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Parlem se abre a negociaciones con Inveready para un plan de recapitalización

El fondo quiere acogerse a la nueva ley concursal para hacerse con el 40% de la operadora catalana pese al precedente fallido de Finetwork

El presidente de Parlem, Ernest Pérez-Mas.PARLEM

Parlem Telecom ha reaccionado oficialmente a la ofensiva de su principal acreedor. En una comunicación remitida a última hora de este lunes, 11 de mayo, al mercado BME Growth donde cotiza, la operadora catalana ha confirmado que se encuentran en curso negociaciones con Inveready y sociedades vinculadas para un posible plan de recapitalización. El comunicado hace alusión a la propuesta trasladada por el fondo para intercambiar la deuda que Parlem mantiene con esta firma, por importe de 17,5 millones de euros, por acciones de la propia compañía. Este movimiento supone un giro en la estrategia de la compañía, que hasta ahora se había centrado en la búsqueda de vías alternativas para evitar la entrada masiva del fondo en su accionariado.

Según el comunicado oficial firmado por su presidente ejecutivo, Ernest Pérez-Mas , el plan propuesto por los denominados “acreedores principales” contempla dos ejes fundamentales: primero, la capitalización de la totalidad de los créditos exigibles mediante un aumento de capital por compensación de créditos; y segundo, la realización de una posible ampliación de capital dineraria. Actualmente, el consejo de administración de Parlem se encuentra valorando esta propuesta, aclarando que, a fecha de hoy, no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo. La intención de la compañía es trabajar activamente para resolver la situación de mutuo acuerdo dentro de los plazos establecidos.

No obstante, la comunicación remitida al mercado en la noche de ayer difícilmente tendrá un efecto positivo inmediato para la compañía. Según fuentes cercanas al proceso, Pérez Mas, presidente y fundador de Parlem y uno de sus principales accionistas a través de Afers Laietans, ha manifestado su negativa a suscribir el acuerdo propuesto por Inveready para la conversión de deuda.

Esta postura se produce a pesar de que el principal accionista del grupo, Global Portfolio Investment —propiedad de la familia Domínguez, vinculada al control de la textil Mayoral—, que de acuerdo con el BME posee un 19,14% del capital de Parlem, sí ha cerrado dicho acuerdo con Inveready. En concreto, la operación contempla la conversión de deuda en acciones a un precio de 0,80 euros por título, junto con una ampliación de capital adicional por valor de 8 millones de euros, también fijada en ese mismo precio.

Esta predisposición al diálogo llega tras una semana de máxima tensión. Inveready, gestora que lidera Josep Maria Echarri y que gestiona más de 2.000 millones de euros, no ha esperado a que las conversaciones fructificaran por la vía amistosa. Paralelamente a la negociación, la firma ha acudido a los juzgados mercantiles de Barcelona para solicitar el nombramiento de la consultora Interpath como experto en reestructuraciones, una herramienta que permite la nueva Ley Concursal para forzar soluciones de viabilidad cuando el balance de una empresa está comprometido, informaron a este diario fuentes conocedoras de la operación.

La oferta sobre la mesa valora la conversión de deuda en acciones a 0,80 euros por título, una cifra que, aunque supone una prima sobre la cotización actual de 0,71 euros, implicaría que Inveready pasara de poseer el 11,5% actual a superar el 40% del capital. Para el equipo directivo de Parlem, este movimiento se percibe como una amenaza directa al control ejecutivo que Pérez-Mas ha ostentado desde la fundación de la operadora. La acción de Parlem ha caído un 75% en lo que va de año.

El fantasma de Vodafone

El leitmotiv de la maniobra de Inveready es claro: replicar el modelo de control que Vodafone intentó aplicar sobre Finetwork. Sin embargo, este espejo es, cuanto menos, empañado. El operador británico logró inicialmente que la justicia le permitiera tomar el control del 90% de Finetwork mediante una capitalización de deuda forzosa. Pero lo que parecía un éxito absoluto terminó en un varapalo judicial: la Audiencia Provincial de Alicante revocó recientemente dicha decisión, devolviendo la gestión al antiguo equipo y cesando a los representantes de Vodafone.

Este precedente sitúa la estrategia de Inveready en un terreno extremadamente pantanoso. Si el fondo decide persistir en la vía judicial para imponer el plan de reestructuración sin un acuerdo total con el consejo de Parlem, se arriesga a que cualquier sentencia favorable inicial sea revertida meses después, generando una inestabilidad operativa y reputacional que podría ser letal para una compañía que ya cotiza en niveles mínimos tras desplomarse un 75% en bolsa en lo que va de año.

Pese a admitir que está negociando con Inveready, la dirección de Parlem no ha abandonado su propio plan de supervivencia. La operadora mantiene activo su programa de desinversión de activos no estratégicos, con el que espera obtener liquidez inmediata este mismo mes de mayo para cubrir los vencimientos de deuda más críticos. Según fuentes del mercado, la venta de una de sus líneas de negocio es inminente y podría dar el oxígeno necesario para negociar con Inveready desde una posición de mayor fortaleza.

La fragilidad actual de Parlem es el resultado directo del fracaso de su fusión con Avatel el pasado mes de marzo. Aquella operación habría inyectado 20 millones de euros en ingresos extra y garantizado el cumplimiento de los compromisos financieros (covenants) de los bonos convertibles firmados en 2021. Sin esa integración, la deuda se ha convertido en una soga que Inveready está dispuesta a apretar.

El comunicado de Parlem al BME abre una ventana a la tregua, pero la desconfianza persiste. Mientras el consejo de administración valora si acepta la dilución que supondría la oferta de Inveready, el mercado observa con cautela. Finalmente, se puede convocar una junta de accionistas en junio donde se dirima si la mayoría de los accionistas aprueba el plan de canje de Inveready. La operadora cerró 2025 con ingresos de 49,7 millones de euros y pérdidas de 4,4 millones, una situación que obliga a cerrar un acuerdo, ya sea amistoso o forzoso, antes de que la caja se agote definitivamente.

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