La reforma de la ley concursal es verdaderamente necesaria, según juristas y economistas

Debería incrementarse la inversión en justicia, tanto en medios como en recursos humanos Es necesaria una reforma de la planta judicial para que la justicia sea más eficiente

El funcionamiento eficiente del sistema judicial es un factor clave de la competitividad de la economía. Sin embargo, cuando se habla de las reformas económicas, se suele olvidar el relevante papel que juega el buen funcionamiento de la Justicia en el intercambio de bienes y servicios, en la contratación de trabajadores, en los índices de morosidad o, en general, en cualquiera de los determinantes del crecimiento económico. Algunos ejemplos recientes, como la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo en los créditos hipotecarios, la contratación on-line de las viviendas turísticas en Madrid o Barcelona, o las resoluciones sobre el uso de UBER o CABIFY, han puesto de manifiesto el creciente impacto de la Justicia en el ámbito económico.

Estas y otras conclusiones han surgido en el encuentro que ha cerrado el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizado por el Consejo General de Economistas, titulado Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía, que durante tres días ha reunido en el Palacio de la Magdalena de Santander a personalidades del mundo de la economía, de la judicatura, de la empresa y a diversos operadores del ámbito económico-jurídico, en cuya inauguración participó el Ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Durante el curso, se ha destacado la importancia de una reforma integral de la Ley Concursal, que aclare los mecanismos preconcursales y los integre con los concursales. Para evitar que muchas empresas cierren de forma no legal, engrosando las cifras de economía sumergida, habría que introducir medidas que hicieran que los concursos de acreedores fueran más atractivos, como disminuir el coste y que el procedimiento sea menos procesalista, más práctico y con mayor contenido económico y empresarial.

En este sentido, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, ha señalado que “la reforma de la Ley Concursal debería contemplar el incremento del uso de sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, y reforzar el mecanismo de segunda oportunidad limitando los privilegios de los créditos públicos”.

Una de las propuestas más interesantes es la del incremento de la inversión en Justicia. En lo concerniente a las necesidades de medios humanos, es imprescindible acercar la ratio de jueces por habitante a la media europea. España tiene exactamente la mitad de jueces que la media europea: 5.500 jueces, y para alcanzar la ratio europea de 21 jueces por 100.000 habitantes deberíamos contar con 9.600 jueces.

Es por ello que, durante tres días, expertos en la materia han analizado el binomio economía-justicia y han realizado una serie de propuestas para mejorar en la eficiencia del sistema judicial español, si bien la mayoría de estos expertos ha reconocido que en los últimos años se han producido importantes avances en el ámbito de la Justicia que han contribuido al reciente crecimiento económico de nuestro país. Así, según datos del Doing Business del Banco Mundial, de 2010 a 2016, España ha avanzado 30 posiciones en cuanto a facilidad para hacer negocios (del puesto 62 en 2010 al 32 en 2016), estando ahora cerca de algunos países del G7 como Francia (puesto 20) o Japón (34).

Las propuestas que han surgido de este encuentro son muy numerosas: la necesidad de mejorar los plazos de resolución de los asuntos ingresados, de reforzar los mecanismos de agilización de los procedimientos judiciales o la modernización de diferentes normas, en especial una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y una nueva normativa concursal son algunas de ellas. Destacan la necesidad de introducir medidas que hicieran que los concursos de acreedores fueran más atractivos. Para para descongestionar a los juzgados, proponen el impulso los sistemas alternativos de resolución de conflictos, tanto la mediación como el arbitraje. Además, es necesario reforzar el mecanismo de “segunda oportunidad” con objeto de reducir la economía sumergida.

Las medidas que proponen para reducir la litigiosidad pasan por el deber de potenciar la jurisdicción voluntaria atribuida a órganos no judiciales. También deberían tomarse medidas para racionalizar el número de conflictos que llegan al sistema judicial, con el incremento de la especialización de los órganos jurisdiccionales. Se debe avanzar en la armonización e interoperabilidad de las herramientas electrónicas del Estado y Comunidades Autónomas, además de redefinirse la planta judicial.

También proponen que debería mejorarse la técnica normativa, la regulación y la evaluación de las normas. Habría que avanzar en la vía de armonización de estándares legales y regulatorios en el seno de la UE. Además, habría que reducir la complejidad del entramado legislativo y evitar la profusión y la dispersión legislativa. Los legisladores deberían promulgar normas claras, simples y en un número reducido. Entienden que es importante fomentar el uso de servicios periciales con más asiduidad. Por último, las diversas fuerzas políticas deberían integrar un gran Pacto de la Justicia.