Telefónica recurre ante el TSJC el contrato de la Generalitat por el uso de hardware de Huawei
El Govern reactiva la adjudicación de 127 millones de euros a la UTE Sirt-Connecta
Telefónica ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la adjudicación de un contrato de 127 millones de euros de la Generalitat de Cataluña que incorpora de forma mayoritaria equipamiento tecnológico del fabricante chino Huawei, según han confirmado a EL PAÍS/Cinco Días fuentes relacionadas con el proceso. La operadora inició la vía judicial contra la resolución del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de otorgar el proyecto a la unión temporal de empresas (UTE) Sirt-Connecta. La propuesta de la empresa española fue la única que rechazó el hardware de Huawei, optando de forma exclusiva por la tecnología de la finlandesa Nokia.
El Govern de la Generalitat ha reaccionado a la impugnación judicial anunciando la reactivación inmediata del concurso público y la reanudación de los trámites legales para proceder a la firma del contrato con la UTE ganadora. Fuentes del ejecutivo autonómico confirmaron que el proceso administrativo que mantenía paralizada la adjudicación ha decaído. Esta reactivación se produce después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) inadmitiera el último recurso de Telefónica al apreciar una situación de litispendencia, dado que la compañía operadora había acudido simultáneamente a los tribunales ordinarios.
El origen del conflicto se remonta al pasado 31 de octubre, fecha en la que el CTTI adjudicó el acuerdo marco de los servicios corporativos de conectividad a los puntos de servicio de la Generalitat y su sector público. Este proyecto, denominado técnicamente como red XCAT Connecta, incluye la ejecución de todas las obras civiles necesarias para conectar los puntos de servicio de la administración catalana a la red de fibra óptica existente. La candidatura de Sirt-Connecta, formada por las empresas Sistemas Integrales de Redes y Telecomunicaciones y Fibra y Sistemas, se impuso en la fase de valoración a las listas lideradas por Telefónica, Orange y Vodafone.
Telefónica, que concurrió al proceso de licitación mediante una unión temporal de empresas conjunta con Tradia (filial del grupo Cellnex), fundamenta su demanda judicial en una supuesta vulneración de los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia. Según los documentos jurídicos aportados por la operadora, el CTTI incumplió los términos de una resolución administrativa previa al permitir a Sirt subsanar de manera reiterada su documentación. La compañía demandante sostiene que el organismo de la Generalitat otorgó hasta cuatro oportunidades distintas a la empresa competidora para justificar sus criterios de solvencia técnica.
La resolución definitiva del conflicto queda ahora bajo la competencia del TSJC, que deberá determinar si el procedimiento de reevaluación del CTTI cumplió con las garantías legales o si existieron defectos formales en la comprobación de las solvencias de los licitadores. El inicio efectivo de las obras civiles y la migración de las comunicaciones de la Generalitat hacia la nueva infraestructura tecnológica dependerán de si el tribunal adopta medidas cautelares de suspensión en las próximas semanas.
Argumentos del recurso
La idoneidad técnica y económica de Sirt centra las alegaciones jurídicas presentadas por los recurrentes ante el TSJC. Telefónica cuestiona la validez de los trabajos previos que Sirt aportó para acreditar su experiencia en proyectos de similar envergadura, señalando dudas sobre la validez y el cómputo de los importes de los contratos ejecutados para las operadoras Adamo, Deutsche Telekom Iberia y el proyecto público Nus de Comunicacions. Fuentes del sector de las telecomunicaciones señalaron dudas respecto a que una empresa con una facturación declarada de 77 millones de euros pudiera liderar de forma directa un contrato de 127 millones de euros.
La empresa Sirt se defiende en sus alegaciones manifestando que su solvencia técnica debe valorarse en términos de similitud y experiencia en las tecnologías requeridas, y no en una identidad exacta con el objeto del nuevo contrato. La firma tecnológica argumenta que los requerimientos de información emitidos por la mesa de contratación del CTTI constituyeron simples aclaraciones y subsanaciones técnicas permitidas tanto por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) como por los pliegos de condiciones de la propia licitación, sin que ello modificara los términos de su oferta inicial.
La mesa de contratación del CTTI, dirigida por el director gerente del organismo, Demetri Rico, validó de forma positiva los aspectos de solvencia de la empresa catalana y calificó los argumentos presentados por Telefónica como “no sostenibles”. El informe técnico del organismo detalla que Sirt acreditó experiencia previa equivalente mediante un proyecto de despliegue de fibra óptica en zonas rurales para Adamo por valor de 49,6 millones de euros, así como servicios mayoristas que registraron una facturación de 151,5 millones de euros. Los técnicos avalaron también un contrato con Deutsche Telekom por 44,1 millones de euros.
La puntuación final del concurso público otorgó a la propuesta de la UTE Sirt-Connecta una calificación de 97,51 puntos, superando a la alianza de Telefónica y Cellnex, que obtuvo una valoración de 96,22 puntos. La oferta conjunta de MasOrange y Parlem alcanzó los 90,72 puntos, mientras que la candidatura de Vodafone y SEMI se situó en los 88,94 puntos. A pesar de que Telefónica presentó la oferta económica más competitiva del proceso de licitación, la ventaja obtenida por Sirt en el apartado de valoración técnica resultó determinante para la adjudicación definitiva del contrato.
La presencia de hardware de Huawei en tres de las cuatro ofertas participantes ha generado debate político en el Parlament de Cataluña. Grupos parlamentarios como Junts han solicitado explicaciones formales al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre los riesgos asociados al uso de equipamiento del fabricante chino en redes públicas. El Govern indicó que la propuesta ganadora incluye equipos de Huawei igual que las ofertas de Orange y Vodafone, y aclaró que el CTTI no mantiene ningún contrato directo ni ha realizado adjudicaciones directas a la corporación china.
El uso de tecnología de Huawei coincide con el endurecimiento de las recomendaciones de seguridad de la Comisión Europea mediante el denominado EU Toolbox, que insta a los Estados miembros a excluir a proveedores considerados de alto riesgo de sus infraestructuras críticas por razones de seguridad nacional. La Generalitat defiende la legalidad de la adjudicación argumentando que los vetos de la Unión Europea se enfocan de manera específica en las redes móviles de tecnología 5G, por lo que no resultan vinculantes para las redes fijas de fibra óptica como la red XCAT.
Fuentes del gobierno autonómico señalaron que la legislación española en materia de contratación pública impide aplicar vetos genéricos basados en el origen nacional o geográfico de las empresas tecnológicas. Sin embargo, la Comisión Europea prepara un marco legislativo de ciberseguridad que prevé ampliar estas prohibiciones de seguridad a redes fijas, servicios de almacenamiento en la nube y comunicaciones satelitales en un plazo de tres años. La aplicación de este paquete legislativo europeo podría suponer un impacto económico de hasta 21.500 millones de euros para las operadoras del continente.
El despliegue de la red XCAT tiene un carácter estratégico para la Generalitat, ya que está diseñada para conectar un total de 5.419 sedes oficiales y servicios públicos en el territorio catalán. La infraestructura dará soporte a redes sensibles que transportan datos de seguridad y privacidad, incluyendo 120 sedes de fuerzas de seguridad (78 comisarías de los Mossos d’Esquadra), 100 sedes judiciales, 180 parques de bomberos y centros de emergencias, 812 hospitales y 2.381 centros educativos. El plan de la administración prevé sustituir progresivamente los servicios mayoristas que presta Telefónica para alcanzar una independencia operativa total de las operadoras privadas en el año 2031.