Escrivá confía en que la mitad de los trabajadores retrasen su jubilación tres años para cuadrar las cuentas de su reforma
El economista Miguel Ángel García critica que los responsables de Seguridad Social hayan basado los cambios normativos en “hipótesis de muy improbable cumplimiento”
La reforma de pensiones recientemente aprobada por el Gobierno y por casi todos sus socios de investidura en el Parlamento sigue despertando las críticas de una buena parte de los expertos conocedores de la Seguridad Social. La última de estas críticas se suma a la de organismos públicos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) , Banco de España; o privados como Fedea, Funcas, BBVA Research o el Instituto de Actuarios y está entre las más severas. Se trata del documento La Reforma del sistema público de pensiones en 2022 y 2023. Contenido y posibles efectos, del economista Miguel Ángel García, profesor colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de Fedea y ex director de ordenación de la Seguridad Social, publicado este martes por el Instituto Santa Lucía.
En este crítico análisis, García considera que la reforma aprobada apuesta por la suficiente cuantía de las pensiones a costa de empeorar la equidad personal y entre generaciones y, a pesar de ello, “es incompleta” porque necesitará medidas adicionales en un plazo corto de tiempo --que él calcula ya desde 2025-- que deberán adoptar los futuros Gobiernos. Pero lo que este economista experto en Seguridad Social considera lo “más nocivo” de la reforma es “la utilización de previsiones extraordinariamente optimistas de gasto e ingresos, muy difíciles de cumplir, que han hecho perder un tiempo muy valioso para aplicar de forma progresiva medidas correctoras”.
Con ello, este experto en Seguridad Social se refiere a dos parámetros utilizados por el equipo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para cuadrar las cuentas de su reforma de pensiones y que García califica de “hipótesis (casi deseos) de muy improbable cumplimiento”, algo que también ha sugerido la Airef en su última opinión sobre las cuentas públicas. En concreto, se refiere a la reducción del gasto en pensiones derivada de los incentivos a la jubilación demorada aprobados en la primera parte de la reforma y a la elevada tasa potencial de crecimiento del PIB.
Así, para conseguir una reducción del gasto en pensiones en 1,5 puntos de PIB en 2050 por el aumento previsto de las jubilaciones demoradas debido a los incentivos aprobados, Escrivá habría estimado un cambio de comportamiento de más de la mitad de los futuros pensionistas (del 55% de ellos) que decidirían voluntariamente retrasar su jubilación tres años, accediendo al retiro a los 68 años. También la Airef ha llamado la atención sobre este punto al advertir “que el resultado final de esta reforma depende fundamentalmente de que los trabajadores y empresas modifiquen su comportamiento actual (respecto al momento de jubilarse), por lo que el impacto podría variar entre 0,2 puntos si solo un 10% opta por la demora en la edad de acceso a la jubilación y hasta 1,5 puntos si más del 55% se acoge a la demora de la jubilación”.
Por tanto, el Ministerio habría utilizado en sus cálculos el punto máximo de ahorro dentro del abanico posible. Esta cuantificación dice estar apoyada en el contenido de la memoria de análisis de impacto normativo de la ley 21/2021 (primera fase de la reforma de pensiones) basada en una encuesta realizada por el equipo de Escrivá y que no ha sido enteramente publicada.
El segundo de estos parámetros que genera las dudas de este economista es la tasa anual de crecimiento del PIB del 2% real en promedio durante el periodo 2023-2050 también utilizada por Escrivá para diseñar su reforma y que está muy alejada de la utilizada por la propia Airef en su escenario base del 1,3%, e incluso del 1,6% que este organismo incorpora como avance máximo de la economía española en ese periodo, solo si se realizaran reformas estructurales en el mercado laboral y en materia de migraciones.
Por ello, el optimismo de Escrivá sumando estas dos variables, supone “un riesgo cierto y muy alto de infraestimar la ratio de gasto en pensiones sobre PIB hasta 2050 entre 2,8 y 4 puntos”, lo que arrojaría un mayor esfuerzo de la sociedad con el sistema público de pensiones que el anunciado por Escrivá. La reforma de Escriva, sin embargo, recoge un ratio para este esfuerzo del 15% del PIB en 2050, “lo que genera la impresión de que el Ministerio eligió este nivel de gasto porque le era funcional a su discurso que consiste en que el esfuerzo será muy pequeño y lo pagarán las rentas más altas”, critica García.
Por el contrario, este documento sostiene que “existen motivos sólidos para pensar que este relato no se ajusta a la realidad” y que para sostener el sistema público de pensiones que deja la reforma “se necesitarán muchos más recursos: un mínimo de tres puntos de PIB adicionales al actual déficit (contributivo) de en torno a 1,8 puntos de PIB”. Es más, asegura que con las medidas aprobadas tendrán que pagar estos mayores ingresos todos los trabajadores y no solo los de rentas superiores a los 55.000 euros anuales, como han presentado Escrivá y los sindicatos.
De hecho, García asegura que la prueba de que estos parámetros son de difícil cumplimiento es que “la Comisión Europea no se ha creído las cifras del Ministerio de Inclusión y ha impuesto una cláusula de cierre en caso de menores ingresos o mayor gasto, que se aplicará con toda seguridad en 2025, lo que traslada el problema hacia adelante”. Esto es así, explica, porque aunque la norma permite que el Gobierno de turno a partir de ese año apruebe medidas para aumentar ingresos o reducir el gasto, si no llega a hacerlo, el tipo de cotización aumentará automáticamente. Y, si esto ocurriera --continúa este experto-- un incremento de las cotizaciones sociales de 2,6 puntos porcentuales del PIB, que considera “muy posible”, aumentaría el coste laboral de la empresa en un 20%, lo que repercutiría negativamente en el empleo y los salarios.
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