¿Apoyo o cese? Así actúan las cotizadas ante una investigación penal como la de Jonathan Andic
La CNMV incluye en su código de buenas prácticas medidas que protejan a la empresa ante un posible daño reputacional. Repsol, Naturgy, BBVA y Solaria no hacen mención alguna a cómo proceder ante un consejero investigado en causas penales
La investigación por la muerte del expresidente y fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024, ha acabado por tener implicaciones en la gobernanza del grupo textil. Este ha intentado mantenerse al margen de la causa judicial abierta desde el inicio de la tragedia, también cuando el nombre de Jonathan Andic, hijo del fallecido y hasta hace poco vicepresidente y consejero de Mango, comenzó a ser señalado por los Mossos d’Esquadra como sospechoso de la muerte de su padre a las pocas semanas del suceso.
Solo la detención y petición de ingreso en prisión provisional de Andic el pasado 19 de mayo, que evitó tras abonar una fianza de un millón de euros, ha provocado movimientos en la cúpula de Mango, aunque a iniciativa del investigado, acusado por la jueza de homicidio.
La compañía informó la pasada semana de que Jonathan Andic había decidido dejar sus funciones en la compañía “temporalmente”. Las mismas se concentraban en su papel como vicepresidente y consejero, tras abandonar sus labores ejecutivas hace un año. Una decisión que contó con el “máximo respeto, comprensión y apoyo” del presidente del grupo, Toni Ruiz, que suscribió de forma unánime el resto del consejo, compuesto ahora por nueve miembros.
Se da la circunstancia de que Mango es una empresa no cotizada y de carácter familiar. Además, el propio Jonathan Andic, además de vicepresidente, es ahora propietario del 95% del grupo junto a sus dos hermanas. Por contra, en las grandes empresas cotizadas, la iniciativa para la continuidad de un consejero ante posibles hechos delictivos no queda en manos del investigado.
La mayoría de las empresas del Ibex-35 cuentan en sus respectivos reglamentos del consejo de administración con un articulado en el que, según cada caso, este puede proceder al cese fulminante de algunos de sus miembros solo por el hecho de estar investigados en una causa penal. Entre ellas está Puig, cuyo presidente, Marc Puig, forma parte del consejo de administración de Mango que ha mostrado su apoyo unánime a Jonathan Andic.
Fórmula mayoritaria
Los reglamentos analizados de los 35 consejos de administración del Ibex utilizan distintas fórmulas para plasmar esta casuística. En la gran mayoría de ellos, se refleja la investigación, antigua imputación, como motivo para que el consejero ponga su cargo a disposición del órgano de gobierno, y este tome una decisión sobre su continuidad. En casos minoritarios, esta situación se incluye como un deber de información por parte del consejero.
En total, son 23 las empresas del Ibex que fijan la línea roja en la investigación por una causa penal para poder cesar al consejero, principalmente por el potencial perjuicio reputacional que puede tener para ellas. Otras cinco hablan de “encausados” o “procesados”, un paso más en las etapas que componen una investigación judicial; solo una, Redeia, habla de “condenado” para decidir un cese, y otras como Repsol, Naturgy, BBVA y Solaria no hacen mención alguna a cómo proceder ante un consejero investigado en causas penales.
Que la mayoría de estas grandes empresas españolas lo incluyan no es casualidad. La CNMV, en la última actualización de su código de buen gobierno para cotizadas de 2020, recomendó que estas “establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir” cuando sus actos, tengan o no que ver con su actividad en estas empresas, puedan perjudicar “al crédito y reputación” de las mismas. En particular, añade la recomendación, “que los obliguen a informar al consejo de administración de cualquier causa penal en la que aparezcan como investigados, así como de sus vicisitudes procesales”. Sociedades como ACS, Acerinox, Bankinter, Inditex, Indra o Telefónica incluyen estas líneas de manera prácticamente textual en sus reglamentos. También la propia Puig, que aunque cotizada, tiene un capital y poder de voto mayoritariamente familiar.
También lo es el mecanismo que se sigue a partir de que el consejero da a conocer su situación, y que es similar a la fórmula recomendada por la CNMV. El consejo debe examinar el caso “tan pronto como sea posible” y decidir, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, “si debe o no adoptar alguna medida, como la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese”. Sea cual sea la decisión final de este, el punto común entre todas estas empresas es que el consejero debe poner su cargo a disposición. Alguna, como Sabadell, es más directa. Esta es la única que habla de un cese directo cuando el consejero sea “procesado”. Otra, como Ferrovial, es más difusa en su redacción. Esta obliga al consejero a comunicar “cualquier información relacionada con las causas penales en las que aparezcan como investigados”, aunque después no desarrolla si el consejo debate o no su continuidad.
Mango, como empresa no cotizada, no tiene publicado el reglamento de su consejo. Su fundador, Isak Andic, reforzó su gobernanza a finales de 2023, ampliándola entonces de cuatro a nueve miembros, con una presencia mayoritaria de independientes. Ahora estos son seis. Además de Marc Puig, tienen tal consideración Manel Adell, ex consejero delegado de Desigual; Jordi Canals, ex director general de IESE; Helena Helmersson, ex consejera delegada de H&M; Jordi Constans, ex consejero delegado de Louis Vuitton; y Jorge Lucaya, fundador de AZ Capital.