El Gobierno sumará 50.000 viviendas de Sareb a las 300.000 que componen el actual parque público
Calviño adelanta que además de vivienda, en los terrenos de Sareb se construirán hospitales, escuelas, aparcamientos y otros servicios públicos
El Gobierno quiere dar un paso adelante en el incremento del porcentaje de vivienda pública y contribuir así a cumplir con uno de los objetivos de una buena parte de los ciudadanos, que es tener acceso a la vivienda. En la actualidad, el parque de vivienda pública está compuesto por 300.000 viviendas, lo que constituye el 3% del total, una ratio que se sitúa por debajo del 9% de media del conjunto de países de la Unión Europea, según informó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Para cumplir con este objetivo se pretende aprovechar los 50.000 activos con los que cuenta la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que servirá, además, para ayudar a la inserción social de los nuevos inquilinos, al tiempo que se constituirá como un elemento de cohesión territorial. Según la vicepresidenta económica, esta actuación será plenamente coherente con “devolver a los ciudadanos una parte del coste de la financiación del banco malo en 2012″ y “maximizar el rendimiento económico y social de la respuesta que se dio a la crisis financiera de 2008″.
De esta manera, Sareb avanza en cumplir el objetivo anunciado por Pedro Sánchez de poner 50.000 viviendas a disposición de las Administraciones para alquiler social. El presidente del Gobierno anunció este domingo en un acto electoral del PSOE en Valencia que el conocido como banco malo cederá ese número de pisos dentro del plan ya conocido del Ejecutivo de impulsar 100.000 viviendas en arrendamiento a precio asequible, que también involucra a otras entidades como la sociedad pública de suelo Sepes.
Para conseguirlo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ofrecerá la venta de 21.000 viviendas ya identificadas a las Administraciones interesadas (ayuntamientos y comunidades autónomas).
De este total de 20.768 viviendas disponibles, localizadas en su mayor parte en el arco mediterráneo (60%), como consecuencia de que la mayor parte de los activos nocivos se dieron en zonas turísticas próximas al mar. La mayor cifra corresponde a la Comunidad Valenciana con 4.950 unidades, seguida de Cataluña con 3.539 y Castilla y León 2.288 unidades. Dentro de las comunidades con menores cantidades de vivienda está Navarra con 25 unidades, País Vasco con 81 y Baleares 120.
Murcia cuenta con 2.093 unidades, Andalucía 2.040, Castilla La Mancha 1.534, Galicia 1.285, Cantabria 611, Aragón 580, Madrid 455, La Rioja 388, Extremadura 305, Canarias 303 y Asturias 171. Ceuta y Melilla no disponen de ninguna vivienda.
De esa cifra, 9.000 son casas disponibles que están actualmente en comercialización a través de las inmobiliarias proveedoras de esta sociedad pública (Aliseda, Anticipa e Hipogés).
Si un consistorio o un Gobierno regional quieren ese inmueble, se retirará de la comercialización a compradores minoristas. De esta manera, si una Administración está interesada en uno o varios de los inmuebles, el banco malo dará prioridad a la institución pública. Otras 12.000 unidades saldrán a comercializar próximamente, una vez que se proceda a su mejora y habitabilidad, según Calviño.
La segunda pata del plan está basado en que otras 14.000 viviendas ya habitadas, pero de las que gran parte tienen arrendamientos irregulares (algunas por okupación) para familias vulnerables. De ese número, con 2.000 ya se ha avanzado en regularizar los contratos de alquiler social y otros 7.000 están en estudio.
Por último, otras 15.000 casas provendrán en los próximos años de la construcción de la vivienda nueva en colaboración público-privada en suelos de Sareb. Para ello, la consultora PwC actualmente está identificando para Sareb los suelos disponibles. En este caso, los inversores o promotoras interesados, construirán edificios en estos solares cedidos por el banco malo y los destinarán a alquileres asequibles.
Pero no todo van a ser viviendas. Calviño, ha señalado que la nueva estrategia de la sociedad también incluye la “cesión de suelos para construir hospitales, escuelas, aparcamientos y otros servicios públicos”.
Sareb se constituyó en 2012 con activos tóxicos bancarios ligados al ladrillo y tiene de vida hasta 2027 para deshacerse de los préstamos fallidos y sus activos entregados como colateral. Desde abril del pasado año, el FROB (dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos) pasó a controlar la entidad, virando su estrategia, antes centrada en la venta de inmuebles y ahora apunta más a un uso social de estos activos.
El socio de la coalición gubernamental Unidas Podemos ha exigido repetidamente que Sareb destine las viviendas a familias vulnerables y a precios por debajo de mercado dentro de un parque público de alquiler. En España, la competencia de vivienda depende de las comunidades autónomas, por lo que el banco malo busca ceder esas casas a las Administraciones competentes.
El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos han planteado en la legislatura un plan de 100.000 viviendas de precio asequible, aunque con avances bastante limitados. Aparte del plan anunciado por Sánchez, la Entidad Pública Estatal de Suelos (Sepes) avanza en la transformación de suelo para destinarlo a este fin.
Este mes, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) encabezado por Raquel Sánchez transfirió 260 millones de euros adicionales para comprar terrenos a Defensa en la Operación Campamento.
Esa operación conllevará impulsar un número aproximado de 12.000 casas.
El Sepes tiene actualmente diez actuaciones residenciales del plan de viviendas para el alquiler asequible, para más de 15.000 casas y, paralelamente, trabaja en el análisis de nuevas localizaciones para aumentar este número de pisos hasta superar los 30.000 en una década, según el Mitma.
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