El consejo de la CNMC destituye al subdirector de Regulación en plena batalla sobre la retribución de las redes
El cese de Ismael Bahillo, a propuesta de la presidenta, Cani Fernandez, se produce en la recta final para aprobar las circulares eléctricas
El consejo de administración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó en su sesión del martes la destitución de Ismael Bahillo como subdirector de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados del organismo, a propuesta de su presidenta, Cani Fernández.
El cese, que ya figuraba en el orden del día remitido a los consejeros el pasado viernes, se produce entre el fin del trámite de las polémicas circulares sobre retribución de las redes eléctricas para los próximos seis años y el comienzo de la elaboración de las correspondientes a las redes de gas natural que tienen que entrar en vigor en octubre de 2026. Y a siete meses de que termine el mandato de Cani Fernández como presidenta de la CNMC.
Fuentes del sector atribuyen el cese de Bahillo, que se hará efectivo el 1 de enero, a las discrepancias internas que ha mantenido sobre las circulares de las redes eléctricas, concretamente, la que fija la tasa de retribución financiera (TRF) de la distribución eléctrica hasta 2031, para la que habría pedido una mejora respecto a la propuesta. No en vano, a su departamento ha correspondido el diseño de dicha tasa. Sin embargo, otras fuentes aseguran que la relación del técnico destituido con su inmediata superior, la directora de Energía, Rocío Prieto, y con la propia presidenta, “no eran muy buenas desde hacía tiempo”. Bahillo había sido subdirector de Regulación y Competencia en la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), uno de los reguladores sectoriales que se fusionó en la CNMC en 2013. Desde entonces ocupaba el actual cargo.
La destitución del subdirector de Regulación ha provocado una gran sorpresa en el sector pues se produce “en la recta final para aprobar las circulares de las redes y a poco más de medio año de la salida de la presidenta” pues “en los últimos meses de mandatos se suele mantener un perfil más bajo”.
Preguntada por esta decisión, la CNMC señala que “el nombramiento y el cese del equipo directivo de la CNMC (directores y subdirectores) corresponde al Pleno. Los directores no tienen ninguna competencia en esta materia”. Y respecto a las circulares del nuevo periodo retributivo, añade que “el Pleno ha respaldado los trabajos realizados por los servicios técnicos de las subdirecciones implicadas y ha validado las propuestas elevadas por la Dirección de Energía”. Sin embargo, el artículo 18.3 de los Estatutos de la CNMC establece que en el nombramiento y cese de los subdirectores el director de Energía “debe ser oído”, en este caso, Rocío Prieto.
Según fuentes próximas a la Comisión, el cese de Bahillo fue respaldado por seis consejeros, tres se opusieron y uno se abstuvo. Dado que la mayoría de los que votaron a favor de la destitución en el Pleno del consejo corresponden a vocales de la Sala de Competencia, las mismas fuentes critican la intervención de esta sala “en los asuntos de la Sala de Regulación”, de la que dependía el técnico.
Durante el mandato de Cani Fernández, han salido del organismo, por uno u otro motivo, una veintena de técnicos sobre un total de 33, incluido el secretario del consejo. Los últimas destituciones han sido la de Teresa Sánchez Armas, subdirectora del sector postal, que lo ha llevado a los tribunales, y es actualmente directora de departamento en la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, y la de Isabel López Gálvez, subdirectora de Clemencia y Carteles, actualmente asesora en la Agencia de Protección de Datos).
En el Consejo de Estado
Las grandes compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, y la patronal Aelec, presentaron el lunes ante el Consejo de Estado las últimas alegaciones sobre la propuesta normativa que había recibido la semana pasada de la CNMC, que debe esperar ahora a que el Consejo de Estado le devuelva el expediente con o sin objeciones. Las circulares deben aprobarse antes del próximo 28 de diciembre para que puedan entrar en vigor el 1 de enero. De lo contrario se prorrogaría la actual retribución, con una TRF del 5,58%, durante seis años.
La TRF propuesta, el 6,58%, es considerada insuficiente por las empresas, que aspiran a un mínimo del 7%. Además, en una segunda circular se establece una nueva metodología de cálculo de la retribución de la distribución, que las afectadas, además de dos consejeros discrepantes, María Jesús Martín y Josep María Salas, y el propio Ministerio para la Transición Ecológica consideran “discriminatoria” respecto a las redes de transporte en alta tensión, pues a partir de ahora se introduce riesgo en las inversiones de la distribución y no así en la de transporte, para la que se ha fijado aquel mismo porcentaje.
Aunque en sus orientaciones de política energética el ministerio que dirige Sara Aagesen considera que las propuestas están alineadas con dicha política, apunta a que es necesario tener en cuenta el distinto perfil de riesgo que van a tener la distribución y el transporte y advierte de que no se incentiven las infraestructuras de gas, pues no son una apuesta de la transición energética.
Las empresas, que han presentado alegaciones por separado, coinciden en argumentar ante el Consejo de Estado que la tasa propuesta por la Comisión es “discriminatoria” respecto a las de las redes de gas y de otros sectores regulados, como el de las teleco, el aeroportuario o el ferroviario, en los que se asume riesgo, esto es, se retribuyen las inversiones en función de la evolución de la demanda. Además, insisten, la TRF de las redes de transporte se sitúa en el mismo nivel que la distribución, cuando estas infraestructuras de Red Eléctrica siguen con el modelo anterior sin riesgo.