Vodafone prepara el relanzamiento de Finetwork en pleno conflicto por la propiedad de la marca
La operadora presenta un segundo plan de reestructuración para la matriz Wewi Mobile con la ayuda de Onivia
Vodafone España prepara el lanzamiento comercial de la marca Finetwork para los próximos días. La operadora de telecomunicaciones, propietaria de la enseña desde finales del año pasado tras adquirirla a su fundador Pascual Pérez, reactivará el uso de la marca para introducir nuevas tarifas y campañas de publicidad, informaron a EL PAÍS/Cinco Días en fuentes conocedoras del proceso. La decisión se ejecuta en mitad del conflicto societario y judicial que mantiene con Wewi Mobile, la compañía que actualmente explota el servicio bajo esa misma denominación comercial.
La operadora busca con esta medida preservar el valor de mercado del activo y evitar que la situación financiera de Wewi Mobile afecte a la marca. Vodafone dispone de la plena titularidad de la enseña tras la aprobación de la transferencia por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas el pasado 6 de abril. Esta adquisición se produjo en el tramo final del año pasado a través de un acuerdo directo con el accionista histórico de la operadora alicantina.
Wewi Mobile se encuentra actualmente en un periodo de transición para dejar de utilizar el nombre comercial. Vodafone notificó a la empresa un plazo de cuatro meses para el cese definitivo de la marca tras la resolución de la Audiencia Provincial de Alicante que devolvió el control de la compañía a sus fundadores. Este plazo comenzó a computar el pasado 10 de junio y finalizará el próximo 10 de octubre, fecha a partir de la cual Wewi Mobile no podrá operar comercialmente bajo la enseña Finetwork.
Segundo plan
Para asegurar la continuidad de la actividad y resolver la situación de la base de clientes, Vodafone España ha presentado un segundo plan de reestructuración mercantil para asumir el control accionarial de Wewi Mobile. La teleco, controlada por el fondo británico Zegona Communications, ha modificado su estrategia inicial tras un primer intento fallido que fue revocado en los tribunales por recurso de los antiguos gestores.
En esta nueva propuesta, la operadora ha sumado el respaldo de otros acreedores comerciales estratégicos del sector de las telecomunicaciones. La dirección liderada por José Miguel García ha alcanzado acuerdos de adhesión con Onivia, el principal operador neutral de fibra mayorista en España, y con la firma de servicios de atención al cliente Be Call. Ambas compañías acumulan un saldo acreedor conjunto superior a los 50 millones de euros con la matriz de Finetwork.
Este volumen de pasivo, sumado al crédito mayorista que mantiene Vodafone por la provisión de las redes de telefonía fija y móvil, otorga a la coalición de acreedores la mayoría requerida por la normativa vigente para instar la capitalización de las obligaciones financieras. El objetivo de este movimiento es convertir la deuda pendiente en acciones de la sociedad deudora, lo que supondría la toma de control de Wewi Mobile por parte de los acreedores.
El plan de reestructuración se fundamenta en un informe de valoración financiera elaborado por la consultora PwC. El documento cifra el valor de Wewi Mobile como empresa en funcionamiento en 75 millones de euros, una cantidad que incluye la totalidad de la deuda acumulada. Sin embargo, al deducir el pasivo exigible por Vodafone y el resto de los acreedores comerciales, la valoración del patrimonio neto de la firma a fecha de 31 de marzo de 2026 se sitúa en un saldo negativo de aproximadamente 134 millones de euros.
El análisis de PwC concluye que la compañía carece de viabilidad financiera en las condiciones operativas actuales. Asimismo, la consultora proyecta para el ejercicio de 2026 un resultado bruto de explotación negativo de 14 millones de euros. El informe advierte que la naturaleza judicializada del crédito que reclama Vodafone introduce un margen de variación técnica en el análisis, reconociendo posibles desviaciones de entre el 15% y el 20% sobre el saldo final debido al carácter contingente de estos pasivos en sede judicial.
La estrategia legal de los acreedores, diseñada por el bufete Uría Menéndez, busca evitar los riesgos de impugnación procesal registrados en el anterior procedimiento. La propuesta se ha presentado mediante el mecanismo de contradicción previa ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante. Esta modalidad permite que los socios discrepantes expongan sus argumentos de oposición antes de que el juzgado dicte una resolución en primera instancia. Bajo este esquema, la decisión judicial resultante será firme y no admitirá recurso de apelación ordinario.
El juez Gustavo Andrés Martín Martín nombró el pasado 16 de junio a la firma FTI & Partners Corporate Recovery Spain como el experto independiente encargado de supervisar el proceso de reestructuración. La designación fue solicitada formalmente el 14 de mayo por Vodafone España y Vodafone Ono, amparándose en que representan más del 50% del pasivo total de la deudora, conforme a la reforma de la Ley Concursal aprobada en 2022.
Los socios fundadores de Wewi Mobile, asesorados legalmente por el despacho Araoz & Rueda, analizan actualmente los términos del plan presentado. El tribunal ha fijado un plazo de adhesión para los socios que vence el próximo miércoles 22 de julio. Si el plan es homologado por el juez y Vodafone recupera el control de la sociedad, la operadora prevé unificar bajo una misma estructura societaria la marca Finetwork, la actividad comercial y la base de clientes actual.
Este procedimiento corporativo coincide con una elevada litigiosidad civil y penal entre ambas organizaciones. Vodafone España ha interpuesto una querella criminal ante el Juzgado de Instancia número 2 de Elda contra los fundadores y anteriores administradores de Wewi Mobile. La acción penal imputa supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa procesal e insolvencia punible, basándose en los resultados de una auditoría forense externa sobre la gestión previa de la compañía. Esta querella se formuló tras una demanda previa presentada por los socios fundadores contra Vodafone y su consejero delegado, José Miguel García. En dicho proceso, los fundadores reclaman una fianza de 300 millones de euros bajo acusaciones de estafa y administración desleal en las negociaciones previas.
A pesar de los procesos judiciales abiertos, fuentes cercanas al consejo de administración de Wewi Mobile señalan que la resolución definitiva del conflicto requerirá previsiblemente de un pacto extrajudicial global. Este acuerdo contemplaría la retirada de todas las acciones penales a cambio de una venta ordenada de las acciones de Wewi Mobile o, en su defecto, la firma de un nuevo contrato de licencia de marca a largo plazo.