Piratería, armonización legislativa y otros retos de la propiedad intelectual
Aunque la protección legislativa en este ámbito ha crecido significativamente, el panorama sigue siendo muy complejo
Hoy, 26 de abril, se celebra el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. No obstante, y aunque a lo largo de este año la protección legislativa en este ámbito ha crecido de manera significativa, el panorama sigue siendo muy complejo. El desarrollo de Internet y su facilidad para divulgar contenidos protegidos a nivel global, entre otras cosas, ponen de manifiesto la dificultad a la hora de proteger estos derechos.
El antiguo marco, basado en un mundo compartimentado en diversos estados con diferentes ordenamientos jurídicos, se ha convertido en un "modelo desfasado", apunta Rodrigo Gallego, abogado asociado de Lener especialista en derecho del entretenimiento. En este sentido, uno de los obstáculos ante los que actualmente se encuentra la propiedad intelectual "tiene que ver con la falta de coercitividad". Esto es: con la falta de repercusiones legales (en forma de sanciones, por ejemplo) ante posibles infracciones, como la piratería. Esto se debe en gran medida a la complejidad a la hora de afrontar "únicamente con normas, jueces y policías nacionales" problemas que tienen un alcance global.
Armonizar normas
"La armonización de normas a nivel europeo y mundial se antoja como la principal opción de futuro", puntualiza Gallego, por lo que la labor de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (o WIPO por sus siglas en inglés) resulta fundamental.
En este sentido, el pleno del parlamento europeo aprobó el pasado 26 de marzo la Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que todavía debe pasar por el filtro del Consejo de la UE que determinará su entrada en vigor. Entre sus principales novedades, el texto responsabiliza a las plataformas digitales del contenido que los usuarios suben a las mismas, debiendo además eliminar la información que vulnere los derechos de propiedad intelectual de terceros. El objetivo, matiza el letrado, es el de garantizar una "justa y equitativa remuneración de los creadores y la protección de los mismos frente a los excesos que cometen en ocasiones las multinacionales tecnológicas".
Cierre de páginas
Otro de los principales desafíos a los que se enfrentan los especialistas en este ámbito es la permisión de cierre de páginas webs sin autorización judicial. Esta novedad, introducida en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor el pasado 2 de marzo, permite que la entidad competente (la denominada Comisión Sinde) cierre determinadas páginas que estén cometiendo infracciones graves conducta infractora, siempre y cuando dicha gravedad esté justificada, haya una repercusión social y durante un máximo de un año.
Javier Romano, socio de Lener especializado en propiedad industrial, califica esta modificación de controvertida, "por cuanto los derechos van a ser restringidos sin la intervención judicial".
Asimismo, el letrado hace referencia a otro apartado de la ley, que obliga a las entidades de gestión de propiedad intelectual (como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) o el Centro Español de Derechos Reprográficos, abreviado como CEDRO) a garantizar un control y trasparencia "de tanto lo que cobran, como de su régimen interno", subraya.
Licencias para las agencias
Esta misma reforma incluye también un elemento importante relacionado con la actividad que desarrollan los gabinetes de comunicación de las empresas y las agencia: el uso no comercial de artículos de prensa dentro de las empresas e instituciones "requiere de la autorización de los titulares de derechos".
Esto es, que para la difusión interna de los resúmenes de prensa, o press clipping, es necesario que las empresas soliciten una licencia a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, "abonando la tarifa establecida que les autorice a realizar esa difusión", agrega Romano.
Hasta ahora, la difusión interna dentro de una organización de los resúmenes "parecía estar en un cierto limbo jurídico", explica el jurista. Pero la nueva ley lo deja claro: todas las empresas deben tener en cuenta que la difusión de noticias de prensa entre los directivos y empleados de cualquier organización requerirá de una licencia. De esta forma "se protegen los derechos de periodistas y medios de comunicación", concluye Romano.