El gran consumo urge al futuro Gobierno a bajar impuestos a alimentos y energía ante el impacto de la inflación
La patronal Aecoc reclama que el nuevo Ejecutivo apruebe Presupuestos cuanto antes
Bajar impuestos a los alimentos y suministros energéticos y aprobar Presupuestos. Esos son los deberes más urgentes que las compañías de gran consumo, desde fabricantes a distribuidores, ponen al Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. El motivo, una acumulación y repunte de la inflación que empieza a dejar “síntomas” de desaceleración en el consumo.
Así lo ha asegurado el presidente de la patronal Aecoc, Ignacio González, en la apertura del congreso anual que celebra la asociación, que aglutina a 35.000 empresas y está entre las de mayor dimensión del país. “Hay espacio para una bajada de impuestos. Visto el incremento de la recaudación, se puede hacer. La situación de los hogares es de presión fiscal, altos precios de la vivienda y también de inflación”, ha dicho González.
Este ha concretado en dos principales rebajas impositivas: la recuperación del IVA reducido o cero en alimentos básicos, medida que el Gobierno puso en marcha en 2022 y prorrogó de manera sucesiva hasta finales de 2024, con el objetivo de amortiguar el repunte inflacionario ligado a la guerra en Ucrania; y una reducción de los impuestos ligados a los suministros energéticos.
Según el último Índice de Precios al Consumo (IPC) relativo a septiembre, la tasa de inflación general mostraba un alza interanual del 4,9%, por el 2,7% del segmento de alimentación y bebidas no alcohólicas. En el mismo mes de 2022, esos porcentajes eran del 8,9% en el índice general, y del 14,4% en el alimentario. González defiende que, pese a que los porcentajes actuales están lejos de aquellos, “una inflación baja no significa que los precios estén bajando. Hay una acumulación de inflación sobre inflación que nos preocupa, y vemos síntomas en el consumo, que todavía no son realidades, que nos preocupan”.
En este sentido, el presidente Aecoc hace referencia a un reciente análisis de mercado publicado por la consultora Circana, que cifra en un 3% el incremento del consumo en septiembre, porcentaje inferior al acumulado de los nueve primeros meses del año, cercano al 4%, y aún más inferior respecto al acumulado de los últimos 12 meses, superior a ese 4%. Además, el índice de comercio al por menor, publicado por el INE, también acumula tres meses en negativo en la comparación interanual. “Cuidado porque los episodios inflacionarios que vienen de fuera acaban impactando en un consumo que parece que va bien, pero no está robusto y no está exento de librarse de estos efectos”, ha dicho González.
“La realidad actual de los hogares es de dificultad, les fríen a impuestos y la vivienda está imposible. Y la macro tiene síntomas preocupantes: demografía, absentismo, falta de productividad, inflación y los altos niveles de deuda”, ha resumido.
Respecto a los precios de la energía, este ha recordado que la composición de los mismos tiene un “fuerte componente de impuestos”, por lo que también reclaman su reducción. “Es un tema nacional, se puede hacer, no falta irse a Europa a reclamarlo”. González ha recordado que la diferencia entre IPC alimentario e IPC general demuestra que las empresas están absorbiendo los incrementos de costes, aunque insiste en que, cuanto más dure la tensión geopolítica que afecta a los precios de la energía, menor capacidad de absorción habrá.
Más inversión en productividad
El representante de las empresas de gran consumo también ha recalcado la necesidad de que el futuro Ejecutivo apruebe unos nuevos presupuestos generales, dado que los últimos aprobados, y posteriormente prorrogados, son los de 2023, y que se acabe con el bloqueo parlamentario. Además, reclama que los mismos incluyan una fuerte inversión en digitalización para las empresas. “Será la única manera de recuperar la brecha de productividad con los países que nos rodean”, ha dicho González.
Rebajas de impuestos e inversión en productividad no son las únicas reclamaciones del sector del gran consumo para el futuro Gobierno. Este también pide medidas para atajar el absentismo, que según sus cálculos provoca 36.000 millones de euros en costes. En este punto, la asociación propone cinco medidas: una mejora de la atención sanitaria para reducir la duración de las bajas; mejorar la calidad de la información entre Seguridad Social, servicios autonómicos de salud y las empresas; ampliar “gradualmente” el rol de las mutuas; modernizar la regulación de la incapacidad, e intensificar el diálogo social.
Entre esas medidas no se incluye ninguna para el lado empresarial, aunque el presidente de Aecoc ha reconocido que el papel de las compañías también es clave para atajar esta cuestión. “Tienen que entender que hay una parte que tiene que ver con la motivación, la política salarial, el ambiente de trabajo... En absoluto nos quitamos de enmedio de la responsabilidad que nos toca. Sería un error”.
Aecoc también reclama que se aligere la carga regulatoria, que considera excesiva y es un foco de “incertidumbre”. Del mismo modo, apunta a dejar de “normalizar” la corrupción. “Traiciona la confianza del ciudadano y frena la inversión exterior, penaliza la atracción del talento y puede hacer peligrar el turismo”.