Legislar las redes sociales debe ser la última opción para combatir la desinformación
Lo que no es legal offline no puede ser legal por ser online, y ello requiere nuevas herramientas
El bulo ha existido siempre, lo que ha cambiado es la forma de difusión de la información, de toda la información, no solo aquella que está contrastada sino también la que es errónea, falsa o está manipulada. La globalización, la inmediatez y la accesibilidad que ofrece internet en las sociedades democráticas han hecho del problema de las noticias falsas o falseadas, un asunto de Estado. Pero, ¿cuál es el marco legal con el que contamos en España para combatir el fenómeno de la desinformación?
Tal y como explicó Julia Muñoz-Machado, abogada y socia del Bufete Muñoz Machado, se trata de resolver el tradicional conflicto entre libertad de información y expresión frente a los derechos al honor y a la intimidad, para el que existen medios soluciones civiles como el derecho de rectificación o incluso la vía penal a través de los delitos de injurias o calumnias. En cualquier caso, en la poderación de estos derechos fundamentales la jurisprudencia suele prevalecer el derecho información siempre que la información sea veraz. Pero parece que esa exigencia de veracidad no se hace extensible a la redes sociales que como destacó Juan Antonio Orgaz, vicepresidente y director de eventos de DENAE, "distribuyen información con unas lógicas distintas y un régimen jurídico más liviano que los medios de comunicación".
Y es que como advirtió, Carolina Pina, abogada y socia de Garrigues, la directiva sobre comercio electrónico de la Unión Europea excluye de responsabilidad de las redes sociales por lo que se difunde en ellas, porque no son autores de los contenidos. De modo que únicamente tienen el deber de colaborar en la retirada de los contenidos cuando reciban la notificación de que un contenido es manifiestamente ilícito. De hecho tal y como apunta, Carolina Pina, lo contrario conllevaría dos grandes riesgos “primero la propia viabilidad del negocio por la imposibilidad de controlar el ingente volumen de información y en segundo lugar, les convertiría en árbitros de la verdad, estableciendo una censura”. La directiva prohíbe expresamente a los Estados miembros que impongan a estas plataformas la obligación de monitorizar sus contenidos. Por lo tanto, cualquier regulación que se haga en este sentido deberá hacerse en el marco de la Unión Europea.
Para Vicente Moret, letrado de las Cortes Generales en el congreso de los diputados, existen tres bloques de soluciones posibles. En primer lugar, iniciativas relacionadas con la cultura digital, promover a través de la educación una ciudadanía con espíritu crítico que reivindique la importancia de la verdad y no asuma sin más la información que recibe. En segundo lugar la autorregulación del sector, es decir, un código de conducta al que se adhieran las redes sociales y que propicie mayor transparencia. En este punto insistió en las posibilidades que pueden ofrecer el blockchain y la inteligencia artificial para desvelar cómo funcionan los algoritmos utilizados por estas plataformas.
Como última solución Moret apuntó a la regulación de la actuación de las redes sociales para limitar los efectos nocivos de las noticias falsas o fake news. Para ello puso el ejemplo del proyecto de ley de Macron en Francia que pretende regular la difusión de informaciones falsas en los procesos electorales. El norma francesa contempla según indicó Muñoz-Machado importantes multas e incluso penas de hasta 5 años de cárcel en los supuestos muy graves. Otro de los países europeos que ha optado por regular este fenómeno ha sido Alemania. Su ley que entró el vigor el pasado 1 de enero se aplica a las redes sociales con más de 2 millones de usuarios, que tal y como explicó Carolina Pina, podrán ser sancionadas con hasta 50 millones de euros si no retiran los contenidos ilícitos (incluidos delitos de odio, símbolos nazis, difamaciones, etc…) o noticias falsas en un plazo que va desde 24 horas para aquellos que sean manifiestamente ilícitos hasta siete días. De esta manera, se asegura una mayor celeridad en la retirada, aun así la ponderación de si algo es verdad o no sigue correspondiendo en última instancia a los tribunales salvo que el contenido sea manifiestamente ilícito.
