El Gobierno extiende hasta junio la supresión de las comisiones por la amortización anticipada de las hipotecas variables

El Consejo de Ministros ha aprobado también la prórroga del impuesto extraordinario a la banca y la prohibición de las tarifas por retirar efectivo en ventanilla para mayores de 65 años y discapacitados

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este miércoles, la extensión por seis meses, hasta junio de 2024, de la eliminación de las comisiones o compensaciones bancarias por la amortización anticipada de los créditos a tipo variable, la conversión a tipo fijo, así como la ampliación de la gratuidad a las conversiones de tipo variable a mixto. La medida, contenida en el Código de Buenas Prácticas y dentro del Escudo Social, ya fue adelantada la semana pasada por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.

Desde noviembre de 2022, las familias con ahorros han aprovechado para protegerse del incremento de los gastos financieros acogiéndose al Código de Buenas Prácticas que, a pesar de idearse para socorrer a los hogares vulnerables, recogía la eliminación de estas comisiones como un beneficio universal, independientemente del nivel de ingresos y del tipo de contrato de los solicitantes. Hasta septiembre de este año, la amortización anticipada de hipotecas se disparó casi un 20% y suma más de 50.000 millones de euros. Según el Banco Central Europeo, a cierre de septiembre los bancos españoles mantenían un saldo vivo de hipotecas de 497.950 millones de euros, lo que supone 13.000 millones menos que en diciembre de 2022.

Una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos.

Otro de los anuncios ha sido el de la prórroga por un año de los impuestos extraordinarios al sector financiero. Este tributo, junto al de las eléctricas, ha sido objeto de debate entre PSOE y Sumar en el marco de la renovación de las medidas anticrisis. Tanto que el alargue de las negociaciones ha sido provocado por esta iniciativa. Las vicepresidentas Nadia Calviño, que anunció que se revisaría, y Yolanda Díaz, que respondió que debía prolongarse, han mantenido un choque que parece haber ganado la titular de Trabajo. El impuesto a la banca se aplicará, además de 2023, en 2024.

Una vez que termine la prórroga en 2024, los socios de coalición se han comprometido a revisar los impuestos para convertirlos en permanentes a partir de 2025. Nacidos con el objetivo de financiar parte del escudo anticrisis, las tasas se aplican sobre los resultados de 2022 y 2023, pero se pagan en febrero y septiembre de 2023 y 2024, respectivamente. De lo recaudado el año pasado, 1.645 millones correspondieron a las empresas energéticas y otros 1.263 millones a las entidades financieras. Se prevé que en 2023 la cifra sea muy similar.

Sánchez también ha comunicado que se eliminarán las comisiones bancarias por retirada de efectivo en ventanilla para personas con discapacidad y mayores, lo que ha calificado de medida “inequívoca de justicia social”. Al igual que con las comisiones por amortización hipotecaria, Calviño ya avanzó la semana pasada que se prohibirían estas tarifas, después de reunirse con la banca, los usuarios y los mayores para ampliar el Código de Buenas Prácticas a familias de hasta 38.000 euros de renta anual.

Este fue otro anuncio esperado: la ampliación de las medidas de alivio hipotecario a las familias con una renta de hasta “aproximadamente” 38.000 euros anuales, en el marco del código de buenas prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad. El umbral aumenta así de 3,5 a 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Tal y como informó Calviño, se podrán beneficiar hasta 100.000 hogares más. Sin embargo, el código con el umbral anterior, de 29.400 euros, tuvo menos éxito del potencial calculado por el Gobierno y fue solicitado por más de 55.000 hogares, según datos del Banco de España.

Quienes entren en el nuevo paquete se beneficiarán de medidas que ya se vienen aplicando en el marco del mismo como es la congelación de la cuota hipotecaria durante 12 meses, la extensión del plazo de amortización de hasta siete años y para las familias con renta inferior a 25.200 euros se añade también la carencia de dos años del préstamo.

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