El Gobierno explorará cambios en la Ley Hipotecaria y la fiscalidad para limitar los pisos turísticos
La ministra Rodríguez carga contra Ayuso por “desentenderse” de la problemática de la vivienda
El Gobierno se ha propuesto limitar los pisos de alquiler turístico dentro de sus competencias y, para ello, ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial en el que se van a explorar la Ley Hipotecaria y la fiscalidad como herramientas para lograrlo, además de apoyarse en algunas sentencias del Tribunal Supremo que se han conocido en los últimos meses.
Así lo indicó este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una comparecencia junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras una reunión en la que trataron los principales problemas de acceso a la vivienda en la capital catalana, entre los que ambos mencionaron la proliferación de pisos turísticos, especialmente en las zonas más céntricas.
Como materialización del compromiso del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, el Ejecutivo ha puesto en marcha un grupo conformado por el ministerio que lidera la exportavoz del Gobierno y el ministerio de Industria y Turismo. “Estamos trabajando también para ver en el marco de nuestras competencias y desde la regulación qué podemos hacer para que esas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo turístico de nuestro país no propicien una privación de un uso social de la vivienda”, explicó Rodríguez.
La ministra subrayó que ha habido pronunciamientos recientes de los tribunales que van “en la buena dirección” ligando la gestión de viviendas para usos turísticos a un “fin económico”. En concreto, afirmó que hay sentencias del Supremo “muy reveladoras”. Rodríguez se refiere a las dos sentencias de la Sala de lo Civil del TS en las que avalaba el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica. El tribunal considera al respecto que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica.
Pese a esta cuestión, la ministra reconoció que las competencias del Estado en la materia son “limitadas”, ya que se trata de competencias “fundamentalmente autonómicas y en algunos casos locales” Por eso, afirmó, su regulación se aparcó de la Ley de Vivienda que el Gobierno aprobó el año pasado.
Así las cosas, Rodríguez subrayó que van a explorar “qué se puede hacer” en el ámbito de la Ley Hipotecaria y en la fiscalidad en la dirección que han marcado las sentencias del TS. Además, indicó que al grupo de trabajo se deberán sumar otros ministerios importantes como el de Economía o el de Hacienda.
Todo ello, dijo, con el objetivo de “acompañar a esas administraciones que son competentes” con instrumentos que estén en su mano o en la potestad del Estado “con una finalidad última que es la vivienda en su uso social”.
JÓVENES
Tras conocerse, por medio del informe publicado este miércoles por el Consejo de la Juventud de España (CJE), que solo el 16,3% de los jóvenes españoles se ha independizado del hogar familiar, la mitad de la media europea (31,9%), Rodríguez aprovechó para cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por “desentenderse”, a su juicio del problema de la vivienda siendo la autoridad competente.
Frente a la posición de la líder del PP madrileño, afirmó que el Ejecutivo va a hacer “todo lo contrario incluso en aquellos lugares en los que estemos extralimitando nuestras competencias”.
Como dio a conocer este martes y formaba parte del acuerdo con Sumar, Rodríguez subrayó que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) el Ejecutivo aumentará la cuantía del Bono Alquiler Joven, que contó con 200 millones de euros anuales para sus dos primeras convocatorias.
Aseguró que exigirán a las comunidades autónomas que hagan “bien” su trabajo porque durante el desarrollo de la medida ha habido regiones que han podido cumplir “de mejor manera y más eficiente” su tarea, otras que han complementado la ayuda como Cataluña y, por último, algunas autonomías donde ha habido “problemas que habrá que solventar”.
Hizo un llamamiento también a que la promoción privada “entre a construir vivienda asequible”, con una línea de 4.000 millones de euros. Además, recalcó que es “inminente” la firma con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de la línea de avales para facilitar el acceso a vivienda en propiedad a 50.000 jóvenes que el Ejecutivo aprobó el año pasado.
“Vamos a poner en marcha todos los instrumentos que estén en nuestras manos para hacer lo posible. Desde luego no nos entendemos del problema como ha hecho alguna presidenta autonómica”, insistió.
REGULACIÓN DE PRECIOS
La reunión entre Rodríguez y el alcalde de Barcelona se produjo una semana después de que la Generalitat de Cataluña anunciase que comenzaría a aplicar los límites a los precios del alquiler en el mes de febrero.
La ciudad condal será uno de los 140 municipios de Cataluña que se declarará oficialmente zona tensionada y, por tanto, someterá los contratos de alquiler a los límites de precios que entraron en vigor con la Ley de Vivienda.
Preguntada por el índice que estará listo durante el próximo mes y servirá para limitar los precios, la ministra afirmó que se ha hecho un trabajo técnico “complejo” en el que se ha podido “aprovechar” la experiencia de Cataluña, que ya contaba con su propio índice en virtud de su Ley de Vivienda autonómica. Señaló que han tratado de “ajustarlo” para que fuera “más global” y sirva de “referencia” a otros territorios.
“Estábamos ahora mismo haciendo una aproximación hasta 2.000 viviendas que hemos incorporado en esa referencia. Como les indico son trabajos técnicos muy concretos que se explicarán porque tienen que ver con distintos algoritmos y elementos que hemos cruzado para propiciar ese índice”, trató de explicar.
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