Entre el bum y el riesgo de burbuja: el futuro de los centros de datos en España
El Gobierno acelera para regular y el sector reconoce la especulación. La lluvia de millones es la única certeza en un ámbito en el que la opacidad deja más preguntas que respuestas
La fábrica electroquímica de Flix (Tarragona, 3.320 habitantes), localidad insignia de la industria catalana del siglo XX, cerró definitivamente sus puertas el último día del año 2022. Pero allí quedaron sus huellas, y no solo en forma de ruinas, también en un pantano que soportó décadas de vertidos de mercurio. Esa página no pasó hasta 2023, cuando terminaron las labores de descontaminación. Este pasado julio, cuando el espacio parecía irremediablemente abocado al abandono, se dio un giro de guion en forma de centro de datos. La tecnológica Submer anunció una lluvia de millones —unos 1.000— para transformar esa planta en una nueva que albergue la infraestructura sin la que la inteligencia artificial no funciona. Estiman que dejará unos 150 empleos. Todos cualificados.
Este tipo de historias se extienden a lo largo de toda España. La consultora inmobiliaria CBRE recoge en un informe reciente que se han anunciado proyectos de centros de datos como para alcanzar una capacidad de 10,5 gigavatios (GW) entre España (85%) y Portugal (15%). O lo que es lo mismo, multiplicar por 18 la capacidad actual y llegar al pico de potencia equivalente, según los cálculos de este periódico, a 10 centrales nucleares tradicionales o 26 millones de placas solares fotovoltaicas de 500 vatios (W) funcionando a pleno rendimiento. Para levantar semejante andamiaje se necesitaría, según los ratios actuales del precio de construcción de estas instalaciones, una inversión de 100.000 millones de euros.
Elliot Zounon, responsable de centros de datos de CBRE en España, matiza esa cifra. “De los proyectos anunciados, pensamos que lo razonable es que se acaben ejecutando en torno a 4,4 GW” (algo menos de la mitad). Un diagnóstico que comparte Merlin Properties, una de las grandes compañías —junto a ACS y Ferrovial— que se están subiendo a la ola de construcción y desarrollo de estas instalaciones tecnológicas. “Es razonable pensar que no toda la capacidad anunciada en el mercado llegará a materializarse en los mismos plazos o en los términos inicialmente previstos”, responde la compañía a preguntas de este diario. A día de hoy, solo 1,2 GW están construidos o en vías de construcción.
¿Puede hablarse entonces de una burbuja en el sector de los centros de datos? Esto respondió la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en marzo de este año en una entrevista con Expansión: “Es el propio sector el que considera que hay una burbuja. Aunque no lo llame así”, porque, dijo, entre los gigavatios requeridos y los permisos de acceso a la red eléctrica, “hay una diferencia sustancial”. El propio Zounon lo rechaza: “No diría burbuja”, responde. “Burbuja es cuando vendes algo que no existe, y aquí hay demanda real”. A Valentín Pinuaga, consejero delegado de Equinix, empresa de colocation de centros de datos, tampoco le gusta la palabra: “Lo que hay es mucha especulación”.
En la junta de accionistas de ACS, celebrada en mayo de este año, un accionista mentó la dichosa palabra en la ronda de preguntas. El consejero delegado, Juan Santamaría, llamó a la calma. ACS, que ha apostado intensamente por esta nueva vía de negocio, está diversificada, dijo. Sí reconoció que habrá empresas que acaben sufriendo más por estar sobreexpuestas al sector en caso de un cambio de tendencias en el mercado tecnológico. A Antonio Hernández, socio del área de sectores regulados y análisis económico de la consultora EY y ex director general de Política Energética y Minas, tampoco le gusta el término. Sí dice que hay muchos proyectos a los que les falta “cara y ojos”. Fuentes del sector aseguran que “es cierto que hay mucha gente que sin estar en este negocio, de datos o de energía, se han metido pensando que va a ser el mayor chollo del mundo”.
La energía es el principal cuello de botella. Red Eléctrica, preguntada por cuántos megavatios solicitados en España corresponden realmente a centros de datos, respondió a este diario que no dispone del desglose por tipo de consumidor. La demanda real de los centros de datos se estima, pero no se contabiliza. Sin embargo, la sobredemanda para el enganche a la red de energía tiene su reflejo en la realidad. En Villanueva de Gállego (Zaragoza), donde Amazon cuenta con la aprobación ambiental del Boletín Oficial de Aragón para seis centros de datos, Red Eléctrica declaró ya en 2024 el nudo como susceptible de concurso de capacidad por saturación.
El precedente más citado es Irlanda, pionera en recibir con los brazos abiertos a las instalaciones de grandes tecnológicas. Allí, los centros de datos, según recoge la Oficina Central de Estadística de Irlanda (CSO), consumieron en 2025 el 23% de toda la electricidad del país. La combinación de consumo de todos los hogares fue del 28%. Es más, a finales de 2021, la Comisión de Regulación de Servicios Públicos (CRU) del país aprobó una moratoria al desarrollo de estos centros por saturación eléctrica.
