo en los juzgados, tanto de manera presencial como remota, respetando en todo caso los protocolos sanitarios. En ese sentido, piden que se dote al personal de justicia de los medios tecnológicos necesarios para operar desde casa y, en paralelo, se acuerde la asistencia de los funcionarios a las sedes judiciales de forma rotatoria "mediante turnos de mañana y tarde para que puedan realizar su trabajo con cumplimiento estricto de horario y jornada".

Los procurdores entienden que "tanto la dotación de medios como la incorporación al trabajo de los funcionarios disponibles podrá hacerse progresivamente con el fin de incrementar el porcentaje de funcionamiento de la Administración de Justicia". Asimismo, solicitan la puesta del contador "a cero" de los plazos procesales y administrativos hasta que se decrete el cese del estado de alarma, y abogan por que se apruebe un protocolo consensuado con los operadores jurídicos para la presentación gradual de escritos, recepción gradual de notificaciones y la programación de señalamientos.

Para el CGPE la emergencia sanitaria debe ser abordada por los poderes púbicos con amplitud de miras y sin escatimar esfuerzos en medios humanos y materiales. De no ser así, advierten, "corremos el riesgo de producir el efecto contrario al pretendido provocando efectos negativos en la recuperación económica y desequilibrios para los justiciables dependiendo del proceso judicial en el que se encuentren inmersos".

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