Moncloa responde a Junts y sus sanciones a empresas: “Siempre damos la máxima seguridad jurídica”
El Gobierno mantiene su confianza en aprobar sus tres decretos mañana y cifra en 3.297 euros el ahorro anual para una familia de cuatro miembros por las ayudas al transporte
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha contestado sin entrar ni en el fondo ni en el detalle a la propuesta lanzada por Junts, a cambio de apoyar los tres decretos económicos mañana en el Congreso, de sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña desde 2017 y que no han vuelto aún a la comunidad. “Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas”, ha replicado la también ministra de Educación, quien no ha dado nombres de partidos sino que ha apelado a “todos los grupos parlamentarios” a “decir sí” a las medidas planteadas.
Concretamente, Alegría ha recordado que en los decretos que deben convalidarse en el Congreso en su pleno de mañana está en juego la subida de 52 euros mensuales a 11 millones de pensionistas (por la desviación de la inflación en 2023) o las rebajas del IVA a los alimentos básicos o las ayudas al transporte. Sobre esta última, incluso ha expuesto un ejemplo de una familia de cuatro miembros con dos hijos mayores de 14 años que viva a las afueras de Madrid. Su ahorro anual asciende a 3.297 euros.
Por todo ello, ha insistido en que “los principales beneficiarios” de estos tres decretos “son todos los españoles” y ha tendido la mano a seguir negociando hasta el final. A este respecto, y ante la insistencia de los periodistas ha lamentado la poca disposición del PP al diálogo. “Debería acostumbrarse al diálogo”, ha reprochado. Eso sí, se muestra confiada en sacar adelante el envite parlamentario.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha incidido en que la seguridad jurídica y la confianza institucional “son un elemento clave” para el desarrollo cuando se le ha inquirido acerca de la propuesta de los nacionalistas catalanes. También ha resaltado la importancia de contar con los 10.000 millones de fondos europeos cuya recepción depende de que salga adelante al menos uno de los decretos pendientes (el llamado ómnibus, que recoge los avances en materia de justicia).
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