Iberdrola mantiene a KPMG un año más como auditor y cambiará a PwC en 2027
La firma de servicios profesionales dirigida por Gonzalo Sánchez realizó el forensic de la eléctrica para el caso Villarejo y la pericial para defenderse de la demanda de ACS
Iberdrola ya ha elegido quién será su nuevo auditor. La oferta presentada por PwC ha sido la seleccionada por el consejo de administración de la eléctrica para auditar las cuentas anuales del grupo durante el periodo entre 2027 y 2029, que podrá ser prorrogado hasta el cumplimiento de 10 años, como permite la Ley de Auditoría. Se trata de uno de los contratos de auditoría más importantes del Ibex 35, que en los últimos años ha estado valorado en unos 31 millones de euros, siendo en 2023 el segundo más caro del selectivo español y en 2024 el tercero.
Mientras tanto, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha renovado a su actual auditor a la también big four KPMG para el ejercicio de 2026. La firma presidida en España por Juanjo Cano fue elegida como auditor de los resultados financieros del año 2017, en sustitución de EY, y desde entonces ha analizado las cuentas de la multinacional. No obstante, debido a que el periodo máximo de 10 años de contratación llega a su fin, Iberdrola sacó el tender (concurso y proceso de selección de las ofertas) en el que finalmente se ha impuesto PwC, según ha informado la compañía eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La designación deberá ser ratificada por la junta de accionistas.
PwC es una vieja conocida de Iberdrola. La firma de servicios profesionales pilotada por Gonzalo Sánchez ha realizado otros trabajos distintos al de auditoría y que ha tenido gran relevancia en el mundo empresarial, incluso judicial. La big four con sede en una de las Cuatro Torres (y vecina de KPMG), en el distrito financiero de Madrid, fue la encargada de realizar el informe forensic (auditoría interna) para defender que no existían irregularidades por parte de su consejo de administración en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo y evitar así su imputación en la macrocausa que investiga los trabajos privados de espionaje del expolicía.
Pese a que Sánchez Galán y su entonces cúpula directiva, y la filial de energía renovables sí que se vieron durante un tiempo implicadas en esta causa judicial, Iberdrola se libró de responsabilidad penal, aunque sí figura como posible responsable civil de los delitos presuntamente cometidos por el que fuera su jefe de seguridad corporativa, Antonio Asenjo, único exdirectivo de la compañía acusado en el caso Villarejo. En esta defensa tuvo un importante papel el entonces jefe de los servicios jurídicos de Iberdrola, el abogado de Estado en excedencia Julián Martínez Simancas, que en 2024 fue fichado como asesor de PwC.
Asimismo, la consultora también ha sido fichada en varias ocasiones para asesorar y certificar que el presidente y consejero delegado cumplen los parámetros que les permite cobrar determinados bonos anuales.
Iberdrola también confió en los servicios de PwC en su lucha con ACS, a la que en 2010 impidió sentarse en el consejo de administración de la eléctrica, pese a tener entonces el 12% del capital social. En el marco de la demanda que la constructora de Florentino Pérez presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, la multinacional pilotada por Sánchez Galán se apoyó en una pericial de la big four para justificar su decisión en que se encontraba ante un grupo competidor. Tanto el juzgado como instancias superiores, entre ellas el Tribunal Supremo, dieron la razón a Iberdrola.