Gotham logra suspender la demanda de Grifols en Nueva York mientras el tribunal estudia la jurisdicción
El juez afirma que no ocasiona ningún perjuicio la paralización temporal de la fase de intercambio de información para preparar el juicio
Gotham City Research ha logrado su objetivo inmediato: frenar la causa abierta en los tribunales de Nueva York por la demanda que Grifols planteó en enero de 2024. Al menos, durante un tiempo. El juez federal Lewis J. Liman ha aceptado la petición del fondo bajista de suspender el proceso de descubrimiento de pruebas (denominado como discovery), una fase clave para la preparación del juicio, previsto para 2027, mientras se resuelve si el tribunal tiene jurisdicción para el conocimiento del caso.
El magistrado ha adoptado esta decisión ante la posibilidad de que el procedimiento termine siendo cerrado por falta de competencia del tribunal. En un escrito registrado el pasado 19 de octubre, los demandados (Gotham; la compañía vinculada al fondo, General Industrial Partners; y los socios Daniel Yu y Cyrus de Weck) calificaron de “improcedente” y de “carga innecesaria para los recursos del tribunal y de las partes” seguir adelante sin tener claro el futuro del litigio.
Tras conocer también la opinión de la Grifols, que se opuso radicalmente a la paralización del proceso, el juez federal ha resuelto la petición en una semana. En su orden, registrada el 26 de octubre, el juez Liman señala que la compañía de hemoderivados no ha demostrado que la interrupción del discovery durante un breve periodo de tiempo le causa perjuicio alguno. Asimismo, afirma que, sin prezjugar otros factores, la medida cautelar solicitada por los demandados podría quedar sin efecto práctico.
Nueva estrategia
Gotham cambió recientemente de abogados y fichó al despacho Akin Gump Strauss Hauer & Feld, una de las mayores firmas jurídicas internacionales, cuya estrategia de defensa ha comenzado con cuestionar la validez de la causa, que lleva más de dos años en marcha. El pasado 30 de septiembre, los nuevos letrados pusieron en duda que el tribunal federal de Nueva York tuviera competencia para conocer la causa. El escrito iba dirigido tanto al juez federal Lewis J. Liman, que toma las decisiones más importantes del caso, como a su colega Gabriel W. Gorenstein, encargado de resolver los recursos de trámite en este asunto. Unas semanas después solicitaron la suspensión.
En opinión de Grifols, este cambio de posición responde a un intento más de frenar el litigio, después de sufrir varios reveses procesales, como la denegación de otorgarle el escudo legal prevista en la legislación neoyorkina para proteger las fuentes la libertad de expresión de los periodistas (la denominada Shield Law de Nueva York). Los jueces concluyeron que ni Yu ni su socio pueden ser considerados “periodistas profesionales” porque sus ingresos no proceden de la actividad informativa desarrollada con los informes que elaboran sobre las compañías en la que tienen inversiones, como ocurrió con el difundido el 9 de enero de 2024 que hizo que la compañía española se desplomara en Bolsa y que dio origen a la demanda.
Por su parte, los nuevos abogados de Gotham sostienen que la cuestión de jurisdicción se puede plantear en cualquier momento del procedimiento y defienden que el equipo de defensa anterior no advirtió que la demanda se presentó ante un tribunal que no tenía jurisdicción para tramitarla. Entre otros motivos, la farmacéutica argumentó que Yu tenía su domicilio y residencia en Manhattan, aunque puso cautela en esta afirmación al avisar que “según la información de que se dispone y según se cree, utiliza varios alias y cambia de domicilio con frecuencia”. Añadió que la firma de inversión tiene su principal plaza de actividad es la Gran Manzana y que desde ahí se publicó el informe en el que se acusó a Grifols de haber manipulado sus cuentas para ocultar su deuda real y reducir artificialmente su apalancamiento.
Y esto es lo que precisamente rebaten los abogados de Akin Gump Strauss Hauer & Feld, que aseguran que el tribunal federal “no tiene y nunca ha tenido” competencia sobre el caso. Según dicen, aunque Yu es originariamente de Estados Unidos, desde al menos desde 2020 (antes de la presentación de la demanda y de los hechos denunciados), su residencia permanente y principal se localiza fuera del país, sin dar detalle.
“Sin Estado”
A partir de esa circunstancia, la defensa de Gotham puntualiza que, a efectos de las normas sobre diversidad de ciudadanía que permiten a los tribunales federales estadounidenses conocer de determinados litigios entre partes de distinta nacionalidad o ciudadanía, su cliente debería ser calificado como “stateless”, traducido literalmente como “sin Estado”, ya que no es considerado ciudadano estadounidense, ni de un país extranjero. Esta condición, añaden los abogados, se trasladaría también al fondo bajista, ya que Daniel Yu es su único propietario.
El procedimiento, que se inició hace más de dos años, ya había quedado limitado a una de las acusaciones formuladas por la compañía catalana, después de que el juez Liman considerase que es la única que cumple los requisitos para ser considerada difamatoria tras la celebración de un juicio. Se trata de la afirmación realizada por Gotham en su informe acerca de que la cotizada ocultó un préstamo de 95 millones de dólares a Scranton Enterprises (empresa vinculada a la familia Grifols), pese a que la operación sí había sido revelada. Esto provocó que la firma estadounidense tuviera que sacar una segunda versión de su documento.
Una de las principales discrepancias que han enfrentado a Gotham y Grifols durante la tramitación de la causa ha sido la documentación que el bajista debe entregar a la farmacéutica para que arme su acusación. La firma de inversión, que siempre ha aducido que su análisis se ampara en la libertad de expresión, solicitó la protección legal con el objetivo de no dar a la compañía española acceso de sus contactos, información financiera, comunicaciones con periodistas, organismos gubernamentales, registros de operaciones, borradores y de publicaciones, así como los 65.000 documentos entregados al regulador estadounidense (la SEC, securities and Exchange Commission). Tras fracasar esta vía, el bajista lanzó la nueva ofensiva con la impugnación de la jurisdicción que ha hecho que el juez se vea obligado a paralizar la causa hasta nueva orden.