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Ibiza imita a Formentera y limita la entrada de coches para combatir el turismo masivo

Fija un máximo de 20.618 coches entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, de los que 16.000 serán de alquiler

Ibiza se va a convertir a partir del domingo en la segunda isla de Baleares, tras Formentera, que pondrá límites a los vehículos en circulación para tratar de controlar un turismo masivo, que provoca una sobrecarga de la red viaria del 23,6% en los meses centrales del verano. La norma, que ha sido aprobada con el voto de todas las formaciones políticas excepto Vox, establece un cupo máximo de 20.618 coches entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, de los que 16.000 serán de alquiler y el resto serán vehículos particulares de turistas.

La principal diferencia respecto a Formentera, que aplica restricciones desde 2019, es que su plan para controlar el flujo de vehículos no incluye a las motos y obliga a las caravanas y autocaravanas que quieran circular a contar con una reserva previa en un camping. Todos los vehículos afectados pagarán una tasa de un euro al día.

La tercera isla en la lista será Mallorca. El Consell de Mallorca, presidido por el PP, presentará en los próximos días el borrador de la futura ley que regulará la entrada de vehículos y que entrará en vigor en el verano de 2026. Menorca, sin embargo, tendrá que esperar algo más, ya que el gobierno del PP ha encargado un informe para valorar si es necesario establecer restricciones al tráfico de vehículos, pese a que un estudio del Consell de Menorca fija en un 30% el exceso de capacidad de la red viaria y pese a las protestas del colectivo Stop Vehículos Turísticos.

El gobierno de Baleares, liderado por la popular Marga Prohens, aprobó el pasado 11 de abril el decreto de contención turística, que entró en vigor cuatro días después, y que entre otras medidas, propone la prohibición de nuevas plazas de alojamiento turísticos en viviendas plurifamiliares y el aumento de las exigencias de calidad para la renovación de las licencias ya existentes. El decreto contemplaba inicialmente el incremento del Impuesto sobre el Turismo Sostenible hasta los seis euros para los hoteles de cinco estrellas y los apartamentos turísticos de mayor categoría. Finalmente, la presión de Vox, el socio de Gobierno de Prohens, y de los empresarios hoteleros obligó a suspender la entrada en vigor del incremento, con lo que el gravamen máximo sigue fijado en cuatro euros por noche y turista para la temporada alta.

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