El informe anual de la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) apunta a que en España hay 439 MW instalados en la actualidad y que el consumo de energía está en torno al 0,8% del total. Pinuaga, de Equinix, no cree que el bum en España acabe en la senda irlandesa. Razona que las moratorias sucedieron allí donde existía un problema de generación. En España, dice, el problema existe, pero es de distribución. “Hemos invertido durante muchos años en generación, pero no nos hemos preocupado de acompasar la inversión de la red de distribución”, explica. De ahí que, como defiende el sector, la red esté ya saturada. Y, por ello, el consejero delegado celebra que el Gobierno haya desbloqueado la inversión para, según estima el Ministerio, alcanzar los 35.000 millones de euros en inversión en red eléctrica hasta finales de la década.
Él mismo, cuenta, ha solicitado acceso a potencia en Madrid para proyectos de “cientos de millones de euros”. Tres veces lo ha solicitado y tres veces se lo han denegado. El motivo: falta terminar la subestación correspondiente.
Además, apunta otra especulación. La de las solicitudes de enganches a la red. La distribuidora, explica Pinuaga, reserva un canuto de potencia a quien lo pide durante cinco años. Pero hay quien lo reserva sin intención de construir nada. “Espera vender ese acceso, con el suelo, a buen precio a quien sí quiera levantar un centro de datos”. Mientras, dice, el conjunto de capacidad disponible está bloqueado.
El Gobierno decidió tomar cartas en el asunto. En marzo de este año aprobó el Real Decreto 7/2026 que introdujo, en el contexto de la guerra en Oriente Próximo, un coste asociado a la reserva del acceso a la red mientras el proyecto no esté activo. En concreto, una fianza que ronda los 160 euros el kilovatio hora en el tramo más alto. Para un proyecto de centro de datos de 50 a 300 megavatios —de los más grandes— la fianza supondría entre 8 y 50 millones de euros. En junio, al comprobar la escasa liberación de la red, endureció los requisitos a través del Real Decreto 18/2026.
El 31 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió una nueva vía buscando el difícil encaje de bolillos entre la especulación y la falta de inversión. Mediante la resolución, que entra en vigor el 1 de septiembre, los centros de datos podrán conectarse a la red sin capacidad firme disponible siempre y cuando acepten reducir su consumo en los momentos de mayor tensión de la red. Las normas gubernamentales dejan pendiente un tercer paso: un decreto de sostenibilidad, que está a la espera de audiencia pública, y que exigirá acreditar el uso de renovables y el consumo de agua. Hernández, de EY, pide que se tengan en cuenta “las especificidades del mercado español” y que se mire a mercados como Texas o Reino Unido, donde a los centros de datos “se les exige contribuir a la flexibilidad de los sistemas eléctricos”.
Más allá de las normativas, hay territorios que se transformarán como lo hicieron con la revolución industrial de principios del siglo pasado. Uno de ellos es Aragón. En el artículo El dilema de la transición digital y verde: ¿Hay espacio para todo? Perspectivas de la década 2025-2035 en Aragón, publicado por la revista científica Energy Policy, se estima que, en el escenario más factible que contemplaba el estudio (3 GW), el consumo eléctrico en la región podría multiplicarse por cuatro de aquí a 2035 solo por los centros de datos ya proyectados. En ese caso, el consumo del suelo —con placas solares y molinos—, ocuparía entre el 5 y el 9% del territorio aragonés.
El agua que consumen los centros de datos también se ha puesto en entredicho. Desde el sector apuntan a que el consumo es prácticamente nulo por los nuevos sistemas de refrigeración mediante un circuito de agua cerrado y hablan de que es un bulo. En marzo del año pasado adelantó EL PAÍS que Amazon había pedido un 48% más de agua del previamente solicitado para los tres centros de datos que están en funcionamiento en Aragón. Esto es, aumentar de 36,4 a 53,9 millones de litros anuales por complejo, el equivalente a lo que consumen unas 1.150 personas al año en España. Jorge Torrubia, el investigador que hizo el estudio mencionado, dice que “el problema es que Aragón es un territorio muy caluroso y esto no se ha tenido suficientemente en cuenta para estas instalaciones”. Pinuaga, en cambio, matiza: “Hay centros de datos que sí consumen agua, pero a medida que vaya pasando el tiempo y los centros antiguos vayan desapareciendo, el consumo de agua será prácticamente residual”.
El mecanismo que ha acelerado este crecimiento del sector tiene nombres propios. En Aragón se llama Proyecto de Interés General De Aragón (PIGA), en Extremadura, PREMIA; y en Castilla-La Mancha, Proyectos de Singular Interés (PSI). Es el instrumento legal usado por los gobiernos autonómicos para reducir la burocracia y que permite incluso modificar la calificación urbanística del suelo para instalar un centro de datos con mayor facilidad. Una investigación conjunta de Investigate Europe, EL PAÍS, The Guardian y Le Monde reveló este abril que Microsoft y Amazon habían presionado en Bruselas para que se extendiera a Europa el modelo de “ventanilla única” de Aragón para los trámites medioambientales.
¿Cuál es el beneficio para la economía española de albergar estos centros de datos? Es la pregunta que cierra la conversación con Pinuaga. El empleo es reducido y muy cualificado, “no son batallones de gente”, reconoce el dirigente de Equinix. Pero es la única forma de sostener un ritmo concreto de vida. “La economía digital ocurre cuando tienes infraestructura que la soporta”. “Puedes ir en burro de Madrid a Barcelona y tardar tres semanas. Con una autopista, tardas seis horas. Con un aeropuerto, una. ¿Podríamos vivir sin centros de datos? Seguro que podríamos vivir, pero tendríamos una vida muy diferente. Una que no tiene nada que ver con la que tenemos hoy”.