A quién protege el escudo
Parte del plan anticrisis corre el riesgo de dedicar más dinero público a amortiguar el golpe a quienes menos lo necesitan
“Esta guerra nos va a costar a los españoles 5.000 millones de nuestros impuestos”, dijo este viernes el Presidente, cuantificando el coste de las medidas anunciadas para proteger “a autónomos, al campo, a las pymes, a los trabajadores”, en lugar de “dedicar a becas, a sanidad, a dependencia”. Es verdad que España no ha decidido iniciar un conflicto que está provocando un repunte inflacionario de un alcance y duración difícil de dimensionar. Pero sí está escogiendo cómo responde a él. Así que el dilema que planteó Pedro Sánchez no se centra en lo que corresponde a los dilemas que debe plantearse un gobernante a la vez progresista y realista: dado lo que no puedo cambiar, ¿qué puedo mejorar para quien más lo necesita ahora mismo?
De las decisiones presentadas, algunas no responden bien a esa pregunta. El principal riesgo es que una buena parte de esos 5.000 millones acabe en bolsillos de los hogares menos expuestos al golpe. Por ejemplo: el consumo de hidrocarburos es mayor entre los hogares de más poder adquisitivo, así que la rebaja del IVA a los carburantes serán euros que el Estado dejará de ingresar (para “becas, sanidad, dependencia”) procedentes en mayor medida de bolsillos más pudientes.
Otras quizás sí lo hacen: la última vez que estuvo vigente la rebaja del IVA a la electricidad restó el doble de inflación sufrida por los hogares más pobres versus la del top 10%. Ello se debió al peso mucho mayor de este gasto entre los hogares con menos recursos (más del 5% de la cesta) frente al del top (menos del 2%). Además, rebajar su impuesto incentiva su uso frente a otras fuentes, sumando a la electrificación. Es decir: a la independencia energética. Hacerlo con los hidrocarburos produce el efecto contrario: subvencionas aquello de lo que dependes, reforzando así tu propia dependencia.
Pero ¿no podríamos coger esos millones y gastarlos directamente en los hogares que más van a sufrir el shock? Haciendo la cautela de que transferir renta en un entorno inflacionario tampoco sería necesariamente neutro respecto a la propia inflación, tenemos canales para hacerlo, pero su alcance es más limitado del que cabría desear. Tomemos el bono social eléctrico: el decreto prorrogaría los descuentos actuales, pero resulta que por su diseño no alcanza a la mayoría de hogares que, sobre el papel, podrían disfrutar de él. Y, de manera más general, tenemos un ingreso mínimo vital puesto en marcha hace apenas un lustro. Un avance, sin duda... que más de la mitad de los hogares con derecho no ven llegar, según la AIReF.
Como esos canales no fluyen, el Gobierno recurre hoy, como en 2022, a hacer política contra la carencia a través de impuestos indirectos: instrumentos no diseñados para ello, lo que desemboca en una batería de medidas que corre el riesgo de no proteger lo suficiente a los segmentos realmente en riesgo de caer o permanecer en la pobreza ante un shock como este.
Un ejemplo distinto en su naturaleza pero que sufre de la misma paradoja en resultados esperados es la medida que iría en “decreto aparte”: la congelación general de alquileres. Como hemos visto con los topes y controles de precios en vigor, tienden a desincentivar la oferta. Esta escasez da más poder de elección a quien ofrece, al propietario. Y el propietario, racionalmente, escoge a inquilinos de mayor ingreso, más estabilidad, mejor historial. Lo hace en detrimento de familias encabezadas por personas con carreras más irregulares, madres solas, jóvenes que empiezan. Una congelación, en el políticamente improbable caso de ir adelante, protegería a quien ya tiene contrato a costa de perjudicar aún más a quienes buscan y disponen de menos recursos.
Así que la elección real no es entre “becas” y “guerra”. Sino entre proteger con bisturí o con manguera: entre destinar la fuerza de los recursos a quienes el shock empuja al límite, o regarlos sobre todos esperando que caiga suficiente donde hace falta.