La transposición de directivas: objetivo 2018
El Plan Anual Normativo prevé transponer un total de 52 directivas España se arriesga a ser sancionada si no cumple con los plazos previstos
El Ejecutivo tendrá que aplicarse a fondo para cumplir con sus obligaciones legales con la Unión Europea. Según el Plan Anual Normativo para 2018, aprobado por primera vez el pasado mes de diciembre, el Gobierno deberá incorporar a nuestro ordenamiento jurídico hasta 52 directivas a lo largo del año. Ello sin contar con las iniciativas normativas que el Gobierno tenía previsto aprobar antes de que finalizara 2017, y que se suman a esta cifra.
El dato que aporta este plan anual, una novedad que se introdujo en 2015 para cumplir con el objetivo de transparencia, no implica sin embargo la aprobación de igual número de normas, pues una misma disposición puede transponer varias directivas. De las de 287 normas que se prevén aprobar este año, 44 propuestas normativas se derivan de la transposición de directivas europeas: 4 son leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 23 reales decretos. Si bien el instrumento normativo a través del cual se implementan habitualmente las directivas es una ley, también se pueden incorporar las medidas previstas en el derecho comunitario a través de normas con valor reglamentario. En otras ocasiones, la transposición de una directiva requiere la aprobación de una ley orgánica, por tratarse de regulación de derechos fundamentales, como, por ejemplo, sucederá con la aprobación de la ley orgánica sobre el tratamiento de datos personales para fines judiciales y penales. Esta cuestión tiene relevancia si tenemos en cuenta que el Gobierno no dispone de mayoría en el Congreso, y la tramitación de algunas leyes se puede complicar si no consigue suficiente apoyo de los partidos de la oposición. De hecho, en 2017 el Ejecutivo ha recurrido a los reales decretos leyes para transponer directivas, intentando paliar el atasco legislativo del año anterior.
Entre las iniciativas legislativas programadas destacan la modificación del Código Penal para incorporar tres directivas, una de ellas relativa a la recientemente creada Fiscalía Europea, responsable de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, que deberá implementarse antes del 6 de julio de 2019. En el ámbito económico, si bien el Gobierno aprobó en diciembre de 2017 la transposición parcial, en lo relativo a los centros de negociación, de la directiva de mercados e instrumentos financieros, conocida como MIFID II, el plan incluye varias disposiciones clave en el terreno mercantil. Este año debería incorporarse definitivamente esta directiva que afecta a la ley de mercado de valores, y que ya acumula retraso, pues debería estar implementada desde julio de 2017. También se incorporará a nuestro ordenamiento una ley que regule el sistema institucional de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero, ya prevista en la ley 7/2017, que transponía la directiva relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
En cuanto a los reales decretos que se prevé aprobar, se anticipa que se adecuará la normativa sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, de emisiones contaminantes y de protección del medio marino, entre otras materias. Por otro lado, también está programado desarrollar algunas de las leyes mediante las que se incorporarán las directivas europeas.
Tabla de directivas que serán incorporadas en 2018
Para consultar una práctica tabla con todas directivas que se prevén transponer mediante ley o ley orgánica, con el dato de la fecha máxima de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, pincha aquí.
Multas contra los retrasos
Lo cierto es que, para ajustar nuestra legislación a la normativa comunitaria, el Gobierno debe implementar las medidas aprobadas en Europa en diversos ámbitos antes de que finalice el plazo acordado en cada directiva. Urge por tanto, en primer lugar, la aprobación de leyes o reales decretos para incorporar aquellas directivas cuyo plazo ya ha vencido. Ante las graves consecuencias de seguir acumulando retraso en su transposición, el Gobierno impulsó algunas iniciativas, como el proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Intentaba evitar así una cuantiosa sanción, de hasta 100.000 euros diarios, por una demora de más de año y medio en la incorporación de las medidas establecidas para proteger a los hipotecados, y por lo que España fue denunciada ante el tribunal de justicia europeo en abril del año pasado. Junto a esta ley, el plan normativo prevé asimismo una regulación reglamentaria de este tipo de créditos.
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