Bruselas responderá el 3 de agosto sobre el ‘caso Popular’
La Junta Única de Resolución deberá decidir si admite o no el recurso sobre la quiebra del Banco Popular AEMEC reclamará 1,85 euros por acción para los accionistas afectados
Antes del 3 de agosto Bruselas deberá de manifestarse sobre la admisión o no del recurso presentado por Navas & Cusí ante la Junta Única de Resolución (JUR) por el llamado 'caso Banco Popular'. Es el compromiso del vicepresidente del panel de recursos de la JUR, Yves Herinckx, en la reunión mantenida con el despacho con motivo del recurso.
Posteriormente según expone el bufete, tendrán hasta el 14 de agosto para efectuar las oportunas alegaciones y responder al escrito del panel de recursos de la JUR. Durante la reunión, la JUR informó que el pasado 19 de julio inadmitió 5 recursos por no haber apelado al reglamento del Mecanismo Único de Resolución (MUR).Y es por ello que Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí aclara que ellos sí han apelado al reglamento "porque es el que rige el funcionamiento de la JUR" y en su opinión, "la JUR no ha respetado lo señalado en el reglamento”. En concreto el recurso recoge que la JUR ha incumplido el art. 90.3 del Reglamento del MUR que establece la obligación de facilitar la documentación que lleva a tomar la decisión de resolución.
Por su parte, la directora general del Consejo de la JUR, Ewa Kilma, explicó que la JUR no hizo públicos los informes “porque nadie se los había pedido”. Además, consideró que los argumentos esgrimidos en el recurso “no son claros” y consideró que “sería preferible” que los apelantes acudieran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo.
Desde el despacho Navas & Cusí entienden que los accionistas tienen derecho a conocer los motivos por los que su banco ha sido intervenido y declaran que prefieren que sea la Junta Única de Resolución quien se pronuncie.
Por otro lado, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), ha anunciado que emprenderá acciones legales para que los accionistas afectados por la quiebra del banco Popular obtengan una indemnización de 1,85€ por acción, puesto que consideran que la valoración que se realizó en el momento de su resolución no tuvo en cuenta la capacidad de la entidad para generar resultados futuros y fue una mera valoración patrimonial de la empresa.
